Caso Verón: testigos de un infierno

CONTRA LA PARED. Policías cordobeses vigilan en un allanamiento a los clientes de un centro de explotación sexual riojano. CONTRA LA PARED. Policías cordobeses vigilan en un allanamiento a los clientes de un centro de explotación sexual riojano.

La desaparición de María de los Ángeles Verón visibilizó un drama social que pocos querían ver hace 20 años: el infierno atravesado por las víctimas de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual. Al menos siete mujeres reconocieron haber visto a Marita en diferentes prostíbulos de La Rioja, pero también dejaron al descubierto la cruda existencia que les tocó soportar cuando estuvieron cautivas de los delincuentes.

Los engranajes eran aceitados por la complicidad de funcionarios de turno y, principalmente, por policías, que hacían la vista gorda al traslado de mujeres por distintas provincias. El sistema de captación era más o menos el mismo. Las engañaban ofreciéndoles trabajos en bares de diferentes provincias, pero cuando llegaban a esos lugares eran obligadas a vender su cuerpo. Recorrían los boliches y las bailantas en búsquedas de jóvenes que quisieran mejorar su situación de vida. Y también estaban las que sabían a qué viajarían. Las que no aceptaban la propuesta corrían el riesgo de ser secuestradas y llevadas a la fuerza. Había una sola situación que unía a todas las víctimas: eran retenidas por la fuerza durante el tiempo que los cabecillas de la organización establecían.

Érica fue una testigo que terminó de afianzar la pista de La Rioja. Ella contó que vendía su cuerpo desde los 13 años y aportó datos para señalar al policía riojano Domingo Andrada como reclutador de jóvenes, a las que llevaba a esa provincia o a Catamarca. En el expediente figura un diálogo que mantuvo la joven con Andrada, que estaba a punto de ser detenido por esta causa. Este es un extracto de esa charla:

- Andrada: ando buscando chicas para trabajar en La Rioja.

- Érica: ¿a qué boliche me querés llevar?

- A: se llama El Desafío. Vos sabés que ahí se trabaja bien y si querés ir, vamos…

- E: necesito un adelanto de $200…

- A: vamos. Cuando llegamos, te hacen un giro para que lo cobre tu mamá.

La mujer declaró que después de ponerse de acuerdo, partieron de viaje a las 5.30 del día siguiente y llegaron al centro de explotación sexual. “Entré y me hicieron hablar con las encargadas, que se llamaban Susana e Isabel. Me llevaron a una habitación que tenía un baño, una cama de dos plazas, un espejo en la pared y un placard de cemento, y que contaba con una puerta de ingreso sin ninguna clase de traba de seguridad”, detalló. Dijo además que se topó con Gabriela, Vicky y Lorena, hermanas oriundas de Simoca y que estaban retenidas contra su voluntad, quienes le explicaron cómo era el régimen laboral del local. El trabajo arrancaba a las 20 y terminaba a las 8 del día siguiente. “El 90% de las chicas que estaban ahí eran tucumanas”, añadió en su declaración.

¿Víctima o victimaria?

El impacto de su testimonio no se esperaba durante el juicio. Pero los cronistas de LA GACETA no dudaron en resaltar que las palabras que había emitido se transformaron en una bomba. Daniela Milhein, que estaba acusada de haber retenido a Marita antes de que fuera “vendida”, también contó la pesadilla que vivió en el momento más tierno de su existencia. “Me cuesta mucho expresarme y declarar. Tengo muchas presiones y miedo”, comenzó a decir. Para continuar, solicitó que su hija, que estaba embarazada de ocho meses, fuera retirada de la sala. Cuando la joven lo hizo, contó su vida.

Narró que sus padres, sin dar a conocer más detalles, la abandonaron a ella y a sus hermanos. Luego confesó que cuando tenía 16 años conoció a Rubén “La Chancha” Ale. “Estaba totalmente sola. Rubén me llevó a un local de calle Suipacha, creo que se llamaba Derby, y me dejó para prostituirme. Nunca estuve a la par de él porque haya querido, sino porque me obligaba”, señaló la imputada, que reconoció que el ex presidente del club San Martín, en ese tiempo, ya estaba en pareja con María Jesús Rivero.

Unos años más tarde, cuando Ale estuvo preso por el asesinato del oficial Juan Salinas (en 1993) ella pudo cortar la relación, de acuerdo a lo que declaró. Lo único que la ligaba a “La Chancha” era la hija que habían tenido juntos. Y agregó: “nunca cobré plata, él (por Rubén Ale) la cobraba”. “Además quiero aclarar que nunca fui su mujer, él me hacía trabajar para él. Mi hermano mayor intentó una vez rescatarme, pero le pusieron una pistola en la cabeza y lo sacaron del lugar”, expresó durante la audiencia.

Detalló que en 1995 viajó a La Rioja para prostituirse, ya que antes había probado suerte en Catamarca. No tuvo problemas en asegurar que lo hizo en el centro de explotación sexual Candilejas, que regenteaba Lidia Irma Medina, otra de las acusadas de la causa. “En ese tiempo la conocían como ‘Mamy Lily’”, afirmó. En el burdel trabajó unos 15 o 20 días y se fue porque no le pagaban. Para poder volver a Tucumán, invocó al nombre de “La Chancha” Ale, porque Medina no la dejaba regresar.

La versión de Milhein generó un sacudón en la audiencia. No sólo inculpó a nuevas personas, sino que comprometió la situación procesal de todos los otros acusados.

En la sala del juicio dio vuelta una pregunta: ¿puede una persona que haya sido víctima de una red de trata colaborar con la organización? “Las redes destruyen la personalidad de hasta la más fuerte, además de devorarles el alma y destruirles el futuro”, explicó María Rosa Ponce, ex compañera de Marita y ex abogada de la Fundación María de los Ángeles Verón. Los especialistas coinciden en señalar que algunas de las víctimas creen que su futuro sólo está asegurado si terminan transformándose en otro engranaje de las organizaciones. Las demás, las que sobreviven, terminan con tratamiento psicológico y psiquiátrico de por vida.

Vida de esclavas

El caso Verón visibilizó los mecanismos de las redes de trata. Así quedó al descubierto que en los centros de explotación sexual convivían jóvenes que habían sido llevadas por la fuerza con las que ingresaron por su propia voluntad. Pero el infierno era exactamente el mismo para todas. Sufrían idénticos calvarios y sus vidas estaban igualmente en peligro. “Había un salón con mesas y sillas y habitaciones en la planta baja y en la planta alta que eran utilizadas por las chicas con los hombres que les pagaban para tener relaciones a cambio de dinero”, relató Milhein, tirando por tierra todas las versiones de los otros acusados, que siempre sostuvieron que en sus locales las chicas trabajaban como coperas y que no se ejercía la prostitución.

Cintya ingresó al local Desafío en 2001. Una vecina, que estaba al tanto de los problemas familiares y económicos que padecía, le contó que había visto un aviso en el diario en el que buscaban chicas para trabajar en un bar de La Rioja. Ella y una amiga, con su hija, se contactaron con un tal Alejandro, quien a su vez la derivó a una persona a la que conocieron como Doña Claudia. Era nada menos que Azucena Márquez, otra de las acusadas en el caso. Se encontraron en la Terminal de Ómnibus y Alejandro les entregó los pasajes.

“No quería quedarme. No me importaba si me pagaban o no, me quería ir de ese prostíbulo. Con ‘doña Claudia’ hablé muy poco porque tenía un carácter muy fuerte, no se podía hablar con ella”, manifestó Cintya durante la audiencia. La testigo admitió que allí tuvo que prostituirse. “Éramos unas 25 a 30 chicas. Casi la mayoría eran brasileñas, pero también había chicas de La Rioja y de Tucumán. No me quedó otra que vender mi cuerpo, tenía que pagarme el pasaje para volver”, afirmó. Aunque no se llevaban registros de la cantidad de veces que atendió clientes, Cintya dijo que le correspondía el 50% de la ganancia. “Cuando me fui, ‘doña Claudia’ me pagó. Ella tenía anotado cuánto me tenía que descontar por las multas. No me importó, yo quería irme de ahí y tener por lo menos para el pasaje”, contó la testigo.

Multas era el sistema de castigo que aplicaban a las jóvenes cuando violaban alguna norma que imponían los encargados de los locales. Algunas de ellas eran:

- Negarse a atender un cliente.

- Cometer cualquier tipo de robo.

- No tomar las pastillas para dormir que les suministraban cada vez que terminaba la jornada laboral, que se extendía de 20 a 8 de la mañana.

- Presentarse en el salón mal vestida o mal arreglada.

- Conversar con una compañera en los horarios no permitidos.

- Maltratar a los encargados de los centros de explotación sexual.

Los dueños de los locales también eran una especie de jueces de faltas que decidían cuándo debían aplicarla y cuál sería el valor de la multa. Normalmente, según el testimonio, anotaban en un cuaderno la suma y la descontaban del trabajo que realizaban las mujeres. Eso sí, las anotaciones las manejaban a su antojo y, obviamente, siempre salían perdiendo las explotadas sexualmente.

Érica, una de las víctimas de la red que habían montado los riojanos, declaró que una noche, un hombre, sin razón alguna, le pegó una cachetada y ella se la devolvió. El cliente llamó al portero del local y éste le contó a José “Chenga” Gómez lo que había ocurrido. “Él vino y me dijo: ‘ese señor es un Policía Federal y aquí hace lo que se le canta las pelotas’. Me impuso una multa de $2.000 y estuve meses trabajando para pagarla”, señaló la joven, que supuestamente, había ingresado a trabajar por su propia voluntad.

Todas las testigos, de alguna manera, explicaron cómo era la vida que llevaban en el infierno al que habían ingresado. “Cuando entrás a trabajar en el boliche no podés salir a ningún lado, ni siquiera a la puerta. Después te suministraban una pastilla para dormir, la que debía ser tomada delante del encargado. Si no lo hacías, te la hacían ingerir a la fuerza”, confió Érica. ¿Por qué le suministraban ese medicamento? “Primero, para que descansáramos bien y al otro día estar con todas las pilas de vuelta. Después, para que estuviéramos dopadas todo el tiempo”, respondió.

En cada uno de los salones donde trabajaban las víctimas, según declararon en distintas etapas del proceso, había entre 20 y 27 chicas ofreciendo su cuerpo. Ellas se quedaban con el 50% del dinero que les pagaban. De esa suma, se descontaban las multas y otros gastos que se podía presentar, como un medicamento si llegaban a enfermarse. Escapar de esa pesadilla tampoco era sencillo. Los tratantes siempre ponían un precio. Y la falta se pagaba con la muerte. “Era el mensaje que ellos querían dar. En una oportunidad, me dispararon en una pierna y me curaron con whisky y una aguja de tejer”, describió Andrea R. Los crudos relatos no dejaron dudas: el caso Verón visibilizó el infierno que vivieron las víctimas de las redes.

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