20 Noviembre 2009
BUENOS AIRES.- La Cámara de Senadores convirtió en ley, con una mayoría contundente, los proyectos de derechos humanos que autorizan a la Justicia ordenar la obtención de ADN de imputados o víctimas más allá de sus voluntades, y la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. En un extenso debate, los legisladores aprobaron la "Ley de ADN" con 57 votos a favor, y uno negativo.
En la denominada Ley de ADN, el oficialismo contó con el respaldo en general de todos bloques opositores, a excepción del senador por Salta, Agustín Pérez Alsina.
Antes, la Cámara Alta sancionó el proyecto que establece la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el que permite la participación de agrupaciones como querellantes en los juicios por desaparecidos. En el primer caso, la norma fue aprobada por 38 afirmativos contra 20 negativos, mientras que la participación de los organismos de derechos humanos como querellantes fue respaldada por 50 positivos contra siete negativos.
La discusión se centró fundamentalmente en la forma judicial de conseguir las pruebas de ADN debido a que los opositores a la iniciativa cuestionaron la "contradicción con el sistema penal argentino". Sin embargo, la norma contó con un fuerte respaldo legislativo, y a pesar de haber tenido esa impronta, llamó la atención la ausencia de representantes de organismos de Derechos Humanos en los palcos del recinto.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Rubén Marín, defendió la medida del oficialismo al relativizar los derechos de los victimarios por sobre los de los familiares de las víctimas.
En ese tren, comparó el derecho que tiene el Estado para realizar controles de alcoholemia a los conductores de autos en el marco de la seguridad vial.
El jefe de la bancada "K", Miguel Angel Pichetto, afirmó que la propuesta de obtención de ADN "es una propuesta moderada, prudente y razonada que deja en las manos del juez la decisión final".
El senador radical Ernesto Sanz se lamentó por la falta de "flexibilidad" en los proyectos que llegan al recinto y sostuvo que de ese modo se termina "desnaturalizando el propio objeto de la ley". "Las buenas ideas tienen que ser, de parte nuestra, flexibles para que se transformen en eficientes en la práctica", afirmó. (NA)
En la denominada Ley de ADN, el oficialismo contó con el respaldo en general de todos bloques opositores, a excepción del senador por Salta, Agustín Pérez Alsina.
Antes, la Cámara Alta sancionó el proyecto que establece la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el que permite la participación de agrupaciones como querellantes en los juicios por desaparecidos. En el primer caso, la norma fue aprobada por 38 afirmativos contra 20 negativos, mientras que la participación de los organismos de derechos humanos como querellantes fue respaldada por 50 positivos contra siete negativos.
La discusión se centró fundamentalmente en la forma judicial de conseguir las pruebas de ADN debido a que los opositores a la iniciativa cuestionaron la "contradicción con el sistema penal argentino". Sin embargo, la norma contó con un fuerte respaldo legislativo, y a pesar de haber tenido esa impronta, llamó la atención la ausencia de representantes de organismos de Derechos Humanos en los palcos del recinto.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Rubén Marín, defendió la medida del oficialismo al relativizar los derechos de los victimarios por sobre los de los familiares de las víctimas.
En ese tren, comparó el derecho que tiene el Estado para realizar controles de alcoholemia a los conductores de autos en el marco de la seguridad vial.
El jefe de la bancada "K", Miguel Angel Pichetto, afirmó que la propuesta de obtención de ADN "es una propuesta moderada, prudente y razonada que deja en las manos del juez la decisión final".
El senador radical Ernesto Sanz se lamentó por la falta de "flexibilidad" en los proyectos que llegan al recinto y sostuvo que de ese modo se termina "desnaturalizando el propio objeto de la ley". "Las buenas ideas tienen que ser, de parte nuestra, flexibles para que se transformen en eficientes en la práctica", afirmó. (NA)
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