BUENOS AIRES.- Las versiones indican que invirtieron, o que están buscando invertir, en tierras para desarrollar proyectos agropecuarios, para buscar petróleo, para quedarse con supuestos reservorios de agua dulce del subsuelo argentino, o para desarrollar proyectos mineros. Lo cierto es que la mayoría de ellos son millonarios y que, con seguridad, los moviliza un claro interés lucrativo.

Se trata de empresarios extranjeros, millonarios, hombres de negocios y hasta magnates árabes, que tienen como objetivo controlar el uso y el tránsito por inmensos campos de suelo argentino. En un informe de "perfil.com", se mencionan los nombres de algunos de esos inversores.

El primero en la lista es Luciano Benetton, dueño de la famosa multinacional de la ropa: posee un millón de hectáreas en la Patagonia. Lo sigue el ecologista y multimillonario estadounidense Douglas Tomkins, con 350.000 ha en Corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego.

El magnate financista británico Joe Lewis viene a continuación con 18.000 ha en Río Negro, mientras que Ted Turner,el dueño del multimedios global, tiene 5.000 ha en Neuquén y Tierra del Fuego.

No obstante, multinacionales chinas y árabes también comenzaron a pisar fuerte en la tierra argentina. La firma china Heliongjiang explotará 330.000 ha en los Valles Medio e Inferior de Río Negro para producción de alimentos, mientras que capitales de Arabia Saudita, la meca del petróleo, se aseguraron la explotación de 30.000 ha (con opción a 200.000 ha) en el "El Impenetrable", Chaco, también para exportar alimentos.

La publicación viene a colación porque en el Congreso, más precisamente, en la Cámara de Diputados, hoy podría llegar al recinto una normativa que golpeará la fortuna de los magnates que compraron tierras en el sur argentino.

Se trata del proyecto de ley titulado "Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales", que fue un pedido urgente que lanzó la presidenta, Cristina Fernández, después de las primarias.

La iniciativa busca limitar al 20% el control de las tierras a extranjeros y prevé la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales. (Especial)