"En Tucumán no se encuentra garantizada la administración de justicia y los Poderes Ejecutivo y Legislativo no cumplen con el artículo 5 de la Constitución Nacional, en cuanto al régimen republicano de gobierno, el equilibrio de poderes y la necesaria independencia del Poder Judicial". Esto puede leerse en la denuncia que las autoridades del Colegio de Abogados formalizaron con el fin de movilizar los mecanismos  internos de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
El texto (de 16 páginas) lleva la firma de Eudoro Aráoz (presidente) y Jorge Contrera (secretario), y fue presentado ante Leandro Despouy, relator especial de la  ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. En forma paralela, quizá para conjurar esta acción, el diputado oficialista Alfredo Dato solicitó al Congreso que evalúe si la función que Despouy desempeña como relator es compatible con su carácter de auditor general de la Nación (ver "Dato quiere...").
En la denuncia, los letrados enumeraron como preocupantes las controversias que generó el diseño que la Constitución de 2006 dio al Consejo Asesor de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento, así como la polémica Ley 7.993. Esta autoriza a los abogados a diferir el pago de los bonos profesionales hasta el momento previo al dictado de la sentencia en la causa en la que actúan (esto antes era exigido al entablar un juicio). Los dirigentes consideran que esta norma ha buscado desfinanciar al colegio.
También señalaron el intento de destituir a René Goane, vocal de la Corte Suprema de Justicia, o la Ley 8.136, que autorizaba a los poderes políticos a que designaran directamente -sin ninguna selección- jueces provisorios.   

Señal de alerta
Aráoz y Contrera fueron contundentes: "lo expuesto demuestra la enorme trascendencia social, política, institucional, económica, provincial, regional y nacional que tuvo y tiene la situación suscitada en Tucumán por la reforma de la Constitución, y la hegemonía pretendida por los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial, lo que produce la ruptura del sistema republicano y daña la vida democrática".
Los dirigentes destacaron que, en vez de conformar el CAM a partir de las pautas de interpretación constitucional sentadas por la propia Justicia, el oficialismo promovió el nombramiento de jueces provisorios "con la única intención de que fueran designados directamente por el Poder  Ejecutivo sin proceso de selección y sin participación del CAM.  
Aráoz y Contrera también apuntaron contra el Jury de Enjuiciamiento, en el que seis de sus ochos miembros responden a los poderes políticos. "Como está conformado constituye un colosal elemento de presión sobre los jueces y, más que un órgano destinado a juzgarlos, su finalidad es docilizarlos (sic)", advirtieron.