Por Fernando Stanich
20 Febrero 2010
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Hay códigos que se van perdiendo. Jugar a la "bolilla" en la placita del barrio era religioso. Durante el desafío, que podía extenderse hasta la hora del almuerzo o del llamado de un padre para bañarse, se respetaban reglas que ni siquiera hacía falta escribir en papel. Una de ellas, por ejemplo, sostenía que las bolillas que uno llevaba eran de uno. Las perdía o las ganaba durante el juego, pero nadie tocaba las del contrincante. Nadie hacía trampa. Jugar a la "escondida" también tenía su digesto: el que no cerraba los ojos mientras contaba hasta 51 era un tramposo; y condenado a contar nuevamente o directamente expulsado del juego por su inconducta. En consecuencia, si alguien hacía "piedra por todos mis compas", el perdedor acataba el veredicto y se cruzaba de brazos con la cara contra la pared. Lamentablemente, ciertas conductas se fueron perdiendo. Incluso, aquellas que ni siquiera estaban escritas.
Tucumán no tiene una ley de ética pública. Es decir, no tiene un listado específico de acciones vedadas para los funcionarios. En otro tiempo, quizá, no hubiese sido necesario plantear este vacío. Pero el problema es, justamente, que el límite entre lo que se debe hacer y lo que no es cada vez más difuso. Porque muchos de los que administran la cosa pública se olvidaron de la costumbre de respetar lo que saben que deben respetar. Hace dos semanas, cuando LA GACETA publicó un informe advirtiendo sobre la falta de una ley de ética en la función pública, la respuesta oficial fue, más o menos, que existía un estatuto para los empleados del Estado que servía de guía para los funcionarios políticos. El mensaje, cuanto menos, es confuso.
Días después, el destino le jugó una mala pasada al oficialismo. El Tribunal de Cuentas acaba de decirle al ministro de Salud, Pablo Yedlin, que contrató una fundación para que dicte cursos de capacitación pero que esa fundación no existía cuando lo hizo. Palabras más, palabras menos, el funcionario reconoció el error y agradeció al ente de control "por haber parado esto".
A confesión de parte...
Varias aristas se abren de su razonamiento. Primero, cuando antes un vecino invitaba a jugar a otro le preguntaba de antemano si tenía bolillas. Y si no las tenía, esperaba hasta que las trajera de su casa para empezar a jugar. Si la prolijidad es la madre de la buena convivencia, por qué no esperar tres meses más (es el lapso entre el inicio del curso y la inscripción de la fundación para facturar) para que todo quede absolutamente claro. No se hablaba de mortalidad infantil, apenas de una muela de menos o de una muela de más.
Segundo, quién si no él debía parar todo este menjunje administrativo cuando se percató de los problemas de papelerío, antes de autorizar el pago. La explicación de Yedlin a este diario excede lo sorprendente: "claro, la fundación, como tenía un tema impositivo con los pagos; arman otra fundación. Ellos, el doctor Silva, que es el presidente de la fundación norteamericana, arman una fundación en Tucumán, y la hacen este año. Es como que el comienzo de la fundación es posterior al inicio del curso. En realidad el curso venía de antes, y eso está mal. Está mal hecho". Sus palabras dan lugar a muchas interpretaciones, pero una es segura: en el Ministerio eran conscientes de "los errores de forma", como él optó por llamar este desbarajuste. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Bien separados
En el barrio, lo que era de uno era de uno; y lo que era del otro era del otro. Para quienes administran la cosa pública, es mandato de ley tener BIEN (sí, con mayúsculas) diferenciado lo que es privado y lo que es de todos. La conjetura de Yedlin sobre por qué la fundación contratada fijó sede social en un departamento cuyo teléfono figura en la guía a nombre de alguien de su entorno roza la torpeza. A LA GACETA, dijo que como el doctor Raúl Penna -ex funcionario provincial y actual miembro del gabinete nacional del ministro Juan Manzur- era amigo del presidente de la fundación, pudo haberle facilitado las cosas para que registrara allí la fundación. De esa forma, se daba rápidamente cumplimiento a uno de los pasos elementales para la constitución de toda entidad.
Con una ley de ética pública, seguramente, lo correcto hubiese tenido más armas para pelearle al apuro.
Sin entrar a juzgar la capacidad, la trayectoria o la honorabilidad del presidente de la fundación contratada, ¿no era más fácil buscar apoyo en los especialistas que tiene la Universidad Nacional de Tucumán? No se trata de decir que el servicio prestado no valga $ 8.000 por alumno. Sino simplemente que, frente a un sistema educativo público desfinanciado desde hace décadas, a nadie mejor que a la Facultad de Odontología le vendrían bien esos $ 800.000. Incluso, el Estado hasta podría haber ahorrado para otra capacitación del personal: el curso de posgrado más caro -y de complejidad- que dictan profesionales de esa facultad es de $ 5.000 por inscripto. Uno sobre endodoncia, dictado por tucumanos, no cuesta más de $ 1.500 por alumno. En el barrio, también un valor a destacar era la solidaridad. Y el sentido común.
Eso no se hace
Cuando en un juego un niño demandaba a otro ante sus padres era mal visto. Los amigos se cuidaban la espalda en las buenas y en las malas. Hasta eso parece estar perdiéndose.
En Casa de Gobierno, lejos de causar estupor, el escándalo administrativo en el Ministerio de Salud despertó una sonrisa. Las burlas al rostro de preocupación del ministro Yedlin fueron la comidilla en varios despachos del primer piso. Es que tampoco hay sentido de equipo, como antes en un grupo de amigos de la misma cuadra. Los codazos entre funcionarios alperovichistas no son nuevos, sólo que algunos se preocuparon esta semana por marcar antes el teléfono para contar la "buena nueva" al gobernador. De paso, en su lucha por ganar espacios para 2011, le sacaron una cabeza a Manzur, que debió dar explicaciones durante casi 24 horas por el desdén de su discípulo ante Alperovich. Dicen que lo siguió hasta la escalerilla del avión.
Despertador, por favor
Tampoco de chicos era bien visto dormir de más. Un niño era despertado por su madre o por sus amigos, que lo buscaban para salir a jugar. Por favor, que alguien se tome el trabajo de hacer lo propio con los dirigentes de la oposición.
La semana pasó sin que ninguno de ellos abriera la boca. Ni siquiera, para pedir explicaciones formales del ministro Yedlin ante la Legislatura. Es como en la infancia: lo que no se hace a su debido tiempo después no se puede recuperar. De lo contrario, se corre el riesgo de que en coro le canten "cincuenta y uno y uno más", mientras algún "amigo" le sigue haciendo "piedra libre por todos mis compas".
En este caso, sí que no hace falta escribir una ley.
Tucumán no tiene una ley de ética pública. Es decir, no tiene un listado específico de acciones vedadas para los funcionarios. En otro tiempo, quizá, no hubiese sido necesario plantear este vacío. Pero el problema es, justamente, que el límite entre lo que se debe hacer y lo que no es cada vez más difuso. Porque muchos de los que administran la cosa pública se olvidaron de la costumbre de respetar lo que saben que deben respetar. Hace dos semanas, cuando LA GACETA publicó un informe advirtiendo sobre la falta de una ley de ética en la función pública, la respuesta oficial fue, más o menos, que existía un estatuto para los empleados del Estado que servía de guía para los funcionarios políticos. El mensaje, cuanto menos, es confuso.
Días después, el destino le jugó una mala pasada al oficialismo. El Tribunal de Cuentas acaba de decirle al ministro de Salud, Pablo Yedlin, que contrató una fundación para que dicte cursos de capacitación pero que esa fundación no existía cuando lo hizo. Palabras más, palabras menos, el funcionario reconoció el error y agradeció al ente de control "por haber parado esto".
A confesión de parte...
Varias aristas se abren de su razonamiento. Primero, cuando antes un vecino invitaba a jugar a otro le preguntaba de antemano si tenía bolillas. Y si no las tenía, esperaba hasta que las trajera de su casa para empezar a jugar. Si la prolijidad es la madre de la buena convivencia, por qué no esperar tres meses más (es el lapso entre el inicio del curso y la inscripción de la fundación para facturar) para que todo quede absolutamente claro. No se hablaba de mortalidad infantil, apenas de una muela de menos o de una muela de más.
Segundo, quién si no él debía parar todo este menjunje administrativo cuando se percató de los problemas de papelerío, antes de autorizar el pago. La explicación de Yedlin a este diario excede lo sorprendente: "claro, la fundación, como tenía un tema impositivo con los pagos; arman otra fundación. Ellos, el doctor Silva, que es el presidente de la fundación norteamericana, arman una fundación en Tucumán, y la hacen este año. Es como que el comienzo de la fundación es posterior al inicio del curso. En realidad el curso venía de antes, y eso está mal. Está mal hecho". Sus palabras dan lugar a muchas interpretaciones, pero una es segura: en el Ministerio eran conscientes de "los errores de forma", como él optó por llamar este desbarajuste. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Bien separados
En el barrio, lo que era de uno era de uno; y lo que era del otro era del otro. Para quienes administran la cosa pública, es mandato de ley tener BIEN (sí, con mayúsculas) diferenciado lo que es privado y lo que es de todos. La conjetura de Yedlin sobre por qué la fundación contratada fijó sede social en un departamento cuyo teléfono figura en la guía a nombre de alguien de su entorno roza la torpeza. A LA GACETA, dijo que como el doctor Raúl Penna -ex funcionario provincial y actual miembro del gabinete nacional del ministro Juan Manzur- era amigo del presidente de la fundación, pudo haberle facilitado las cosas para que registrara allí la fundación. De esa forma, se daba rápidamente cumplimiento a uno de los pasos elementales para la constitución de toda entidad.
Con una ley de ética pública, seguramente, lo correcto hubiese tenido más armas para pelearle al apuro.
Sin entrar a juzgar la capacidad, la trayectoria o la honorabilidad del presidente de la fundación contratada, ¿no era más fácil buscar apoyo en los especialistas que tiene la Universidad Nacional de Tucumán? No se trata de decir que el servicio prestado no valga $ 8.000 por alumno. Sino simplemente que, frente a un sistema educativo público desfinanciado desde hace décadas, a nadie mejor que a la Facultad de Odontología le vendrían bien esos $ 800.000. Incluso, el Estado hasta podría haber ahorrado para otra capacitación del personal: el curso de posgrado más caro -y de complejidad- que dictan profesionales de esa facultad es de $ 5.000 por inscripto. Uno sobre endodoncia, dictado por tucumanos, no cuesta más de $ 1.500 por alumno. En el barrio, también un valor a destacar era la solidaridad. Y el sentido común.
Eso no se hace
Cuando en un juego un niño demandaba a otro ante sus padres era mal visto. Los amigos se cuidaban la espalda en las buenas y en las malas. Hasta eso parece estar perdiéndose.
En Casa de Gobierno, lejos de causar estupor, el escándalo administrativo en el Ministerio de Salud despertó una sonrisa. Las burlas al rostro de preocupación del ministro Yedlin fueron la comidilla en varios despachos del primer piso. Es que tampoco hay sentido de equipo, como antes en un grupo de amigos de la misma cuadra. Los codazos entre funcionarios alperovichistas no son nuevos, sólo que algunos se preocuparon esta semana por marcar antes el teléfono para contar la "buena nueva" al gobernador. De paso, en su lucha por ganar espacios para 2011, le sacaron una cabeza a Manzur, que debió dar explicaciones durante casi 24 horas por el desdén de su discípulo ante Alperovich. Dicen que lo siguió hasta la escalerilla del avión.
Despertador, por favor
Tampoco de chicos era bien visto dormir de más. Un niño era despertado por su madre o por sus amigos, que lo buscaban para salir a jugar. Por favor, que alguien se tome el trabajo de hacer lo propio con los dirigentes de la oposición.
La semana pasó sin que ninguno de ellos abriera la boca. Ni siquiera, para pedir explicaciones formales del ministro Yedlin ante la Legislatura. Es como en la infancia: lo que no se hace a su debido tiempo después no se puede recuperar. De lo contrario, se corre el riesgo de que en coro le canten "cincuenta y uno y uno más", mientras algún "amigo" le sigue haciendo "piedra libre por todos mis compas".
En este caso, sí que no hace falta escribir una ley.
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