30 Marzo 2012
Luego de finalizada la guerra, la DAIA comenzó a sondear la posibilidad de instituir la presencia formal de los rabinos en las Fuerzas Armadas. Esta iniciativa fue encarada por el operador político de la entidad, Bernardo Fain, a instancias de una de sus vocales, Berta Segalis.
Entonces solicitó una entrevista con el obispo castrense, monseñor José Miguel Medina, para plantearle la idea y conocer su opinión al respecto. En seguida, el religioso aceptó recibirlos en la sede del Obispado, en Buenos Aires, donde el funcionario le planteó su idea de establecer una capellanía judía, y le consultó sobre qué posibilidades veía de que esto pudiera concretarse.
Medina se comprometió a pensar sobre el tema y a realizar otro encuentro, que se llevó a cabo unas semanas más tarde. Allí los asesoró sobre cómo debían proceder con este pedido, pero los sorprendió con sus confesiones.
"Nos explicó que lo había estudiado y que, con toda seguridad, lo consultaría, y nos daba su palabra de que iba a aprobarlo como religioso - señala Fain-. Pero nos advirtió: 'hay muchos generales que no los quieren a ustedes, de manera que lo que tienen que hacer es iniciar un trámite en el Ministerio de Defensa para institucionalizar al capellán judío. Eso va a tener su curso administrativo'".
Sin embargo, cuando plantearon los avances de la gestión ante los directivos de la DAIA se sorprendieron con la respuesta que recibieron: debían dejar de lado el tema. La institución no quería quedar "pegada" a las Fuerzas Armadas, que estaban en franca retirada y con una mala imagen ante la opinión pública nacional e internacional.
Así, el tema quedó archivado hasta que el rabino Ángel Kreiman, sin saber nada de esto, le propuso al presidente del Seminario Rabínico Latinoamericano, Mario Ringler, comenzar las gestiones para proponer la creación de un Rabinato Castrense a principios de diciembre de 1993.
Le comunicaron la iniciativa al canciller Guido Di Tella, quien derivó el caso al secretario de Culto, Ángel Centeno. Este se puso en contacto, en seguida, con el subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de Defensa, Roberto Ahumada. Entre ellos canalizaron el tema.
La propuesta fue bien recibida, por lo que se la elevaron al jefe del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Mario Cándido Díaz, para que consultara a las tres Fuerzas si tenían algún comentario que hacer al respecto. Sus respuestas no constan en ninguno de los archivos militares ni en los de ambos ministerios, aunque habrían sido favorables, por lo que el trámite siguió adelante.
Sin embargo, hubo dos hechos que frenaron definitivamente la iniciativa. La primera fue el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, en el que falleció Julia Susana Wolynski de Kreiman, esposa del rabino que estaba llevando adelante la gestión.
El dolor fue tan grande para el religioso que abandonó todas sus funciones en Buenos Aires y se mudó a Santiago de Chile. Nadie continuó con su tarea sobre la implementación del Rabinato Castrense.
El otro fue el caso del soldado Carrasco, ya que las repercusiones que alcanzó en la opinión pública el asesinato hicieron que el presidente Carlos Menem firmara el decreto 1.537, el 31 de agosto de 1994, con el que puso fin al Servicio Militar Obligatorio.
De esta forma, la presencia de judíos en las Fuerzas Armadas quedó reducida a un puñado de civiles diseminados en las diferentes unidades del país, por lo que ya no se justificaba contar con rabinos prestándoles asistencia espiritual.
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