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ampliar | EN SUS MANOS. En un principio, Carrizo había girado la denuncia a Sale. LA GACETA / ANALIA JARAMILLO

Finalmente, la fiscala penal de la IX Nominación, María de las Mercedes Carrizo, deberá entender en la denuncia para que se investigue un convenio por $ 800.000 entre el Siprosa y la Fundación Salud (Funsal).

A 25 días de formulada la presentación penal, el fiscal de la Cámara Penal, Daniel Marranzino, resolvió que Carrizo debía asumir la instrucción del expediente. Como se recordará, el 19 de febrero, un día después de que LA GACETA diera a conocer que el Tribunal de Cuentas (TC) había rechazado un pago autorizado por el ministro de Salud, Pablo Yedlin, a Funsal, los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR) requirieron la actuación judicial.

En una primera instancia, el ministro fiscal, Luis de Mitri, giró la denuncia a la fiscalía de turno, por lo que el expediente recayó en manos de la fiscala Carrizo. Sin embargo, esta la remitió al fiscal de la IV Nominación, Carlos Sale. La semana pasada, el fiscal se inhibió de actuar y elevó la denuncia a la fiscalía de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. En su resolución, Sale dejó en claro su discrepancia con los conceptos de Carrizo y habló de un "conflicto de actuación". Esto, en alusión a que la fiscala Carrizo había interpretado que correspondía la intervención de Sale porque él se encontraba de turno cuando se iniciaron los cursos dictados por Funsal, el 12 de mayo de 2009.

Finalmente, el fiscal de la Cámara Penal aconsejó que el expediente volviera a manos de la fiscalía que se encontraba de turno al momento de presentada la denuncia penal.

Las objeciones

A partir de que el expediente vuelva a sus manos, Carrizo tendrá que indagar sobre el escándalo desatado en el Ministerio de Salud a mediados de febrero.

Puntualmente, mediante el Acuerdo Nº 188, el Tribunal de Cuentas objetó la resolución de pago firmada por Yedlin, al encontrar severas irregularidades en el convenio con la Fundación Salud. Por ejemplo, que el documento carecía de un listado con los nombres de los profesores que dictaron un curso sobre endodoncia y que, en la nómina, los nombres de los estudiantes no presentaban número de DNI ni constancia de la Dirección de Personal que certifique su pertenencia al Siprosa.

Además, LA GACETA dio cuenta de que la sede social inscripta por Funsal es un departamento céntrico, cuya línea telefónica figura a nombre de Raúl Penna, un ex funcionario provincial y actual colaborador del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur.