28 Enero 2012 Seguir en 
MADRID.- Las presuntas víctimas del robo y tráfico de bebés iniciados durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco exigieron ayer que la Fiscalía General del Estado español investigue ampliamente esa práctica, en la que ya se denunciaron más de 1.400 casos en el último año.
Tres organizaciones de defensa de las familias de menores robados entregaron una petición con casi 90.000 firmas, reclamando que cese el archivo de las denuncias y se reabran los casos cerrados sobre la sustracción de recién nacidos en maternidades de toda España. "Las instituciones siguen permitiendo que se produzca el archivo masivo de nuestras presentaciones, en muchos de los casos, sin una investigación exhaustiva", afirmó Soledad Luque Delgado.
La dirigente reclamó que se permita a las familias afectadas tener el consuelo de conocer la verdad. "Sabemos que nadie nos devolverá el tiempo, ni la parte del alma que hemos perdido. Nadie puede compensar a unos padres que no han visto crecer a sus hijos, ni a los que no hemos podido compartir la vida con un hermano, ni a los que han basado su existencia en una falsa identidad, en una mentira", dijo.
Anadir, una de las tres organizaciones involucradas en el tema, considera que hasta 300.000 bebés podrían haber sido robados hasta finales de los años 80. Por un decreto de 1940, el Estado español podía quitar la custodia a las familias si consideraba que la "educación moral" de los niños estaba amenazada, lo que alcanzaba a los hijos de militantes republicanas encarceladas, que eran dados a grupos católicas o ilegalmente adoptados. (AFP)
Tres organizaciones de defensa de las familias de menores robados entregaron una petición con casi 90.000 firmas, reclamando que cese el archivo de las denuncias y se reabran los casos cerrados sobre la sustracción de recién nacidos en maternidades de toda España. "Las instituciones siguen permitiendo que se produzca el archivo masivo de nuestras presentaciones, en muchos de los casos, sin una investigación exhaustiva", afirmó Soledad Luque Delgado.
La dirigente reclamó que se permita a las familias afectadas tener el consuelo de conocer la verdad. "Sabemos que nadie nos devolverá el tiempo, ni la parte del alma que hemos perdido. Nadie puede compensar a unos padres que no han visto crecer a sus hijos, ni a los que no hemos podido compartir la vida con un hermano, ni a los que han basado su existencia en una falsa identidad, en una mentira", dijo.
Anadir, una de las tres organizaciones involucradas en el tema, considera que hasta 300.000 bebés podrían haber sido robados hasta finales de los años 80. Por un decreto de 1940, el Estado español podía quitar la custodia a las familias si consideraba que la "educación moral" de los niños estaba amenazada, lo que alcanzaba a los hijos de militantes republicanas encarceladas, que eran dados a grupos católicas o ilegalmente adoptados. (AFP)







