Por Álvaro José Aurane
04 Agosto 2021
La constitucionalista Gilda Pedicone de Valls hace responsable al gobernador Juan Manzur por los afiches firmados por la Juventud Peronista, en la que es tildada de “golpista” y se exige su “renuncia”. La doctora en derecho es directora de la Asesoría Letrada de la Legislatura, pero no menciona ese cargo en la carta documento que ayer despachó al titular del Poder Ejecutivo.
La profesora titular de la cátedra de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNT intima a Manzur a que en 48 horas haga cesar “la colocación de afiches en la vía pública que constituyen un ataque ilegal a mi honra y reputación realizadas por la Juventud Peronista, organismo bajo su conducción y responsabilidad según el artículo 5° de la Carta Orgánica” del Partido Justicialista, que el gobernador preside actualmente.
La también profesora titular de Derecho Constitucional en la Unsta le exige al gobernador, además, “desautorizar públicamente, y con idéntica difusión, la referida práctica”, a la vez que “emitir un desagravio concreto a mi persona, con el objeto de una adecuada reparación”, tanto en los términos del artículo 1.071 del Código Civil y Comercial como del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Protección de la Honra y de la Dignidad”). Finalmente, la fiscala de Estado durante el gobierno de Antonio Domingo Bussi (desempeñó el cargo entre 1996 y 1999) emplaza al mandatario provincial a “ldentificar a los autores -de los afiches- (nombres, apellidos, domicilios); la imprenta en la que se confeccionaron y las personas que los colocaron”.
Si venciere el plazo y ninguna de las acciones hubiera sido llevada a cabo, o si hubiesen sido concretadas de manera insuficiente, Pedicone de Valls anuncia que iniciará las acciones civiles contra Manzur “por la intromisión en la esfera de mi intimidad de manera ilegítima y abusiva”; y también acciones penales “como autor intelectual de los delitos contra el honor”. Al respecto, hay dos advertencias que no son menores en la carta documento enviada a la sede del PJ, en Virgen de la Merced 157.
La primera es que solicitará la aplicación del artículo 117 bis del Código Penal: “Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la (pena) accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena”.
La segunda es que la jurista no demandará al Gobierno sino a Manzur. “hago expresa reserva de reclamarle de manera personal y directa la indemnización de los daños materiales y morales causados que inicial y estimativamente fijo en $ 100 millones”.
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