Por Álvaro José Aurane
05 Mayo 2022
IRREGULARIDADES. La Justicia Nacional Electoral detectó 215 inconsistencias en los datos de los proclamados. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
El informe de la Secretaría de la Justicia Nacional Electoral que detectó “observaciones” en 215 autoridades proclamadas de la UCR tucumana fue un cimbronazo en el centenario partido.
La más estridente de las irregularidades, consistente en haber ungido como vicepresidente de la junta departamental de Burruyacu a Juan Carlos Galván, DNI 24.098.756, quien lleva casi cinco años fallecido (murió el 5 de julio de 2017), ha desatado una soterrada búsqueda de responsables. No se trata de un mero “error”: para que un dirigente sea inscripto como postulante debe mediar su consentimiento expreso, traducido en la firma de un documento de “aceptación de candidatura”. Dicho de otro modo, es evidente que alguien debió firmar de manera apócrifa en lugar de Galván.
El hermetismo rodea esta cuestión, aunque anoche una alta fuente de la casona de Catamarca 851 filtró que hay un dirigente del este provincial, vinculado a una de las máximas autoridades de la junta de gobierno provincial del radicalismo, a quien se responsabiliza por la inclusión de Galván en la lista unificada.
Resolución
En donde no hay mutismo es en lo referido al resto de las irregularidades mencionadas en el informe que el secretario electoral Rogelio Rodríguez del Busto envió al juez federal de Tucumán con competencia electoral, Fernando Luis Poviña.
En concreto, el análisis del acta de proclamación de autoridades (junta de gobierno, convencionales provinciales y federales, delegados al comité nacional y juntas departamentales, tanto de adultos como de la juventud) da cuenta de personas a las que se anotó con DNI equivocados, o con DNI que no existen; o que no figuran como afiliados de la UCR o que aparecen en los padrones de otras fuerzas políticas.
Respecto de las afiliaciones, precisamente, la junta electoral radical emitió una resolución en la cual consigna que, para dar respuesta al oficio judicial remitido por Poviña a la UCR, “debemos contar con el elemento físico (fichas de afiliación) de las autoridades observadas por la Justicia Electoral, las cuales se encuentran en poder del ex interventor, José Argañaraz”.
Por ello, emplaza al actual concejal de la Capital a que “haga entrega” de esa documentación “recepcionada durante su mandato” como interventor.
Acción judicial
“El oficio remitido por la Justicia Nacional Electoral a la UCR le da a la impugnación que presenté en abril en contra de la proclamación de las autoridades”, manifestó Argañaraz a LA GACETA.
Convaleciente en el marco de un posoperatorio, el ex interventor de la UCR recordó que presentó dos impugnaciones durante el proceso de normalización del distrito. La primera es del 8 de abril y objeta la unificación de las listas Roja y Blanca y Roja - Número 3, porque la fusión no lleva la firma de todos los apoderados. La segunda es porque -sostiene- la lista proclamada el 11 de abril difiere de la oficializada el 8.
“En esa segunda impugnación detallamos la mayoría de las irregularidades que la Justicia Electoral Nacional consigna ahora. La proclamación de autoridades fue el lunes 11 y la Carta Orgánica de la UCR da 24 horas de plazo para impugnar, pero la junta electoral no se reunió el martes. Por eso acudí a la Justicia, que me respondió que no estaba acreditada la imposibilidad de haber entregado la impugnación en la sede del partido. Presenté un recurso de aclaración para que me informen si eso implica el rechazo de mi impugnación. Si es así, acudiré a la Cámara Nacional Electoral”, anticipó el concejal capitalino.
Las afiliaciones: fichas y años de antigüedad
La resolución 25 la junta electoral de la UCR apunta a una observación central del oficio judicial: hay 106 autoridades (37 adultos y 69 de la Juventud Radical) que no figuran como afiliados a la UCR. Por ello, la junta le exige al ex interventor, José “Lucho” Argañaraz, la entrega de fichas de afiliación que, asegura, están en su poder. “En el proceso interno se anexó un padrón con afiliados de septiembre y noviembre de 2021. Por ende, ninguno cumple los dos años de antigüedad. Y el artículo 57 de la Carta Orgánica exige esos dos años como afiliado para ser candidato en el radicalismo”, subrayó Argañaraz.
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