15 Marzo 2010 Seguir en 
Los roces entre el presidente de la comisión de Hacienda de la Legislatura, José Alberto Cúneo Vergés, y el ministro de Economía, Jorge Jiménez, repercutirán en la próxima sesión de Cámara, comprometida por el oficialismo para el martes 23.
La decisión de volver a abrir el recinto fue tomada a partir de numerosos reclamos de legisladores oficialistas, que quieren debatir proyectos con su firma de larga data y que nunca integraron un orden del día. En ese contexto, hay un planteo insistente dentro de la bancada Tucumán Crece de que se aborden otras iniciativas aparte de las que eleve el Poder Ejecutivo.
El pedido se relaciona, además, con la posibilidad de dar respuesta a reclamos que distintos sectores sociales hacen a los punteros políticos de cada zona. La atención de esas necesidades es considerada crucial para contener a los electores, en especial cuando falta poco más de un año para la renovación de mandatos.
En duda
Sin embargo, la realización de la sesión depende, en buena medida, de que se llegue a algún consenso entre Cúneo Vergés y Jiménez respecto de la exención del cobro del Impuesto a los Sellos para toda operatoria financiera y de seguros institucionalizada, destinada a los sectores agropecuarios, industrial, minero y de la construcción.
A criterio de la Casa de Gobierno, se debe dictar una nueva norma específica para restablecer el beneficio fiscal, ya que la Ley 6.512 dejó de tener vigencia tras sancionarse el Digesto Jurídico de la Provincia. El legislador oficialista, en cambio, negó que lo resuelto haya tenido ese alcance, y aclaró, en una reunión que mantuvo con el director de Rentas, Pablo Clavarino, que la declaración de caducidad de la ley no perjudica a ningún contribuyente. Por el contrario, a criterio de Cúneo Vergés, la eximición sigue rigiendo.
De este modo, defendió lo actuado en el Digesto (trabajo que él condujo) ya que consideró que no innovó en el ordenamiento jurídico, no sancionó nuevas reglas ni modificó el significado de las existentes. En el tema específico de Sellos, lo decidido significó reconocer que la ley había cumplido su objetivo. La norma alcanza particularmente a las empresas contratistas del Estado en obras públicas que realizan operaciones con la Caja Popular de Ahorros.
Para zanjar las diferencias que subsisten, la comisión de Hacienda analizará durante esta semana la posibilidad de incorporar en forma expresa ese beneficio en el Código Tributario. De hecho, en la última sesión de la Legislatura (la primera ordinaria del año) concretada el jueves, el oficialismo evitó llevar este tema al recinto para que no afloraran las diferencias de criterio. Finalmente, en la sesión sí se autorizó al PE a emitir títulos públicos por U$S 100 millones.
La decisión de volver a abrir el recinto fue tomada a partir de numerosos reclamos de legisladores oficialistas, que quieren debatir proyectos con su firma de larga data y que nunca integraron un orden del día. En ese contexto, hay un planteo insistente dentro de la bancada Tucumán Crece de que se aborden otras iniciativas aparte de las que eleve el Poder Ejecutivo.
El pedido se relaciona, además, con la posibilidad de dar respuesta a reclamos que distintos sectores sociales hacen a los punteros políticos de cada zona. La atención de esas necesidades es considerada crucial para contener a los electores, en especial cuando falta poco más de un año para la renovación de mandatos.
En duda
Sin embargo, la realización de la sesión depende, en buena medida, de que se llegue a algún consenso entre Cúneo Vergés y Jiménez respecto de la exención del cobro del Impuesto a los Sellos para toda operatoria financiera y de seguros institucionalizada, destinada a los sectores agropecuarios, industrial, minero y de la construcción.
A criterio de la Casa de Gobierno, se debe dictar una nueva norma específica para restablecer el beneficio fiscal, ya que la Ley 6.512 dejó de tener vigencia tras sancionarse el Digesto Jurídico de la Provincia. El legislador oficialista, en cambio, negó que lo resuelto haya tenido ese alcance, y aclaró, en una reunión que mantuvo con el director de Rentas, Pablo Clavarino, que la declaración de caducidad de la ley no perjudica a ningún contribuyente. Por el contrario, a criterio de Cúneo Vergés, la eximición sigue rigiendo.
De este modo, defendió lo actuado en el Digesto (trabajo que él condujo) ya que consideró que no innovó en el ordenamiento jurídico, no sancionó nuevas reglas ni modificó el significado de las existentes. En el tema específico de Sellos, lo decidido significó reconocer que la ley había cumplido su objetivo. La norma alcanza particularmente a las empresas contratistas del Estado en obras públicas que realizan operaciones con la Caja Popular de Ahorros.
Para zanjar las diferencias que subsisten, la comisión de Hacienda analizará durante esta semana la posibilidad de incorporar en forma expresa ese beneficio en el Código Tributario. De hecho, en la última sesión de la Legislatura (la primera ordinaria del año) concretada el jueves, el oficialismo evitó llevar este tema al recinto para que no afloraran las diferencias de criterio. Finalmente, en la sesión sí se autorizó al PE a emitir títulos públicos por U$S 100 millones.







