Se completó el circuito normativo formal para que la Provincia le venda en forma directa al Banco Macro 14 inmuebles (tres de ellos, en la capital). La Ley 8.096, sancionada por el oficialismo en la sesión del jueves 3, fue publicada en el Boletín Oficial de ayer. Por eso, el Poder Ejecutivo podrá concretar la transferencia de los edificios que estaban amparados en el marco de la protección del patrimonio económico, arquitectónico o histórico, valioso para Tucumán.
Los recursos obtenidos serán depositados en una cuenta especial y serán destinados, en forma única y exclusiva, a la adquisición de equipamiento y maquinarias viales pesadas; incluye retroexcavadoras y topadoras.
Los predios desafectados de las disposiciones de la Ley del Activo por Activo (Nº 7.142 y sus modificatorias) en la capital están ubicados en las avenidas Juan B. Justo 1.201, República del Líbano 1.091 y Alem al 200. En Aguilares se venderá el de avenida Mitre al 600; en Simoca, el ubicado en calle 9 de Julio sin número; en Tafí Viejo, el de avenida Leandro N. Alem 231; en Trancas, el de avenida Yrigoyen 565 y en Banda del Río Salí, el de avenida Gregorio Díaz al 500.
El Estado también se desprenderá de los inmuebles ubicados en Ingeniero Marconi Sin Número, de Bella Vista; avenida Gobernador Campero 399, de Juan Bautista Alberdi; calle Colón al 100, de Monteros; Moreno Sin Número, de La Cocha; Bartolomé Mitre 397, de Famaillá y San Martín 1, de Los Ralos. En casi todos los casos, son ex sucursales del desaparecido Banco de la Provincia de Tucumán.
El Banco Macro es el agente financiero de la Provincia y la operación de compra se concretará por el total de los inmuebles (no uno por uno). Todavía no se conoce el precio de venta, el que no podrá ser inferior al que fije la Comisión de Tasaciones, según lo previsto por la ley, que fue promulgada por el gobernador, José Alperovich, 10 días después de haber sido aprobada por la Cámara.
Este último aspecto fue cuestionado por los bloques opositores durante la sesión parlamentaria, que reclamaron la realización de una licitación pública, con oferta abierta de montos para el traspaso, en vez de una venta directa a un solo comprador, sin posibilidad de compulsar valores ni interesados.
Mientras tanto, sectores sociales y académicos encolumnados en la defensa del patrimonio advirtieron la posibilidad de que sea destruidos (total o parcialmente) importantes construcciones centenarias.