El proyecto por el cual el Gobierno nacional busca despenalizar el consumo de drogas viene generando un debate interesante que debería profundizarse aún más. Se trata, por cierto, de un flagelo social que avanza sin que hasta el momento se haya abordado el problema en forma interdisciplinaria. Lo que está en discusión es la modificación del inciso 2 del artículo 14 de la Ley 23.737, que señala: “Será reprimido con pena de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. El tema fue planteado durante un encuentro de ministros de Seguridad y jefes de Policía del NOA que tuvo lugar en nuestra ciudad y en una mesa panel que se desarrolló en el Centro Cultural Virla con la participación de expertos.
En un relevamiento realizado por la Secretaría de de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia en 2007, se les preguntó a 160 padres tucumanos si podrían reconocer si su hijo estaba bajo los efectos de alcohol o de drogas y, en el caso de que sospecharan que su hijo consume droga adónde acudirían. Más del 90 % respondió negativamente. A la pregunta sobre qué cosas haría para que su hijo rechace la oferta de drogas, casi el 100 % respondió que no lo sabía. Por ese motivo, el titular de esa repartición aseveró que no dictarán más charlas en los colegios; en su opinión, los chicos pueden “dar cátedra” sobre las drogas y sobre los daños que producen. Considera necesario centrarse en los padres, porque son el pilar más importante para la prevención y están paralizados.
Un integrante del Comité Científico de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Criminalidad Compleja dijo que el problema que se debe enfrentar va más allá de la despenalización del consumo de drogas y es demasiado abarcativo como para confiárselo sólo a una ley penal. Considera que se trata de un problema social que incide en muchos otros ámbitos, como la salud y la educación, entre otros, y que merece políticas de Estado.
De acuerdo con las estadísticas nacionales, el 3 % de la población argentina de entre 15 y 64 años consume marihuana; el 0,3 %, cocaína; el 0,1 %, éxtasis y el 0,6, anfetaminas.
Algunos especialistas coinciden en que la despenalización de consumo no llevará a un incremento de la drogadicción. Uno de ellos sostiene que deben buscarse medidas de orden administrativo que logren persuadir a la persona de que necesita rehabilitarse. En definitiva, se trata de un tema de políticas sociales que vayan más allá de las administraciones de turno y en las que deben participar las ONG, o, más bien, toda la sociedad.
Coincidimos con esta apreciación, así como con la necesidad de concientizar a los padres. Justamente, una de las causas de estos flagelos sociales es la falta de comunicación entre los progenitores y sus hijos, ya sea porque las vicisitudes económicas los obligan a menudo a estar muchas horas fuera del hogar o porque son incapaces de ponerles límites a los chicos. Lo cierto es que es muy importante no sólo brindar información sobre los daños que ocasiona la droga, sino también promover la recreación del diálogo familiar
Consideramos, por otro lado, que no deben abandonarse las charlas dirigidas a los jóvenes en los colegios. Es más, pensamos que ya en el ciclo primario, a partir de los 10 años, los niños deberían recibir información sobre los peligros de la drogadicción. La ley por sí sola no puede resolver un problema de implicancias sociales. Se trata, pues, de generar conciencia, principalmente a través de la educación.