28 Octubre 2009 Seguir en 
En esta semana o principios de la próxima, los abogados de la familia Manganelli, José Ricardo Falú y Francisco García Posse, interpondrán una acción judicial por inconstitucionalidad de las normas que dispusieron la expropiación de la vieja casona ubicada en San Lorenzo 357.
El inmueble será utilizado para habilitar el acceso a las cocheras internas del Tribunal de Cuentas (TC), que actualmente tienen ingreso por la peatonal de la calle Congreso, segunda cuadra. Por este motivo, deberá demolerse la construcción. En una segunda etapa, según lo anunció el vocal del ente de control, Sergio Díaz Ricci, se levantarán oficinas.
La expropiación fue dispuesta originalmente por la Ley 8.215, en la cual no se precisaba el destino del predio. Por este motivo, la Legislatura la modificó mediante la Ley 8.223, que fue publicada en el Boletín Oficial de este lunes. En la nueva disposición se especifica que el inmueble será destinado al funcionamiento de dependencias del Tribunal de Cuentas. Este órgano quedó habilitado para llevar adelante el trámite administrativo o judicial necesario para perfeccionar la obtención del bien.
Sobre este tema está en debate, en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, una acción de amparo colectiva interpuesta por derecho propio (sin asumir la representación de la familia Manganelli) por el abogado Manuel García Fernández, en defensa del carácter histórico y del valor patrimonial y arquitectónico de la propiedad.
El ministro fiscal del máximo tribunal, Luis de Mitri, consideró que el cuerpo es incompetente para entender en la causa, la que debería ser sustanciada (a su criterio) en un juzgado del fuero en lo Civil y Comercial Común. Los vocales de la Corte deben resolver sobre este tema antes de avanzar sobre el fondo de la cuestión.
"Decepción"
Francisco Manganelli, vocero de la familia propietaria de la casona, había planteado las quejas en forma pública contra el Gobierno por la expropiación. "Estamos decepcionados, porque vemos que en Tucumán, en lugar de regir el Estado de Derecho, sólo impera el derecho de los que están en el Estado a hacer lo que les plazca", manifestó el secretario administrativo de Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional.
En medio de la bronca familiar, Manganelli había anunciado que llevarán su demanda hasta las últimas instancias jurídicas. "Si tenemos que llegar a la Corte Suprema de la Nación, lo haremos", había dicho en diálogo con LA GACETA.
Puntos clave del conflicto
La familia Manganelli detalló que la vivienda tiene 10.45 metros de frente por 33.50 metros de largo y 280 metros cubiertos.
El lunes 14 de setiembre, el gobernador Alperovich promulgó la ley que declara la expropiación de la casa de la familia Manganelli.
"Nos sorprende la velocidad y el apuro del gobernador para promulgar esta ley", se quejó Manganelli al día siguiente.
El inmueble será utilizado para habilitar el acceso a las cocheras internas del Tribunal de Cuentas (TC), que actualmente tienen ingreso por la peatonal de la calle Congreso, segunda cuadra. Por este motivo, deberá demolerse la construcción. En una segunda etapa, según lo anunció el vocal del ente de control, Sergio Díaz Ricci, se levantarán oficinas.
La expropiación fue dispuesta originalmente por la Ley 8.215, en la cual no se precisaba el destino del predio. Por este motivo, la Legislatura la modificó mediante la Ley 8.223, que fue publicada en el Boletín Oficial de este lunes. En la nueva disposición se especifica que el inmueble será destinado al funcionamiento de dependencias del Tribunal de Cuentas. Este órgano quedó habilitado para llevar adelante el trámite administrativo o judicial necesario para perfeccionar la obtención del bien.
Sobre este tema está en debate, en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, una acción de amparo colectiva interpuesta por derecho propio (sin asumir la representación de la familia Manganelli) por el abogado Manuel García Fernández, en defensa del carácter histórico y del valor patrimonial y arquitectónico de la propiedad.
El ministro fiscal del máximo tribunal, Luis de Mitri, consideró que el cuerpo es incompetente para entender en la causa, la que debería ser sustanciada (a su criterio) en un juzgado del fuero en lo Civil y Comercial Común. Los vocales de la Corte deben resolver sobre este tema antes de avanzar sobre el fondo de la cuestión.
"Decepción"
Francisco Manganelli, vocero de la familia propietaria de la casona, había planteado las quejas en forma pública contra el Gobierno por la expropiación. "Estamos decepcionados, porque vemos que en Tucumán, en lugar de regir el Estado de Derecho, sólo impera el derecho de los que están en el Estado a hacer lo que les plazca", manifestó el secretario administrativo de Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional.
En medio de la bronca familiar, Manganelli había anunciado que llevarán su demanda hasta las últimas instancias jurídicas. "Si tenemos que llegar a la Corte Suprema de la Nación, lo haremos", había dicho en diálogo con LA GACETA.
Puntos clave del conflicto
La familia Manganelli detalló que la vivienda tiene 10.45 metros de frente por 33.50 metros de largo y 280 metros cubiertos.
El lunes 14 de setiembre, el gobernador Alperovich promulgó la ley que declara la expropiación de la casa de la familia Manganelli.
"Nos sorprende la velocidad y el apuro del gobernador para promulgar esta ley", se quejó Manganelli al día siguiente.
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