Patas arriba

Hace 10 años, el escritor uruguayo Eduardo Galeano publicó -y se lo dedicó a su mujer, la tucumana Helena Villagra- un manual para La escuela del mundo al revés. En él, reparó en que los cristales de la reflexión inventados por el hombre tienen la propiedad -si acaso no la virtud- de mostrar las cosas de manera invertida. "Hace 130 años -escribió hace una década-, después de visitar el país de las maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con asomarse a la ventana. El mundo al revés está a la vista: es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda, y la cabeza en los pies".

Patas arriba es el nombre del libro de Galeano. Y es, también, el seudónimo de Tucumán. Pocas veces como en los últimos días se ha visto cuán desequilibrada está la psique del poder político de esta provincia. Cuán desacomodadas están las prioridades del oficialismo.

En Tucumán, los jubilados marchan para que les reconozcan el 82% móvil, pero la Legislatura resuelve pedir al Ejecutivo que controle el trato que reciben los caballos de los carros de cirujeo. Porque aquí importa la dignidad equina, y no la humana. Los "familiares de las víctimas de la impunidad" denuncian la inseguridad que asuela la provincia, pero la Cámara resolvió pedirle a la Casa de Gobierno que refuerce la seguridad en los cementerios.

La Justicia Federal condenó a prisión perpetua, por la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse, a quienes tomaron por las armas los poderes de la República en los 70. Simultáneamente, la Justicia provincial es atacada desde el Gobierno elegido por el voto de los tucumanos, en vísperas de un inminente fallo contra la reforma constitucional.

Algunos institutos del nuevo texto constitucional encarnan una verdadera monstruosidad. Fueron coherentemente sancionados el día 6, del mes 6, del año 6. Permiten seleccionar y deponer jueces mediante estructuras donde los políticos son mayoría. Y hasta tornan superfluo al Poder Constituyente: la Legislatura queda facultada para enmendar la Constitución cuando quiera.

El Colegio de Abogados cuestionó estos atropellos y pidió que esos institutos sean declarados inconstitucionales. Y según los rumores que han ganado los despachos más influyentes de los poderes políticos, el vocal Alberto Brito no les habría dado la razón, pero el presidente de la Corte, Antonio Gandur, y el vocal decano, René Mario Goane, sí. Como el superior tribunal tiene cinco miembros, se necesitan tres votos para que la cuestión quede zanjada. Antonio Estofán se excusó, porque cuando se planteó el conflicto era fiscal de Estado de la Provincia. Y Claudia Sbdar fue recusada. Por eso hubo que apelar a camaristas del fuero administrativo para liquidar el asunto.

En este contexto, ingresó por nota a la Legislatura y al Ejecutivo un pedido para que se destituya a Goane porque ocupó cargos durante el último gobierno militar. Lo formuló el presidente de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, quien en 1991 votó a favor de la designación de Goane en la Corte. De hecho, él firmó el dictamen que prestó acuerdo al juez supremo y que, para más datos, rechazó las objeciones contra el candidato, que hacían hincapié, justamente, en su pasado como funcionario durante el Proceso. Parajón, además, fue dos veces presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura y nunca antes, en 17 años, reparó en el currículum de Goane.

A estas alturas, es baladí pretender desentrañar si el ex legislador actuó por sus propios motivos, como él jura aun a costa de recibirse de contradictorio, o si en realidad fue alentado por el oficialismo, como interpreta un vastísimo espectro del mundo político. Lo que sí importa es que al Gobierno le interesa, y mucho, embestir contra Goane y, por directa repercusión, contra la Justicia. Por eso se compró la parada.

Goane, para disipar cualquier duda, acusó a la Casa de Gobierno de montar una operación de apriete para que cambie su voto ya firmado. El gobernador, José Alperovich, se ocupó de darle la razón. En un hecho sin precedentes, difamó al miembro de la Corte, constitucionalmente igual a él: "me entero hoy de que (Goane) había estado en el Registro Civil; ustedes saben que ese organismo es uno de los lugares emblemáticos vinculados a la desaparición de personas". La afirmación, sin muchos cambios, podría encabezar una denuncia penal del mandatario en contra del magistrado.

Por cierto, este ataque de memoria, verdad y justicia que acaba de darle al mandatario es inédito. Porque cuando Goane dejó la Fiscalía de Estado durante la gobernación de facto de Antonio Merlo, lo sucedió su amigo personal y compadre: Francisco Sassi Colombres, ex secretario general de la Gobernación de Alperovich y ex fiscal de Estado de Alperovich. Es más, todavía esta fresca la tinta con la que Alperovich firmó, a principios de este año. el pliego para que Sassi Columbres fuera vocal de la Corte. Pliego al que -no sea que se olvide- el bloque legislativo Tucumán Crece, casi en pleno, le prestó acuerdo. Sassi Colombres, finalmente, no asumió, porque -como todo el mundo dijo-, Néstor Kirchner no quiso. La mala memoria es la madre asumida de la impunidad.

Debe decirse que el pasado de Goane como funcionario del último gobierno militar no es una anécdota, de la misma manera que tampoco lo es el hecho de que fuera detenido y torturado en 1975 por fuerzas militares, durante la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón. Ahora bien, a la luz de los antecedentes actuales, pretender que el alperovichismo sufre un ataque de conciencia y que le importan los antecedentes del vocal de la Corte, en los que nunca antes reparó, raya la ingenuidad.

Para el caso, ninguna incomodidad parecen provocar en el Gobierno los funcionarios y los legisladores de extracción bussista que hoy cobija. Y, como le recordaron algunos opositores, el gobernador tampoco parecía inquietarse cuando, siendo legislador, desayunaba con Antonio Bussi, cuando era gobernador.

Torpemente, la embestida contra Goane está lanzada y la situación ha tornado delicada en la relación entre los poderes.

El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, es sindicado en las alturas judiciales como responsable de la operación. El, en cambio, niega públicamente que el Gobierno quiera presionar a la Justicia. Y, en privado, desde su cartera afirman que ellos nada tienen que ver con el asunto. "Pirincho era secretario de Gobierno del gabinete de Ortega que propuso a Goane", argumentan.

En Tribunales no creen en la sinceridad de Parajón y asumen que la Casa de Gobierno está detrás. Porque, razonan, el ex legislador sólo cargó contra miembros de la Justicia (Goane y el defensor oficial en lo penal, Jorge Monteros) y de la Municipalidad de Concepción (el intendente Osvaldo Morelli y el concejal Carlos Villaluenga), pero nada dijo de funcionarios del Ejecutivo. "Tampoco habló de los legisladores bussistas acoplados", se defienden en la Casa de Gobierno, pateando la pelota a campo parlamentario. Ahí, dicen, hay un abogado oficialista que sueña con llegar a la Corte, y no como denunciado.

En la Legislatura, antes que contestar sí o no, tratan de desviar la atención y pretenden endilgarle responsabilidades a Estofán y a Sbdar en el hipotético fallo adverso contra la reforma.

Para un influyente miembro del Poder Legislativo, ellos fueron designados en sus cargos para ayudar al Ejecutivo pero, en contraste, permiten que puedan frustrarse los cambios constitucionales. No es para menos: en el oficialismo parlamentario, muchos actúan como operadores del Gobierno antes que como soberanos representantes del pueblo.

Los jueces supremos no dependen de los caprichos de gobernador. No están a tiro de decreto. Los legisladores tampoco. La diferencia es que unos asumen el cargo, y sus deberes, y otros no.

Esta semana parecen haberle demostrado al alperovichismo que con los jueces no se aplica la lógica del escarmiento. En 24 horas, dos resoluciones judiciales impactaron contra un operador político clave del gobernador.

El martes (al día siguiente de la denuncia de Parajón contra Goane), la Corte reclamó al fiscal penal Carlos Albaca un informe sobre el avance (si existe) de la causa en la que el ex titular de la convención radical, Ariel García, denuncia al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario. El miércoles la jueza penal Ema de Nucci abrió investigación jurisdiccional contra Mansilla, en la causa en la que el vecino de El Chañar, Ramón Ablanedo, también lo denuncia de incumplir las obligaciones que le imponía ese cargo.

El alperovichismo ya no es todopoderoso. Su debilidad política se hace patente. Cuando grita, le contestan. Se le animan. Pero lo ocurrido con Mansilla también desnuda una cuestión institucionalmente preocupante: parece que en Tribunales se acumulan expedientes incómodos contra el poder político, a los que las crisis desempolvan. Claro está, también puede ser una casualidad que ambas causas contra la tercera autoridad política de Tucumán, se activaran de un día para otro. Pero hoy no es 28 de diciembre. Por eso mismo, y porque no creen en casualidades, en el Gobierno también atienden que, justo en esta encrucijada, la Corte quedará circunstancialmente vacía. Y Goane, solo. Sbdar saldrá de licencia en unos días y, antes de que ella regrese, se irán también Estofán y Gandur.

Goane, según algunos de sus allegados, ha dicho que sabe que van por él. Y en el Ejecutivo y la Legislatura nadie quiere hacerse cargo, pero tampoco lo niegan. Los poderes velan las armas.

La institucionalidad está patas arriba. Es el reflejo invertido, y pervertido, de una república. La calidad institucional es espejismo. Y lo dramático es que el entorno no desentona. "El mundo al revés premia al revés -advierte Galeano-: desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Sus maestros calumnian a la naturaleza: la injusticia, dicen, es ley natural".

Se parece a Tucumán. Y no hace falta entrar en un espejo para darse cuenta de que esta no es la provincia de las maravillas.