La causa por el “Plan Cóndor” será el tercer juicio que deberá afrontar

BUENOS AIRES.- Además de la causa comúnmente conocida como "robo de bebés", el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla afronta otras causas que recobraron vida luego de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Entre estas figuran la abierta por el secuestro de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, obligados a firmar en cautiverio y tras ser torturados un convenio con una firma de Hong Kong, en el que estaba interesado el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
Junto a su compañero de cacerías en Sudáfrica -el entonces ministro del interior general Albano Harguindeguy-, los dos ministros de Videla están ahora procesados por el juez Norberto Oyarbide, que también en esta causa envió al ex dictador a cárcel común a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La tercera de las causas penales que afronta Videla es la denominada "Plan Cóndor", que investigó la cooperación represiva entre las fuerzas armadas de la región para intercambiar detenidos ilegales, informaciones y operativos represivos. En esta causa que fue elevada a juicio oral y público, ya están procesados decenas de altos jerarcas militares de la dictadura, entre ellos los generales Cristino Nicolaides, Domingo Bussi, Genaro Díaz Bessone, Santiago Riveros Ernesto Alais, Eugenio Guañabens Perelló, Juan Pablo Sáa, Carlos Landoni, Eduardo De Lío, Carlos Tragant y Leopoldo Flores.
De todos los juicios que deberá afrontar aún Videla, la causa de mayor envergadura es la denominada "Primer Cuerpo de Ejército", que centraliza el juez federal II, Daniel Rafecas, e incluye miles de hechos criminales ocurridos en esa gran unidad durante el terrorismo de Estado.Uno de los juicios que en estos días está llegando a su fin en el Tribunal Oral Federal 5, es el juzgamiento de dos brigadieres y un coronel que comandaron los centros clandestinos de Mansión Seré y La Cueva, es un desprendimiento de dicha megacausa.
Videla perdió el estado militar en 1985, con la condena a reclusión perpetua del juicio a los comandantes que encabezaron el golpe que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976. (Télam)