La inclusión temprana de los niños y niñas dentro del mundo laboral es nociva en tanto impide el disfrute de muchos otros derechos (Derecho a la educación, a la recreación y al desarrollo pleno, provocando daños físicos y psicológicos que persisten durante toda la vida). La reproducción de estos circuitos de restricción de derechos implica el sostenimiento -y garantía de refuerzo a futuro- de la estructura de desigualdad social. Por ello, una política de desarrollo con inclusión social, debe plantearse como tarea prioritaria la erradicación del trabajo infantil.

Avances progresivos

Acorde al cambio de paradigma en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, la normativa argentina en materia de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente deja ver avances progresivos. Leyes Nacionales como la 26.061 (de 2005) y la 26.390 (de 2008) se articulan con la normativa internacional ratificada por nuestro país como la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y Convenios de la OIT en relación al trabajo infantil (Nº 138 y 182).

Sensibilización

No obstante ello, máxime en un país federal como el nuestro, los avances plasmados en la letra de la ley sólo pueden ser evaluados en relación al accionar y compromiso institucional local (provincial) en relación a la temática, evidenciable en acciones articuladas de los organismos creados a tales fines y las dependencias estatales responsables de elaborar verdaderas políticas públicas activas no sólo de inspección y multas, sino de sensibilización y prevención, que resulten en compromisos locales tanto del sector educativo, empresarial, las asociaciones sindicales y confederaciones agrarias, como de la sociedad toda en la denuncia de este flagelo.