La cerradura de la armería no fue forzada

Habían pasado pocas horas de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había abandonado la provincia. Desde el 8 de julio y hasta la noche del 9, cuando la mandataria ya estaba en Buenos Aires, la totalidad de los policías de Tucumán habían estado afectados a la seguridad presidencial. El 10 de julio continuó una auditoría que se había iniciado unos 10 días antes en la Regional Norte. Ese día, a partir del inventario, se descubrió que de un cajón de armas habían desaparecido dos pistolas ametralladoras, un fusil y dos escopetas. El caso es investigado por la Justicia y aún no hay ninguna pista que permita determinar qué pasó con esas armas.

Las explicaciones
El subjefe de Policía, Nicolás Barrera indicó que se había ordenado al departamento Logística que se hicieran auditorías en las cinco regionales, para inventariar bienes muebles e inmuebles. En las regionales Capital, Oeste, Este y Sur no se habían registrado faltantes. El problema se detectó en la Norte. "En la Regional hay una oficina utilizada como armería. Allí se guardan pertrechos de Infantería y todas las armas que no son de puño (pistolas)", explicó el funcionario. Cotejando los libros de registro se detectó que de un cajón que estaba en esa oficina habían desaparecido dos PA3 (pistolas ametralladoras), un Fusil Automático Liviano (FAL), calibre 7,62 y dos escopetas con sistema de chimaza (conocidas como pajeras). Las ametralladoras habían sido adquiridas en el período 1975-1977, el fusil en 1998, una de las escopetas en 1994 y la otra en 2004. "En general se trata de armas que nosotros no utilizamos, sobre todo en el caso de las ametralladoras y del FAL. Las escopetas estaban para ser reparadas. No quiero decir que no se puedan utilizar, sino que a nosotros no servían", explicó Barrera. Cuando se advirtió lo sucedido, el subcomisario Manuel Véliz, jefe de Infantería de la Unidad Regional Norte realizó un informe, que fue elevado al comisario general Julio López, jefe de la Regional. Ese informe fue presentado al otro día a la fiscala María de las Mercedes Carrizo, que estaba de turno. Al mismo tiempo se iniciaron actuaciones administrativas para deslindar responsabilidades. Este sumario puede derivar desde un pase a disponibilidad o a la espera de destino para alguno de los jefes de la Regional.

Una sola llave
Las fuentes consultadas indicaron que el único que tenía llaves de la oficina era justamente Véliz. La cerradura no había sido forzada y la puerta estaba intacta. Por orden del jefe de Policía, comisario general Hugo Sánchez, Véliz fue trasladado a otra dependencia, al menos hasta que se aclare la situación.  En su lugar se nombró a otro oficial. "No vamos a eludir ninguna responsabilidad, pero lo cierto es que no sabemos qué pasó con las armas. Durante años el registro de bienes de la fuerza fue desastroso.  Nosotros ordenamos que se haga un inventario y por eso se conocen este tipo de hechos", justificó Barrera. "Ni siquiera podemos decir que las robaron, ya que también existe la posibilidad de que hayan sido llevadas a otra dependencia sin que se lo hubiera comunicado. De ser así lo sabremos cuando terminen las auditorías generales", agregó el funcionario. En la Policía incluso se desconoce desde cuándo faltan esas armas, y sospechan que pueden ser años. Carrizo analizó el sumario y comenzó a pedir informes. Aparentemente en las próximas horas, además, comenzará a llamar a declarar a las autoridades de la Regional Norte. Al mismo tiempo que avanza el sumario administrativo ella inició una causa penal, aún sin calificación ni personal imputado.  López, en tanto, dijo estar a disposición de sus superiores. "Haré lo que se me ordene. Las armas no están y todos queremos saber qué pasó", explicó. La respuesta para ese interrogante parece lejana.