Por Álvaro José Aurane
04 Mayo 2022
“OBSERVACIONES”. Facsímil del informe de la Secretaría Electoral, en el que se da cuenta, incluso, de la proclamación de un afiliado que falleció hace casi cinco años.
Los “correligionarios” tucumanos concretaron el mes pasado la normalización del distrito, que estaba intervenido por el Comité Nacional de la UCR desde hacía casi cuatro años. Hubo actos, proclamaciones y hasta festejos.
Sin embargo, en la Justicia Nacional Electoral acaban de determinar que la regularización del radicalismo provincial presenta, en materia documental, severas anomalías. Entre las nuevas autoridades aparecen personas anotadas con un número de documento de identidad que no se corresponde con sus nombres y apellidos. Y están los que, inclusive, fueron inscriptos con DNI que no existen.
En la conducción de los diferentes órganos de gobierno hay, además, personas que ni siquiera figuran como afiliadas en los registros federales. Y otras que, directamente, aparecen empadronados en otras fuerzas políticas.
No son casos aislados. En total, hay “observaciones” respecto de 215 comprovincianos que ahora definen la vida política del centenario partido. Pero un caso en particular resulta en extremo estridente. Es el de Juan Carlos Galván. Fue distinguido nada menos que con una vicepresidencia de la junta departamental de Burruyacu. Sin embargo, el dirigente, con DNI 24.098.756, lleva muerto hace casi cinco años. Feneció el 5 de julio de 2017, según consigna el informe que la Secretaría Electoral elevó al juez federal de Tucumán Fernando Luis Poviña. En la penúltima de las 13 carillas del texto oficial se lee, casi como un desafío a la sintaxis, “Autoridades fallecidas”.
Inconsistencias
El 11 de abril, la junta electoral de la UCR tucumana proclamó las nuevas autoridades partidarias. Los afiliados habían sido convocados a las urnas para el 24 de ese mes, pero el proceso interno terminó arrojando una sola nómina de candidatos. Con las sucesivas renuncias que irían presentándose con el correr de los días se verificaría que se trataba de una lista “unificada”, pero no de “unidad”.
El acta de proclamación fue remitida por la junta electoral del radicalismo a la Justicia Nacional Electoral. No fueron pocas planillas: estaban los ungidos para la junta de gobierno y la convención provinciales; para cada una de las juntas departamentales; y los delegados al comité nacional y a la convención federal. A la par, las autoridades de la Juventud Radical, que se estructura con similares estamentos.
Cuando en la Secretaría de la Justicia Nacional Electoral con sede en Tucumán recibieron el expediente se toparon con un problema. “Del acta de proclamación surge que en algunos órganos partidarios se repiten nombres de algunos miembros, razón por la cual se dificulta el control de cumplimiento de la Ley de Paridad de Género”, consigna el informe enviado al juez Poviña. Para que se verifique la paridad de géneros, la mitad de las autoridades deben ser mujeres.
Sin embargo, este no fue el único inconveniente. “De la totalidad de la lista de autoridades proclamadas existen ciudadanos con observaciones”, consigna el informe refrendado por el secretario electoral, Rogelio Rodríguez del Busto.
En primer lugar, aparecen las “Autoridades que presentan matrículas de otros ciudadanos”. Suman 18 los casos.
Un convencional nacional suplente.
• La Presidenta de la junta departamental de la Capital.
• Los presidentes de las Juntas departamentales de Graneros (además de una vocal), de Simoca y de Leales.
• Las vicepresidentas de las juntas de La Cocha (además de una vocal suplente) y de Lules.
• Los vicepresidentes de las juntas de Río Chico (más una vocal), de Famaillá (más un vocal), de Cruz Alta y de Simoca
• Un vocal suplente de la Junta de Trancas.
• Una convencional provincial por Tafí Viejo y un convencional provincial por Leales.
Hay un anexo para los problemas de concordancia entre el DNI y el nombre y apellido de 12 autoridades partidarias de la Juventud Radical de los departamentos Lules, Monteros, Chicligasta, Alberdi, Río Chico, La Cocha, Yerba Buena, Simoca, Graneros y Cruz Alta.
A ellos se suman cuatro candidatos al Congreso Provincial de la Juventud.
En segundo lugar, el informe de la Secretaría Electoral da cuenta de 37 autoridades que no presentan en los registros oficiales la condición de afiliados.
• Dos son vocales titulares de la junta de gobierno provincial.
• Tres son presidentes de juntas departamentales.
• 10 son vicepresidentas de juntas.
• 22 son vocales, titulares y suplentes, de juntas.
En igual situación se encuentran cuatro convencionales provinciales: una por la capital, otra por Graneros y las restantes por Cruz Alta.
Tampoco figuran como afiliadas una delegada al comité nacional de la Juventud Radical y otros 68 miembros de distintos comités de la JR:
• nueve del comité provincial
• siete de Lules
• ocho de Monteros
• cuatro de Chicligasta
• cinco de Alberdi
• dos de Río Chico
• tres de Capital
• dos de Tafí Viejo
• cinco de La Cocha
• siete de Famaillá
• cuatro de Yerba Buena
• uno de Leales
• 11 de Cruz Alta
Otro tanto ocurre con 42 candidatos al congreso local de la JR.
Hay, complementariamente, 24 autoridades que figuran afiliadas a otros partidos. Entre ellos, dos convencionales provinciales y dos vicepresidentes de juntas (de Cruz Alta y de Trancas).
La lista se cierra con cuatro autoridades con DNI inexistentes. Dos son de la JR, otro es convencional provincial por Cruz Alta y el restante es es un vicepresidente de la junta de la Cocha.
Qué sigue: enmiendas, fichas y corrimientos
El informe de la Secretaría Electoral fue remitido a la junta electoral radical. Ese órgano de la UCR deberá rectificar los datos de los DNI que no corresponden con la identidad de los proclamados. A la vez, tendrá que enviar a la Justicia Nacional Electoral con sede en Tucumán las fichas de afiliaciones de las autoridades que no figuran en el padrón radical. En el caso del dirigente fallecido en 2017 deberá reemplazarlo por el que le sigue en la lista.
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