Por Gustavo Rodríguez
01 Julio 2022
EN LA ESCENA DEL CRIMEN. Los peritos revisan la letrina donde arrojaron y prendieron fuego al cuerpo.
Hace un año, en un día frío, una mujer se presentó a las 16.30 en la comisaría de Lules para denunciar la desaparición de Rocío. La pequeña, según dijo, había salido de su casa cerca de las 11 y nadie la había vuelto a ver. Antes de cumplirse las 24 horas de la presentación, los investigadores descubrieron lo que realmente había sucedido: la niña había sido víctima de un crimen. Pero no esperaban toparse con uno de los hechos más aberrantes de la historia policial de la provincia.
Por la tarde del 30 de junio, los policías de esa localidad, acompañados por los habitantes del barrio La Chabela la buscaron hasta que la oscuridad de la noche los venció. Al día siguiente, por orden del ex jefe de Policía Manuel Bernachi, se ordenó un operativo mucho más amplio. Paralelamente, el jefe de la división Trata de Personas Julio Fernández (actual conductor de la fuerza) y el titular de la ex Brigada Jorge Dib, se sumaron a la búsqueda. Su misión era determinar los motivos de la desaparición de la pequeña.
Los investigadores sumaron algunos indicios para torcer el rumbo de la investigación. Encontraron algunos puntos que les hicieron sospechar del entorno de la pequeña. Ellos fueron:
- La desaparición de Rocío fue a las 11 de la mañana, pero sus allegados recién la denunciaron más de cinco horas después.
- Los pesquisas descubrieron que Amalia Carolina Graneros, la mujer que denunció la desaparición de la niña, mintió sobre la situación de la pequeña. Dijo que la Justicia le había otorgado la tenencia de la niña y de su hermanito por una denuncia que había realizado en contra de su madre. También informó de la existencia de una prohibición de acercamiento en contra de la progenitora. Pero la información que había suministrado era falsa.
- Los vecinos del asentamiento La Chabela relataron que la niña era víctima de malos tratos por parte de sus tenedores. Contaron que recibía maltrato físico y que muchas veces la dejaban desnuda en la intemperie porque se orinaba encima.
El desenlace
El fiscal Ignacio López Bustos comenzó a sospechar del entorno de la niña. En medio de la búsqueda, los investigadores decidieron entrevistar a algunos de los miembros de la familia. Nieves Flores, la hija de la denunciante, relató que el 1 de julio a la madrugada su madre la llamó para que la ayudara porque Rocío se había broncoaspirado. Después contó que ella se presentó en la habitación que compartía su madre con Hernán Caro, donde intentó reanimarla sin éxito. Por último, señaló que ambos salieron en la moto con la pequeña, pero nunca aclaró que se hubieran dirigido al centro asistencial más cercano para que la asistieran.
Luego hablaron con Mauro Véliz, la pareja de Nieva, que confirmó las sospechas. Relató que su suegra y Caro habían ocultado el cuerpo de Rocío en una letrina donde le prendieron fuego para eliminar el cuerpo. Añadió que por pedido de Graneros, fueron hasta ese lugar, cargaron los restos en una bolsa arpillera y los diseminaron en varios lugares.
Los pesquisas se trasladaron hasta los sitios que había marcado Véliz y confirmaron la versión. López Bustos ordenó la aprehensión del arrepentido, de Graneros y de Caro que fue arrestado mientras trabajaba. El rastrillaje para encontrar los restos de la pequeña se extendió por varios días.
La teoría y el proceso
La teoría del caso de López Bustos fue clara. Caro y Graneros habrían sido los autores del crimen de la pequeña y Véliz los ayudó a deshacerse del cuerpo. El móvil, hasta aquí, presumiblemente fue para ocultar los abusos de maltrato infantil y los supuestos abusos sexuales de los que podría haber sido víctima la niña. Al no haber cuerpo, no se pudo realizar la autopsia que determinara cuál fue la causa de su muerte. Tampoco pudieron confirmar a través de esa pericia si había sido víctima de malos tratos. Sí recolectó testimonios suficientes para probar esa última cuestión.
Los hombres fueron acusados de homicidio agravado por ensañamiento, premeditado, con la participación de dos o más personas y por femicidio. En tanto que a la mujer solo le quitó el cuarto agravante. Si llegaran a ser encontrados culpables, recibirán prisión perpetua.
Pero el proceso viene demorado por diferentes razones. “Es lógico que ello ocurra. La fiscalía está haciendo un gran trabajo y lamentablemente toda la prueba que necesita para arribar una condena lleva su tiempo. La crueldad del crimen demora su resolución”, explicó el abogado querellante Humberto Castaldo. “Como se deben analizar cada uno de los restos encontrados, se han realizado más de 10 pericias genéticas y ya nos convocaron al control de varias más. Ni los defensores se oponen a que se extienda las preventivas”, añadió.
En la investigación del caso se presentó otro problema. Los imputados se acusan entre ellos del crimen. Tanto es así, que el defensor oficial Guillermo González debió aclarar que sólo defendería a Véliz porque había acusado a sus otros pupilos. El yerno de la mujer que se había apoderado ilegalmente de la pequeña -desde hace bastante tiempo, según confirmaron fuentes judiciales- está por firmar un juicio abreviado. Estaría dispuesto a contar todos los detalles del caso y aceptar que se lo condene por encubrimiento.
“Creo que no falta mucho tiempo para que el fiscal, después de recibir los resultados de las pericias, comience a afilar la punta del lápiz para resolver la situación procesal de cada uno de los acusados. O quizás, sume a otros, como puede ser la hija, cuya participación no está clara”, destacó Castaldo.
El fiscal López Bustos indicó que se están haciendo todos los procedimientos necesarios para esclarecer el caso. “Es un caso aberrante no sólo porque la víctima fue una niña totalmente vulnerable, sino porque sus autores realizaron maniobras realmente macabras para tratar de ocultar el homicidio”, detalló. “Cada vez estamos más cerca de un juicio oral y vamos trabajar incansablemente para que los acusados reciban la condena máxima”, finalizó.
La otra causa: no se definió aún la responsabilidad de la Dinayf en el caso
Al avanzar la investigación del crimen, el fiscal Ignacio López Bustos descubrió algunas de irregularidades. Una de ellas es que los responsables de la Dirección de Niñez y Adolescencia (DINAyF) no habían controlado cómo Rocío fue a parar en las manos de la familia que la habría asesinado. Tampoco habrían hecho un seguimiento para saber en qué estado se encontraba. Por ese motivo, envió una copia del expediente a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos para que investigue si se cometió un ilícito.
“En los últimos meses nos dedicamos a tratar de que los acusados sean encontrados culpables y que la señora recupere a su hijo más pequeño. Como el panorama ya se está esclareciendo, ahora nos dedicaremos a analizar ese expediente”, aseguró el querellante Humberto Castaldo.
El legislador opositor Ricardo Ascárate fue uno de los que más cuestionó a las autoridades por el trabajo que venían desarrollando y por lo que interpuso denuncias penales y pidió explicaciones. “Por la presentación que realicé renunció la secretaría Lorena Málaga que ahora es ministra de Desarrollo Social y la secretaria Mariana Cirelli. Después se confirmaron las graves fallas que habían cometido en este caso y que meses antes se sabía que la niña estaba en peligro. Albert Einstein decía la locura es esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas. Eso sucederá en Tucumán, habrá más niños muertos que deben estar al cuidado del Estado”, señaló. El parlamentario informó que le envió una carta al gobernador interino Osvaldo Jaldo para que informe cuál fue el resultado de la auditoría que ordenó realizar en el organismo y que los plazos de presentación ya están vencidos. “No me contestó, como tampoco lo hizo cuando le hice saber que ese control no podía ser realizado por el personal que trabaja en el área”, finalizó.
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