Ya sea que se aplique en organizaciones privadas o en instituciones públicas, la tecnología no puede verse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que colabora en la mejora de los procesos, haciéndolos más eficientes y transparentes. En el ámbito del Estado, las iniciativas de gobierno electrónico suponen la capitalización de los beneficios de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad del servicio público que el Estado debe brindar a los ciudadanos.
Tucumán se encuentra entre las provincias con alto grado de desarrollo de su gobierno electrónico. De cara al futuro próximo, el desafío más importante en materia de profundización del e-Gov no pasa por la incorporación de tecnología y la inversión en infraestructura. La clave está en el impulso de las iniciativas de interoperabilidad, ya que sólo a partir de la integración e interconexión de todos los organismos estatales nacionales, provinciales y municipales, y a su vez de las organizaciones privadas con los cuales el Estado establece relación, permitirán lograr un impacto sustancial en la mejora de la eficiencia y la burocracia del Estado.
La interoperabilidad es el paradigma que puede hacer realidad la idea de “ventanilla única” en la que se le simplifique la realización de trámites al ciudadano, con independencia del organismo con el que interactúe, evitando que se le pida llevar papeles e información de un organismo a otro, cuando la administración pública es una sola.
Esto significa, por ejemplo, que cualquier dependencia del Registro Nacional de las Personas que interopere con Anses pueda, con la sola inscripción de un nacimiento en ese registro generar la información necesaria para que Anses pueda pagarle en forma automática a sus progenitores la Asignación Familiar por Nacimiento, sin necesidad de requerirle documentación ni que deba siquiera solicitar el beneficio.
La interoperabilidad no implica sólo la compatibilización de procesos y homogeneización de estándares de trabajo que permitan la interconexión y funcionamiento integrado de aplicaciones, sistemas y bases de datos; por el contrario, es mucho más que eso. Es, en definitiva, un cambio conceptual de base, en el que los diferentes estamentos del Estado deben asumir que la “propiedad” de los datos y de la información de los ciudadanos no es un bien en sí mismo si su “tenencia” no redunda en un mejor servicio público.
Sin dudas, este es un paso importante en el camino hacia un Estado único y un gobierno electrónico inclusivo que sea, en sí mismo, un servicio público.