06 Junio 2023
Ricardo Cisneros
Ex consejero superior (2014-2018)
Defender el legado de Abel Peirano es defender la realización completa de la Ciudad Universitaria que ordena construir la Ley nº 14.771 (Ley de Creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio YMAD, año 1958) “conforme planos”. La Ciudad Universitaria es la que se encuentra plasmada en los planos a los que alude la citada ley nacional.
Sin dudas estos planos estuvieron a la vista en el año 1958. Luego, según las versiones universitarias, “desaparecieron”. Esta conveniente desaparición fue aprovechada por las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), especialmente en los años 2006 al 2008. Al no poder acceder a los planos, la Ciudad Universitaria podía ser cualquiera, tan cualquiera como un listado de obras sin un monto correlacionado al mismo.
Así empezó la cadena de la felicidad universitaria.
Se pergeñó, entre varios funcionarios de la UNT gestión 2006 - 2010, una estrategia para dar por fallecido el legado de Peirano y así transformar los dineros provenientes de las regalías mineras en fondos de libre disponibilidad. La herramienta para ello fue un proceso administrativo iniciado en 2007 que culminó en el acta vil del 2/1/2008. Acta que convalida que a un listado de obras de refacciones se le diera la envergadura de Ciudad Universitaria y con los fondos asignados por YMAD para las mismas, el ex rector Juan Alberto Cerisola dio por concluida la Ciudad Universitaria. Así, estos dirigentes universitarios modelo siglo XXI, intentaron destruir el legado de Peirano.
Con la obra cumbre de esta infamia, el acta del 2/1/2008 (herramienta tan trasnochada como la misma fecha de su firma muestra), la UNT pasó a recibir la mitad de los fondos que recibían en la etapa de construcción, pero ahora para hacer lo que quisieran (libre disponibilidad). Así desde 2008 a 2014 la UNT recibió alrededor de u$s 110 millones y ningún Consejo Superior Universitario sabe para qué se usaron.
Luego, en 2010, Cerisola recibió como premio por las acciones citadas un nuevo mandato como rector (2010-2014), otorgado por la mayoría de la Comunidad Universitaria, quienes adherían de esta forma a la cadena de la felicidad que ostentaba el ex rector hoy a la espera de su juicio penal.
Hace pocos días nos anoticiamos de la aparición sorpresiva de planos de la Ciudad Universitaria. Rápida de reflejos, la UNT dijo “que no eran los planos de la Ley n° 14.771”, pero tampoco los mostró y mucho menos ordenó una investigación sumaria de cómo habían desaparecido y quién los había aparecido.
Las 12 cajas de aire acondicionado que contienen los planos aparecidos, tienen en su código de barras un indicio de la fecha en que fueron vistos por última vez. Estos planos son información pública y, como tal, debieran ser puestos a disposición de la ciudadanía en forma digital dado su trascendente valor histórico, económico y ahora jurídico. No hacerlo habla de falta de transparencia.
Copia digital de los planos aparecidos debe ponerse especialmente en conocimiento del Fiscal Federal Carlos Brito, pues él investigó los posibles fraudes cometidos con y contra la Ciudad Universitaria.
Otra copia digital debiera haber sido remitida a la Justicia Federal de Catamarca para ser incorporada al juicio que lleva adelante la UNT con el objeto de anular el acta del 2/1/2008 y así recuperar el derecho a la Ciudad Universitaria.
También debe informarse del hallazgo al Directorio de YMAD, precisando que corresponde analizar el cumplimiento de lo ordenado por la Ley n° 14771 en cuanto a los metros cuadrados de construcción que contienen los planos a los que hace referencia dicha ley nacional.
Nada de esto fue hecho. El silencio de todas las autoridades universitarias actuales (Rectorado y Consejo Superior) respecto de la magnitud e importancia del hallazgo de los planos, ensordece.
El contenido de los planos hallados redimensiona el tamaño del fraude cometido. Pensar que nos faltan al menos 4 edificios gigantescos, un anfiteatro para más de 10.000 personas, un palacio de deportes o estadio para 30.000 personas y todos los servicios vinculados a ellos, es multiplicar varias veces el daño económico estimado en el Acta Transaccional (que tiene en estudio el Consejo Superior), ya enorme por cierto. Pensar ahora en varios cientos de millones de dólares no es una fantasía.
¿Qué espera el Consejo Superior de la UNT para actuar en defensa del patrimonio universitario? Parecen no comprender que el mayor bien universitario que deben resguardar es el legado de Peirano.
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