18 Marzo 2022
Foto de archivo.
El ex presidente de Perú Alberto Fujimori no prevé emigrar de ese país una vez que obtenga su libertad, a partir de que el Tribunal Constitucional (TC) avaló el indulto que en 2017 había dictado el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Así lo indicó su hija, Keiko Fujimori, en diálogo con los medios de prensa. "Él se queda en el Perú; y vamos a pasar todos los exámenes acá, con los médicos peruanos. Mis hermanos y yo estamos decidiendo que una vez que mi padre recupere su libertad, la prioridad y como lo hemos venido diciendo desde hace varias semanas, es su salud", explicó la ex candidata a presidenta en los comicios del año pasado en ese país.
Fujimori, que fue presidente de Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre de 2000, había sido condenado en 2009 a 25 años de prisión por dos masacres ocurridas durante su Gobierno.
Algunos medios peruanos había difundido la versión sobre la posibilidad de que, una vez liberado, el ex mandatario se radicaría en el exterior `para evitar una eventual marcha atrás en la sentencia que permite su excarcelación.
Su defensa logró que el TC restablezca el indulto humanitario de Kuczynski de fines de 2017, que había sido anulado en 2018 por la Justicia peruana, que ordenó su retorno a prisión.
Fujimori tiene nacionalidad japonesa, y en 2000, en medio de una crisis política, había huido a Tokio, desde donde renunció a la presidencia vía fax. Luego se radicó en el país asiático, se casó con una empresaria nipona y hasta se postuló al Senado japonés.
"No sabemos los tiempos para su libertad aún, ojalá sea hoy, pero puede ser el lunes o martes", detalló su hija.
Para la salida del ex presidente restan trámites administrativos, entre los que figura la notificación al sistema penitenciario.
La decisión de ayer del TC generó una ola de rechazos; sobre todo, por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, a las que hoy se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"La CIDH manifiesta profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de Alberto Fujimori. Afecta el derecho a la Justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la CIDH en los casos Cantuta y Barrios Altos", expresaron los directivos de la CIDH, mediante un comunicado.
Fujimori fue condenado como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta (1991 y 1992) cometidas por militares, así como por los secuestros de un empresario y de un periodista tras el autogolpe de Estado que dio en 1992.
Ayer protestaron por el fallo el presidente, Pedro Castillo -que anticipó que recurrirá a la Corte IDH-, la vicepresidenta, Dina Boluarte, y varios legisladores.
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