Presentaron un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años

Presentaron un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años

La iniciativa fue presentada por el diputado de Juntos por el Cambio Luis Petri.

Luis Petri, diputado nacional (UCR-Juntos por el Cambio). Luis Petri, diputado nacional (UCR-Juntos por el Cambio).
10 Noviembre 2021

El diputado Luis Petri (UCR-Juntos por el Cambio) presentó este miércoles un proyecto de ley que busca establecer la responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 14 años al momento de la comisión de un delito.

"La finalidad principal del sistema de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral e interdisciplinario", señala la iniciativa.

El parlamentario consideró que es  "necesario consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil, despojado de todo resabio tutelar, estableciendo a partir de los 14 años un proceso de responsabilidad penal".

"De lo contrario, supone consagrar la impunidad por el crimen anticipadamente por vía legal, clausurando cualquier posibilidad de justicia para la víctima de manera individual, pese a que su autor estuvo en condiciones de comprender la criminalidad del delito cometido", agregó.

Petri señaló además que la Argentina es uno de los países con más alta edad de imputabilidad del mundo. "La gran mayoría de países de Latinoamérica y Europa incluyen a los menores en sus regímenes de Responsabilidad Penal Juvenil a partir de los 14 años (Chile, Colombia, Paraguay, España, Alemania, Italia), 13 años (Uruguay, Francia, Guatemala, Nicaragua), o 12 años (Costa Rica, Ecuador, Perú), entre muchos otros países", enumeró.

"Los crímenes no pueden quedar impunes en la Argentina cuando quien los cometió comprendía la criminalidad del hecho, y por eso debemos dar el debate de un Sistema Integral de Responsabilidad Penal Juvenil", remarcó.

El radical aclaró que ese sistema debe "disponer penas y establecimientos para su cumplimiento diferenciado, prever medidas alternativas a las de prisión conforme a la gravedad del delito, garantice el derecho de defensa y el debido proceso, erradicar todo resabio tutelar y tener la capacidad de evitar y prevenir la escalada criminal de menores en conflicto con la ley penal, aumentando las posibilidades de resocialización y otorgando una tutela judicial efectiva a las víctimas".

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