EN EL SENADO. El oficialismo movió sus piezas por le norma.
Después de imponerse por la mínima diferencia en la Cámara de Diputados y lograr la aprobación de la ley que modifica el límite no imponible sobre el impuesto de Bienes Personales, el oficialismo movió sus piezas para que la iniciativa obtenga dictamen en el Senado y quede vigente la semana próxima, después de su tratamiento.
En la comisión de Presupuesto de la Cámara alta se aseguró que la propuesta oficialista “tiene beneficios para las franjas más bajas de la estructura económica” y también prevé la actualización anual, para no estar necesitando nuevas leyes para ir actualizándolo. Además, se destacó que unos 500.000 contribuyentes se beneficiarán con esta elevación del mínimo a 6 millones de pesos, pero aún se desconoce qué cantidad de ese total corresponde a las provincias y mucho menos se sabe sobre los recursos que recibirá cada jurisdicción sobre el fondo que pretender conformar el Poder Ejecutivo con el incremento en las alícuotas para los patrimonios más altos. Así, se pasará de 1,25% a 1,50% para aquellos que superen los 100 millones de pesos y hasta 300 millones; mientras que para los de más de 300 millones se incrementará en 1,75%. Además, se mantiene el 2,25% sobre los bienes en el exterior.
La discusión de ayer también anticipo lo reñida que será la sesión del próximo 29. Aunque no adelantó la postura que tomará el bloque de Juntos por el Cambio -cuenta con 33 senadores sobre 35 del Frente de Todos- Martín Lousteau cuestionó que se vuelva a tratar este tema por los cambios propuestos.
En diálogo con LA GACETA, la diputada Lidia Ascárate indicó que el informe presentado por el Frente de Todos en la Cámara baja no detalló la cantidad de beneficiarios por provincia y cuestionó los cambios que impulsó el oficialismo porque “hay contribuyentes con alto patrimonio y bajos ingresos” y de esta manera “se afecta principalmente al capital de trabajo”. “Con la suba de las alícuotas se incluirían unos 15.000 contribuyentes. El impacto de estas medidas adicionales se calculan, según la OPC en $31.600 millones y de los de los cuales $17.000 millones serían para las provincias”, detalló.
