La muerte del líder de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en la prisión de la Base Naval del Callao, abrió un debate inesperado para el gobierno de Perú sobre el destino del cadáver. Un sector sugiere que este sea incinerado y arrojado al mar; otros sostienen que se debe seguir cumplir la ley y entregar el cuerpo a su familia, e incinerado sólo si el cadáver no es reclamado. Su última esposa, Elena Iparaguirre, lo reclama.
El domingo, a través de su cuenta de Twitter, el gobierno aclaró que no le corresponde decidir y que es competencia del Ministerio Público. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, precisó que la Ley General de Salud establece que el cuerpo debe ser entregado a un familiar. Sin embargo, consideró que debe analizarse el caso por tratarse de un terrorista y “un genocida”.
“No es digno es que terceras personas que no tienen que ver nada con el tema quieran decidir qué hacer con los restos”, fue la respuesta del abogado de Iparaguirre, en conferencia de prensa.
