Depende de una decisión política

Depende de una decisión política

Carlos Caramuti, camarista, docente de la UNT.

16 Abril 2012

Considero que las reformas son necesarias. En algún aspecto, pueden requerir modificaciones legislativas; sin embargo, dependen de decisiones de índole política para ponerlas en práctica. Por ejemplo, los juzgados contravencionales están creados por ley, pero nunca se han instrumentado. Eso es algo que urge hacer, porque la materia contravencional es sancionatoria; tiene naturaleza al menos parcialmente penal, y debe estar rodeada de todas las garantías que caracterizan a este proceso. La aplicación de sanciones, entonces, tiene que ser impartida por jueces, no por un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, como es la Policía. Además, deben estar presentes las garantías, como el derecho a defensa; esto es algo que señaló la Corte de la Nación cuando marcó la inconstitucionalidad de este régimen en nuestra Provincia. 


Es importante aclarar que todo esto puede realizarse, operativamente, aplicando la Constitución, aún sin reformas legislativas; pero es mucho mejor, por supuesto, que exista un Código Contravencional que prevea el procedimiento y las garantías constitucionales.

Respecto a la oralidad en la etapa de la investigación, especialmente en el aspecto de la preventiva, esta es la tendencia actual, y tiene que ver con un proceso respetuoso de las garantías, que acata el proceso acusatorio. También una reforma legislativa sería útil; sin embargo, como en el caso anterior, se puede aplicar haciendo operativos los pactos internacionales. A veces esperamos la formalidad de una ley, cuando toda la interpretación del sistema normativo tiene que hacerse respetando el orden jerárquico, contemplando los pactos internacionales. Sería importante que se instaure este sistema, que es mucho más rápido, entre otras ventajas.

Sería útil que se actualicen esas normativas. Si bien nuestro Código Procesal tuvo un avance muy importante cuando se implementaron la investigación penal preparatoria a cargo del fiscal y el juicio oral y público, ya han pasado unos 20 años de su entrada en vigencia.

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