Los carros de tracción a sangre

Existen problemas sociales que alcanzan la categoría de crónicos, cuando no encuentran una solución definitiva o, por lo menos, un camino que tienda a lograrla. Los carros de tracción a sangre forman parte del paisaje urbano. De tanto en tanto aparece algún proyecto para hacer desaparecer esta actividad que tiene que ver, entre otras causas, con la desocupación, la marginalidad, el analfabetismo y con la falta de cultura cívica de una buena parte de la ciudadanía que es la que fomenta la labor de los carreros.

En el seno del Concejo Deliberante se está impulsando un proyecto que prescribe la creación del Registro Municipal de la Actividad de la Tracción a Sangre. Este tendría por objetivo la realización de un censo para registrar los carros, los animales y las personas que trabajan con ellos en San Miguel de Tucumán.

En diciembre de 2011, el Concejo había aprobado una iniciativa para que los cartoneros pudieran acceder a créditos sociales para reemplazar sus carros tirados por caballos por motocarros. El proyecto tomaba como ejemplo la experiencia de Medellín y se planteaba que los cartoneros entregaran los animales enfermos al Estado, a ONGs o a particulares, para que estos se ocuparan de recuperarlos y cuidarlos en lugares aptos. En la ciudad colombiana, el gobierno les había provisto de motocarros para que siguiesen trabajando. Al cabo de pocos meses, los trabajadores habían triplicado sus ingresos y los animales que habían sido recibidos por alguna o entidad se habían recuperado por completo.

La iniciativa, aprobada por el Concejo capitalino, proponía también que se efectuara en nuestra ciudad la clasificación de los carreros por actividad, la división por zonas de la ciudad, la generación de cooperativas, así como la articulación con el Ministerio de Desarrollo Social para la obtención de sus vehículos.

La intención de erradicar los carros de tracción a sangre comenzó en 1984, con la promulgación de la ordenanza 374 que prohibió su circulación en una buena parte del ejido municipal. En diciembre de 2007 informamos que alrededor de 600 carros tirados por caballos, de un total de 2.000 que circulaban en el Gran San Miguel de Tucumán, habían ingresado en la legalidad y que sus propietarios podían trabajar sin riesgo de que les secuestraran los vehículos. A tal efecto se pintaba la patente en los costados del vehículo y se registraba al propietario del carro y el caballo.

De esa forma se pretendía, entre otras cosas, detectar a los infractores de la ley que prohíbe arrojar basura en la vía pública. La Policía informó en ese momento que en la provincia había unos 14.000 carros, cifra que equivalía en ese momento al 6% del parque automotor tucumano.

El 29 de abril de 2008, el titular de la División de Delitos Rurales y Ecológicos de la Policía estimaba en unos 5.000 los carros circulantes.

Han transcurrido casi tres décadas desde la ordenanza 374. Como señalamos en otra oportunidad, esta norma, así como otras que la sucedieron, no ha contemplado la educación como un punto de partida fundamental para lograr el objetivo, comenzando por el vecino que le da la basura al ciruja para que este la arroje en el lugar donde le parezca. La educación y un empleo digno le permitirían al carrero poder cambiar su destino social y el de su familia. De ese modo, se estaría pensando en una verdadera inclusión social de estos tucumanos.