Evaluarán cambios en la ley de contravenciones

Cuando la inseguridad hace explotar alguna bomba que lastima la sensibilidad de los tucumanos, es habitual que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial reciban críticas de diversos sectores. Pero, esta vez, la tercera pata de la tríada estatal intervino en esta delicada cuestión, con el fin de buscar mejoras en los procesos iniciados tras una infracción o delito.

En las últimas semanas, la comisión de Seguridad de la Legislatura llevó adelante diversas reuniones con diferentes sectores. La intención es confeccionar dos proyectos que podrían repercutir drásticamente en el funcionamiento de comisarías y de Tribunales.

Por una parte, planean cambios en el Código Contravencional, una normativa que fue marcada como inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación, y que da poder a la Policía para sancionar una serie de conductas que no están tipificadas como delitos.

Además, los legisladores analizan modificaciones en el Código Procesal Penal de la Provincia (CPPP), que establece los plazos, garantías y etapas -entre otros puntos- que regulan las causas penales en los tribunales tucumanos.

El presidente de la Corte Suprema local, Antonio Estofán, fue uno de los consultados sobre la iniciativa. "Vinieron a informarme, porque querían que la Corte tuviera conocimiento de que estaban trabajando en una ley procesal contravencional; de paso, querían saber si desde nuestra órbita se estaba realizando algo respecto del CPPP", explicó. Luego, añadió que informó a los parlamentarios sobre una serie de conferencias realizadas por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Luis de Mitri. "Se buscó tomar conocimiento sobre reformas procesales realizadas en otras partes del país, teniendo como objetivo lograr una reforma importante a nuestra ley Procesal Penal a fin de mejorar el procedimiento", añadió Estofán. Y, ante una consulta de este diario, opinó que ambas normativas "merecen ser actualizadas".

Ideas y propuestas

La comisión de Seguridad está integrada por los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse,

José Teri, Marcelo Caponio, Silvia Elías de Pérez, Gregorio García Biagosch, Fernando Juri

y José León. Hasta ahora, los proyectos están en una primera etapa, y la intención de los parlamentarios es escuchar ideas y propuestas de otros sectores.

"La Ley de Contravenciones que rige actualmente fue declarada inconstitucional en 2010; debe ser derogada, pero para que la pongamos en su lugar, debemos generar otra que se adecue a los estándares que dicta la Carta Magna", explicó Vargas Aignasse, presidente de la comisión. En ese sentido, detalló que uno de los puntos cuestionados es la potestad del jefe de Policía de dictar sanciones a las personas que arresta la propia fuerza de seguridad. "Eso va a ser modificado. Tenemos que avanzar con los Juzgados Contravencionales. Además, se debe avanzar en una reforma donde la tipicidad esté más clara y exista un margen de discreción mucho menos amplio", adelantó. El alperovichista también dio detalles sobre los análisis al CPPP vigente. "Hoy, como está planteado, no responde a las necesidades que la sociedad reclama. Es burocrático, lento y, en cierto modo, fuera de tiempo", destacó.

Apuntó que se tomará la oralidad del proceso como paradigma, sobre todo en cuanto a los incidentes de prisión preventiva. "Cuando el expediente llega al debate, en muchos casos ya pasaron varios años. Hoy tenemos un sistema que oscila entre inquisitivo y acusatorio; pero, por ejemplo, si instauramos una audiencia oral para definir las prisiones preventivas, se puede avanzar mucho", destacó.

Por último, Vargas Aignasse aclaró que todos estos temas serán debatidos en foros, y que se harán consultas con magistrados, universidades y expertos. "Es mucha la gente que debe opinar y puede aportar. Pero nosotros somos los que debemos trabajar porque es una ley y le corresponde tener su centro en la Legislatura", indicó.