El diputado nacional por el radicalismo José Ignacio García Hamilton presentó un proyecto de resolución a fin de que la Cámara de Diputados requiera al Gobierno provincial un informe sobre la situación actual de las Ruinas de Quilmes.
García Hamilton recordó que allí, además de la reserva arqueológica, funcionaban un parador y un museo. “A cargo del parador estaba como concesionario el conocido artista plástico indígena Héctor Cruz. La concesión entró en crisis a fines de 2007, cuando el Gobierno de Tucumán (que adujo incumplimiento de Cruz a las obligaciones de la concesión) dispuso su desalojo por la fuerza”, destacó el parlamentario en los fundamentos de su propuesta.
El diputado enumeró que, antes del desalojo, un grupo que se autodenominó como comunidad india de Quilmes cortó el único acceso vial del complejo. Esto motivó, según García Hamilton, que Cruz haya denunciado que fue "secuestrado, con su personal y familia" durante 15 días. También recalcó el parlamentario que el desalojo se llevó a cabo sin intervención judicial
“Como consecuencia de estos hechos, quedó en el sitio la referida ’comunidad india’, que pasó a cobrar entradas para permitir el ingreso a las ruinas que ocupa y donde habita, afectando su destino cultural y degradando el valor turístico que había obtenido en los últimos años”, puntualizó el diputado.
Agregó que, estando asentada en el lugar la referida comunidad, Cruz, que era el concesionario, no puede tener acceso al lugar y sólo obtuvo una medida judicial de no innovar para preservar sus obras artísticas dejadas en el lugar.

“Ocupación ilegal”
Asimismo, puntualizó que el Gobierno provincial ignoró el pedido que hizo Eunomia del Valle Chaile para que se apliquen las leyes provincial 7.500 y nacional 25.343. La mujer también envió cartas documento a la Presidencia de la Nación, al Ente Cultural Tucumán y al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.
García Hamilton insistió en que la situación denunciada “afecta el patrimonio arqueológico de la Nación y conspira contra el turismo nacional e internacional, obligado a aceptar la ilegal ocupación y el pago de entradas a favor de los ocupantes para acceder a las ruinas”. El diputado propone, asimismo, hacer extensivo el pedido de informes al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación.