09 Agosto 2022
CAUSA "VIALIDAD". Cristina avaló trabajos de estudiantes para descartar la existencia de sobreprecios, según el fiscal.
La expresidenta Cristina Fernández avaló peritajes realizados sobre la base de trabajos de estudiantes universitarios para fundamentar la inexistencia de sobreprecios en obras públicas. Así lo manifestó el fiscal Diego Luciani, durante la quinta jornada de alegatos en la causa "Vialidad", proceso en el cual se investiga la presunta comisión de delitos de corrupción por parte de la vicepresidenta, del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y del empresario Lázaro Báez, entre otros imputados.
Luciani, además, afirmó que Cristina, durante su mandato como Presidenta, había dispuesto la creación de un canal de pagos ilegal, preferencial y secreto, para pagar de manera anticipada las obras públicas que realizaban las empresa de Báez.
En una nota para La Nación, el periodista Hernán Cappiello explica que el referido canal de pago preferencial aludido por Luciani es la resolución 899/2010, dictada en mayo de ese año. "Esa norma permitía pagos anticipados a los contratistas con la sola determinación de Periotti por causas de fuerza mayor, como inundaciones, terremotos, nevadas. Fue dictada, dijo Periotti, tras un alud que dejó tres muertos en Comodoro Rivadavia por un deslizamiento de tierras", dice el periodista..
Luciani analizó el uso de la herramienta, y observó que el alud había ocurrido en febrero de 2010, que la resolución se había dictado en mayo, y que nunca se había invocado el alud para su dictado. Afirmó que, por el contrario, aquella resolución había sido utilizada para pagar de manera anticipada a la empresas de Báez en 1.317 casos, mientras que el resto de las empresas la usaron en seis, cinco y en una ocasión.
“Esta maniobra servía para crear un canal preferencial de pago y darle trámite prioritario a los pagos de Báez por sobre otros contratistas, porque Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, dijo Luciani durante su alegato.
Denunció, además, que se había utilizado la tragedia del alud para justificar el dictado de esta norma que, en realidad, ocultaba una maniobra para darle apariencia de legalidad a los pagos que se efectuaban a las empresas de Báez.
“No hay límites; se usó la tragedia. Las alusiones de Periotti al alud no fueron más que excusas para crear este canal exclusivo de privilegio de pagos y por eso buscaron esta tragedia como excusa”, manifestó Luciani.
Añadió que tal resolución nunca fue publicada en el Boletín Oficial ni en ningún otro canal oficial; y que la Cámara Argentina de la Construcción la desconocía -los empresarios que declararon como testigos dijeron que no sabían de su existencia-.
“Con esta resolución se creó una herramienta para que ningún funcionario de menor jerarquía obstaculizara esta decisión de los jefes de la asociación ilícita”, puntualizó Luciani, en referencia a Kirchner y a la expresidenta. Y reiteró: “Este privilegio es porque Báez era Néstor Kirchner y era Cristina Fernández”.
Peritaje
Antes de la alocución sobre el mencionado canal de pagos, el fiscal analizó los peritajes realizados por los expertos de las defensas y de la Fiscalía. Se detuvo, en particular, en el análisis que realizó la perito de parte de Cristina, Alejandra Alperovich.
Reprochó que esta no tenía experiencia en cálculos de presupuesto de la obra pública y que, entre la bibliografía sobre la cual basó las conclusiones de su trabajo acerca de la inexistencia de sobreprecios se cuentan tesis universitarias de alumnos de universidades de Perú, de Guatemala o de Medellín, que no se sabe siquiera si fueron aprobadas o si podrían tener el rigor académico necesario para este tipo de peritajes.
Denunció, también, que Alperovich faltó a 16 de las 30 reuniones de peritos que se hicieron para analizar las conclusiones que se expusieron en el tribunal.
Manifestó que las conclusiones de Alperovich fueron una combinación de inexperiencia y desaciertos: “lo que selló su labor pericial con serias inconsistencias”.
Cappiello también cuenta en su nota que Luciani se detuvo, además, en la actuación de los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF), que pidieron la absolución de la vicepresidenta y del resto de los acusados. Dijo que rara vez la Fiscalía le contesta a una parte acusadora -como debería ser la UIF, que depende del Poder Ejecutivo Nacional-, pero que en este caso era necesario responderle al abogado Leandro Ventura (UIF).
“La información sobre la que se basó Ventura para solicitar la absolución fue la consulta con algún profesional y esto nos lleva a preguntarnos quién lo asesoró, qué título tenían estos profesionales para emitir opiniones y juicios sobre un peritaje que llevó 10 meses, y qué constancias dejaron de su intervención. ¿Con qué profundidad conocían los 100 cuerpos de la causa y las toneladas de documentos relevantes. ¿Quién les dio acceso a esa prueba? ¿Qué vieron? ¿De cuánto tiempo dispusieron? Todo eso lo desconocemos”, denunció Luciani.
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