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Domingo 26 de Julio de 2009 | Punto de vista. Por Ricardo Nassif - experto tributarista.
La presión fiscal en nuestra provincia se fue incrementando en forma permanente en los últimos años, vía aumento de alícuotas, modificación de bases imponibles, eliminación de exenciones o incremento de las valuaciones fiscales.
En el impuesto a los Ingresos Brutos se puede señalar la eliminación de la alícuota 0; la baja de la exención de la gravabilidad de los alquileres de tres inmuebles a uno y sólo para persona física con destino a vivienda; la modificación de la base imponible para la distribuciones mayoristas; y recientemente -una norma de muy dudosa constitucionalidad-, el gravar con ingresos brutos la cesión gratuita de inmuebles sobre una renta presunta que llega al 10% de la valuación fiscal del inmueble y a una tasa del 11% para propiedades que no tengan como destino vivienda. Es decir más del doble de la alícuota establecida para alquileres con contrato. Se ha instaurado un sistema de retenciones y de percepciones en la fuente (por depósitos bancarios, por compras, por pagos, etcétera) llegando en algunos casos a tener más de tres retenciones por la misma operación. A la vez, se aumentaron las alícuotas.
El impuesto Inmobiliario se incrementó sensiblemente, ya que se triplicó en algunos casos la valuaciones fiscales y se disminuyó a la mitad (del 20% al 10%) el descuento por pago al contado. Aumentaron, además, las sanciones por multa y por clausura y se establecieron nuevas, como el decomiso. En épocas de recesión el Estado debe tener políticas activas anticrisis, y el aumento de la presión fiscal sin duda va en dirección opuesta. Expertos han estudiado este tema concluyendo que superado el límite de la óptima presión fiscal comienza la evasión a manifestarse con mayor insistencia, ratificándose la ley de resistencia fiscal creciente, de Gerloff, llegando en algunos casos a disminuir el rendimiento de los tributos cuya presión fue aumentada. Las actuales circunstancias exigen al Estado la reformulación de un sistema tributario que proteja a las PyME, que garantice seguridad jurídica como forma de promover las inversiones en la provincia lo que ocasionará un incremento genuino de la recaudación.
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