Muy bueno para la democracia es el sometimiento a juicio político a jueces y funcionarios para comprobar si hubo o no “faltas graves” en su accionar, llevando adelante las denuncias interpuestas por ciudadanos o instituciones. En estos últimos tiempos hubo varios planteamientos en ese sentido, tales como al ministro Fiscal, un vocal de la Corte, a numerosos jueces de paz, etc. Hete aquí que no llegaron al alto tribunal legislativo, archivándolos en tiempo récord. En el caso de jueces de paz, que habiendo declarado ante la prensa que cobraban “$6.000” por los servicios de realizar casamientos fuera de horarios de oficina y lejos de su jurisdicción, uno de los principios de la Justicia es que a confesión de parte, relevo de prueba. Escribo esta carta porque acabo de leer en vuestro prestigioso diario que un ministro fue liberado olímpicamente de 22 acusaciones en su contra (¿en ninguna tenía la culpa?). Soy hermana del ex juez de paz de Los Gómez, Leales, quien fue destituido por el “honorable” Jury de enjuiciamiento en mayo de 2018 por una “nimiedad”, según la periodista Irene Benito en su nota de LA GACETA del 27 de julio de 2020, comentario que es real y puedo agregar que fue injusto y discriminatorio; este hombre fue dejado en la calle, a su suerte, a los 58 años de edad con un importante caudal de deudas asumidas en actividad, sufriendo él y su familia por no poder afrontar los pagos de las mismas. A mi modesto entender, por todos los casos arriba mencionados, a mi hermano “lo cepillaron” por no pertenecer a la élite de jueces y funcionarios que poseen protección especial, de lo que hasta un neófito se da cuenta.
Mercedes Núñez de Vallejo
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