ANHELO. Los trabajadores quieren ver humear las chimeneas. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI
La doctora María Estela Casares, jueza Civil y Comercial Común de la VII Nominación, a cargo del concurso preventivo de Complejo Agroindustrial San Juan SA, resolvió la intervención para coadministrar el giro comercial del ingenio que desde hace tres años gestiona, bajo la figura legal de un cram down (salvataje), la firma Constructora del Tucumán SA, del Grupo Omil.
En la resolución de 11 carillas, la letrada dispone, por ahora, “no hacer lugar” al planteo de Constructora SA de “resolver en forma urgente el salvataje” del concurso, y ordena que la actual gestora de los activos y pasivos del San Juan “sea intervenida judicialmente en grado de coadministración” por 12 meses con la posibilidad de prorrogarla “mediante prueba de necesidad”.
La letrada considera que la designación busca “preservar la integridad patrimonial del ente concursado” para darle mayor seguridad, control y orden a la gestión para beneficio de la sociedad concursada y de los demás interesados. De esta manera, la actual administradora no podrá realizar ningún acto del giro comercial sin contar con la conformidad del coadministrador/res.
Al respecto, la resolución judicial dispone que la designación recaiga en dos peritos judiciales de la lista “especialidad interventor judicial”, acto que se concretará a través de un sorteo digital el miércoles próximo a las 10, con la presencia de funcionarios del concurso y del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.
La intervención deberá adecuar su gestión a las facultades fijadas por la jueza. Entre ellas, realizar actos comerciales y administrativos sobre los bienes de la concursada; cuidar el cumplimiento de las leyes vigentes y poner en regla las normas incumplidas.
También deberá preservar los fondos sociales en las cuentas bancarias y girará sobre la única cuenta abierta a la orden de Constructora SA. Y añade la resolución que la intervención “cuidará la contabilidad de la empresa”, y deberá “normalizar la situación laboral de los empleados permanentes y transitorios”, priorizando la situación de quienes están en condiciones de jubilarse.
La cogestión, según ordenó la jueza Casares, tendrá que ir licuando las cargas laborales, sindicales y de seguridad social pendientes, y, lo más determinante, también coadministrará los ingresos de fondos, en especial de los arriendos de tierras, y normalizar la relación comercial con los arrendatarios.
Respecto de las condiciones del ingenio, la magistrada dispuso que la intervención atienda las reparaciones citadas en el informe del perito mecánico, para preservar la estructura de la fábrica y evitar mayores deterioros, robos y usurpaciones. En los considerandos de la resolución se evalúan los incumplimientos de Constructora SA, tanto en rendiciones como en las obligaciones salariales.
