Bussi objeta un fallo de la Cámara Federal

Luego de haber sido sobreseído por el juez federal Fernando Luis Poviña en diciembre, que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán haya resuelto el mes pasado remitir la causa por presunto atentado a la salud pública contra el legislador Ricardo Bussi a la Justicia configura “un fallo con ribetes despóticos”. Así lo sostiene Juan Colombres Garmendia, el abogado defensor del presidente de Fuerza Republicana, en el recurso de casación que interpuso ayer contra la sentencia que declara la incompetencia del fuero federal para entender en la denuncia del abogado Emilio Mrad, según la cual Bussi acudió en marzo de 2020 a una sesión legislativa pese a que, presuntamente, presentaba síntomas compatibles con Covid-19.

Colombres Garmendia solicita que se anule ese fallo y que se aparte a los miembros del tribunal que ya se pronunciaron.

Sostiene el escrito que el pronunciamiento de la Cámara afecta derechos y garantías constitucionales porque “echa por tierra” el sobreseímiento dictado en favor del opositor. Si se remitieran las actuaciones a los tribunales provinciales, alega Colombres Garmendia, Bussi debería ser investigado otra vez por una denuncia respecto de la cual fue sobreseído. Ello riñe con la Carta Magna y también con el sentido común, sostiene el defensor.

En la etapa de la instrucción, “nunca se cuestionó la competencia de la Justicia Federal”, recuerda. Luego, cuando se dictó el sobreseímiento, el Ministerio Público Fiscal de la Nación objetó el fallo, “pero nunca fue cuestionada la competencia del fuero federal. Es más, nunca fue materia de discusión”, subrayó el letrado.

Colombres Garmendia argumenta que el sobreseimiento es “cosa juzgada -apelada-”, por lo que la sentencia que declara la incompetencia del fuero federal es “extemporánea, contraria al derecho de defensa en juicio, a la garantía del juez natural y al derecho de propiedad”. Justamente, alega, el fallo favorable ya es parte del “patrimonio” de su defendido, y esta declaración de incompetencia lo afecta.

El letrado hace hincapié en que los hechos denunciados contra su defendido “involucran intereses de la Nación, en este caso, la propagación de un virus”. Y advierte que la Cámara Federal de Tucumán es el único órgano jurisdiccional del país que declarando su incompetencia en la materia.