Caso Verón: los sospechosos de siempre

La desaparición de María de los Ángeles Verón significó el principio del fin del denominado clan Ale. Durante más de 15 años, algunos de sus integrantes fueron mencionados en el caso, pero fueron los únicos que terminaron absueltos. Pero por la insistencia de Susana Trimarco, que nunca dejó de denunciarlos, el grupo, que estaba acostumbrado a dominar las calles de la provincia y a gozar de cierta protección política y judicial, terminó tras las rejas y después fueron condenados.

La detención de Daniela Milhein fue el primer eslabón de una cadena de indicios que terminó asfixiando a los miembros de una familia que siempre estuvo en las crónicas policiales. La condenada por haber retenido por la fuerza a Marita en una casa de Yerba Buena, fue pareja de Rubén “La Chancha” Ale, con quien tuvo una hija. Además, en el juicio, la mujer reconoció que la habría obligado a ejercer la prostitución antes de que fuera detenido. Pero faltaba otro golpe que complicaría al grupo.

La fiscala Joaquina Vermal había elaborado la teoría del caso. La joven de 23 años fue llevada a un centro de explotación sexual de La Rioja. Estaban identificados los que la tuvieron retenida hasta que fue vendida por $2.500 y se había determinado cómo la habían trasladado a esa provincia y cuáles fueron los lugares donde estuvo retenida en contra de su voluntad. Sin embargo, hasta ese momento no se había podido determinar quién o quiénes la habían secuestrado de la esquina de Thames y Santiago del Estero el 2 de abril de 2002. Y esa laguna investigativa desapareció con la declaración de dos hombres que, en algún momento de sus vidas, fueron víctimas del clan.

En marzo de 2004, se presentó ante la fiscala Teresita Marnero (fue una de las que subrogó a Vermal después de que falleciera) Simón Nieva. El hombre, temeroso, declaró que Víctor Rivero le había confesado que él había secuestrado a Marita por pedido de su hermana María Jesús, ex pareja de “La Chancha”. Dijo también que lo hicieron en un Fiat Duna blanco (otros testigos dijeron que era rojo) que pertenecía a la flota de la firma Cinco Estrellas, propiedad de Ale. El testigo clave reconoció además que en el pasado había tenido problemas con los Ale por cuestiones menores y que desde ese momento comenzó a recibir amenazas y aprietes por parte del grupo.

Para esa fecha, un desconocido presentó un escrito para informar que estaba dispuesto a declarar en la causa, ya que consideraba que tenía información valiosa para aportar. Pero nunca fue citado. Carlos Garmendia y José Dantona, que fueron los abogados que representaban la querella que había asumido Trimarco, pidieron que diera su testimonio durante el debate que se inició casi ocho años después. Julio Mohfaud aseguró haber vendido el boliche de avenida Belgrano al 2.700 a “La Chancha” Ale y a María Jesús Rivero por U$S 60.000 y que sólo le pagaron U$S5.000. “Quise hacer la denuncia ante la Justicia, pero ningún abogado quiere enfrentarlos, así que hasta ahora no pude cobrar lo que me corresponde”, explicó.

Luego dijo que, antes de que se concretara la operación, una de sus empleadas, que trabajaba como promotora del local, y una amiga le comentaron que los Ale utilizaban los boliches para hacer contactos con las chicas para trabajar en el mundo de la prostitución. Y fue más allá: “una vez que me relacioné con María Jesús Rivero me confesó que el negocio de los boliches no les interesaba porque lo más importante era conseguir chicas que luego eran llevadas a La Rioja y Catamarca”.

Conmoción

Los datos que vincularon a los Ale en la desaparición de Marita generaron conmoción en la provincia. Eran tiempos en los que el grupo comenzaba a apoderarse del club San Martín con la famosa Gerenciadora del NOA. En esos años, Rubén Ale dejó de ser “La Chancha” para transformarse en el “señor Rubén” y su ex mujer, como vicepresidenta del club, llegó a codearse con todo el mundo del fútbol, incluido el ya fallecido presidente de la AFA Julio Grondona que la consideró como un ejemplo porque supo ganarse un espacio en el Comité Ejecutivo de la entidad, donde funcionaba la “cocina” del deporte más popular del país. Años después se descubriría que el clan Ale utilizó al club que decían amar para realizar actividades ilícitas.

María Rosa Ponce, amiga íntima de Marita y ex abogada de la Fundación María de los Ángeles Verón, a 20 años de haberse producido su desaparición, recordó sus sensaciones. “Cuando nos enteramos de que Marita había desaparecido, nos instalamos en su casa para ayudar en su búsqueda o para hacernos cargo de su hija Sol Micaela, para que sus padres pudieran hacer los trámites. Nos enteramos de que los Ale también participaban en la búsqueda y que todos los vehículos de su empresa tenían fotos de ella. Comentábamos que era un buen gesto”, señaló. “Pero cuando salió a la luz su posible participación en el caso nos unió el espanto. Con el tiempo y después de haberme especializado en este tipo de delito, descubrí que normalmente estas organizaciones se ofrecen a brindar colaboración para encontrar a la víctima, cuando en realidad, lo hacen para desviar la investigación”, añadió.

Al ser públicamente vinculado a la causa, “La Chancha” Ale se presentó voluntariamente ante el fiscal Gustavo Estofán en noviembre de 2003 después de que un informe de Telenoche Investiga -ciclo de investigación periodística- involucrara a la remisería Cinco Estrellas en la desaparición de la joven. Su llegada a la fiscalía, que aún funcionaba en barrio Sur, generó un enorme revuelo. En su declaración dijo poco y nada. Sólo explicó que él conoció el caso cuando Daniel Verón se presentó en la remisería para solicitar su ayuda y que él se la dio para que buscara a su hija. Ante la prensa no respondió ninguna pregunta, pero sí habló su ex pareja. “Es hora de empezar a hablar, de que nos saquemos la careta. No estoy dispuesta a seguir quedándome callada mientras nos acusan con infamias todo el tiempo”, dijo María Jesús.

Días después le tocó a ella declarar en la fiscalía. Luego de haber negado todas las acusaciones que realizó Trimarco en su contra, disparó: “los Verón deben tener cargo de conciencia por lo que están haciendo. Fuimos los únicos que los ayudamos; cada vez que nos llamaron por teléfono, fuimos; pero son mal agradecidos. Hay que preguntarles a ellos qué pasó. No sé si mienten o no, pero sí sé que no dicen todo”.

En materia penal, no siempre un buen ataque es la mejor defensa que puede tener un sospechoso. Y la ex pareja de “La Chancha” lo supo rápidamente. En marzo de 2004, la fiscala Teresita Marnero consiguió que un juez autorizara su detención y la de su hermano. Lo hizo luego de que analizaran detenidamente las declaraciones de Simón Nieva. La investigadora, inmediatamente se inhibió de seguir con el expediente por las diferencias que tenía con Carlos Posse, uno de los defensores de los acusados riojanos.

Los buscaron en todos lados sin lograr arrestarlos. El voluminoso expediente ya había llegado a manos de la fiscala Adriana Reinoso Cuello, que llevaba pocos meses en el cargo. Los hermanos Rivero se presentaron acompañados por sus abogados, declararon y los dejaron en libertad. La investigadora, al solicitar que los detenidos sean enjuiciados, pidió sus sobreseimientos, pero el juez Víctor Manuel Pérez rechazó el planteo. El fiscal de Cámara Hernán Castellano, que debía resolver la diferencia, coincidió con el magistrado y ordenó que ambos sean enjuiciados.

El polémico fallo dictado por Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina, terminó absolviéndolos, al igual que a los otros imputados. La Corte Suprema de Justicia dio vuelta casi toda la sentencia. Y fue “casi”, porque confirmó la decisión del tribunal que declaraba inocentes a los hermanos Rivero. Después de casi una década, los acusados vinculados al clan Ale celebraron hasta el cansancio la resolución favorable. Pero no tenían mucho que festejar. Ya estaban siendo investigados por la justicia federal.

El principio del fin

Trimarco no se quedó con los brazos cruzados. Con todos los datos que había recolectado durante más de 11 años de investigación y con los elementos que surgieron en el debate, se presentó ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que investigara el patrimonio del clan Ale. “La banda estaba prácticamente instalada como en una especie de suprapoder que llegó a controlar hasta sectores de la justicia”, enfatizó José Sbatella, el titular del organismo que inició la investigación en contra de la organización. Descubrieron que estaban ante un posible caso de lavado de activos en un período que arrancaba en 2011 y terminaba en 2013 únicamente.

El proceso fue largo y cargado de polémicas. El fiscal federal Carlos Brito, con colaboración de la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sumaron pruebas en contra del grupo y el juez Fernando Poviña aceptó que sean enjuiciados. “La Chancha” arrastró a su hermano Ángel “El Mono” Ale, que jamás había estado bajo sospecha en el caso de la desaparición de Marita. María Jesús afrontaba a otros jueces con la esperanza de volver a ser absuelta. Ninguno de los acusados estaba tranquilo. A los cuatro vientos gritaban que eran víctimas de una persecución política del kirchnerismo, pero nada decían de que el macrismo también apoyó la investigación en su contra. A saber: el proceso en su contra se inició con Cristina Fernández como presidenta, pero culminó con Mauricio Macri como titular del Poder Ejecutivo nacional. No hubo ninguna grieta para perseguirlos penalmente.

Los Ale siempre habían salido airosos de los procesos judiciales a los que fueron sometidos. “La Chancha” fue absuelto y “El Mono” estuvo muy poco tiempo detenido por el doble crimen de Los Gardelitos, ocurrido el último día de 1986. También fueron sobreseídos en una causa por tenencia de armas de guerra que se les inició por el crimen de Juan Salinas, en un tiroteo en el que Ángel Ale salvó su vida. En las audiencias del juicio que se hizo en el fuero federal, los fiscales federales Pablo Camuña y Agustín Chit sostuvieron la acusación. En el debate, informaron que en la justicia ordinaria había más de 50 causas en su contra, de las cuales había varias archivadas, en otras terminaron siendo sobreseídos y en las menos esperaban desde hacía años ser enjuiciados. No quedaron dudas de que tuvieron protección judicial.

El caso no tuvo la trascendencia mediática del juicio en contra de los miembros de la red que había secuestrado a Marita, pero fue muy parecido porque aquí también se ventilaron las pesadillas que vivieron las mujeres que cayeron en su poder. En diciembre de 2017, el tribunal integrado por Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Domingo José Batule (reemplazó a Carlos Jiménez Montilla, que se excusó de seguir participando por una supuesta relación con los acusados) los halló culpables de haber integrado una asociación ilícita que ingresó dinero a la plaza financiera proveniente de actividades ilícitas como usura, extorsión, explotación económica del ejercicio de la prostitución y comercio de estupefacientes. En total fueron condenadas 13 personas y tres fueron absueltas. Los hermanos Ale, al ser considerados cabecillas del grupo, recibieron una pena de 10 años y María Jesús, seis. Se cerraba así un ciclo que había sido abierto por Trimarco a más de 15 años de la desaparición de su hija.