Que asegure la vigencia de derechos y garantías

Resulta fundamental entender que un régimen contravencional, si pretende formar parte de una política pública de seguridad, debe serlo en el marco de un sistema de seguridad democrático, en el que se asegure la plena vigencia de derechos, pues el debilitamiento de las garantías constitucionales de las personas no puede ser jamás el eje de una política pública en materia de seguridad. 

Las razones por las cuales la modificación de esta ley es ineludible son numerosas. Entre ellas, porque es inconstitucional e importa responsabilidad internacional del Estado; y porque es una ley de la dictadura lo que explica su arbitrariedad, selectividad y desproporcionalidad.

A raíz del "Caso Nuñez", llevado por Andhes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se sentenció en 2010 que el proceso contravencional vigente en Tucumán es inconstitucional, pues no respeta derechos básicos, como la libertad personal, y garantías propias del debido proceso.

Argentina ya ha sido condenada, a raíz del "Caso Bulacio", por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violación a derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La arbitrariedad, selectividad y desproporcionalidad de la normativa tiene que ver con que: 1) es la misma institución policial la que detiene, investiga, juzga y sanciona; 2) el actual régimen contravencional afecta claramente, en forma discriminada y grave, a sectores y colectivos excluidos; 3) la libertad es el derecho más preciado de un ciudadano, y no puede ser conculcada por la infracción a normas de convivencia.

En ese sentido, la puesta en marcha de Juzgados Contravencionales, ya creados por ley en Tucumán, es de vital importancia. Además un nuevo régimen contravencional debe asegurar la plena vigencia de los derechos y garantías de todas las personas manteniendo la centralidad del principio de no discriminación.