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Las elecciones provinciales del 14 de mayo de 2023 demandarán casi $ 700 millones, según estimó la Junta Electoral Provincial (JEP). En una decisión inédita, el órgano de control de los comicios dispuso llamar a licitación pública y privada para que las empresas interesadas presenten sus propuestas vinculadas al servicio electoral.
Mediante el expediente N° 69/913-J-2022, Daniel Leiva (presidente), Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila firmaron el llamado a licitación para la contratación de todas las tareas vinculadas a la logística de la elección. En esa resolución, además, se especifica que la apertura de las ofertas se hará en un acto el 13 de febrero del año próximo a las 11, en la sede de la JEP de Lamadrid al 600. Las firmas interesadas en participar deberán adquirir los pliegos de la licitación hasta el 7 de febrero.
La aceleración inflacionaria de los últimos años impactó de lleno en las previsiones oficiales, ya que a comparación del costo de 2019, en esta ocasión habrá alrededor de un 600% de incremento en los montos. El presupuesto estimado por la Junta Electoral en los pliegos licitatorios es de $ 659 millones, frente a los $ 95 millones desembolsados hace casi cuatro años. Si se lo compara con las elecciones de 2015, el salto en los precios es aún más abrumador: aquella vez se habían presupuestado $ 56 millones.
La JEP busca contratar todos los servicios electorales, que van desde la notificación a las autoridades de mesa, la logística y el armado de urnas hasta el escrutinio provisorio, entre otras labores. En 2019, esa tarea estuvo a cargo de la empresa de servicios informáticos MSA, que asociada con la firma de logística Andreani, se encargó de la distribución y del repliegue de todos los elementos de la votación.
El llamado a licitación también implica un cambio en la modalidad de contratación de la Junta Electoral con respecto a las últimas convocatorias. En las anteriores citas, y aduciendo cuestiones de urgencia, el órgano de control había apelado a los cotejos de precios y a las contrataciones directas. En este caso, la convocatoria a una licitación pública y privada tornará más lenta la decisión respecto de qué firma tendrá a su cargo el servicio electoral.
