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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtieron sobre la gravedad institucional de los ataques contra la periodista de LA GACETA, Irene Benito, a través de denuncias penales y de pedidos de destitución de jueces que forman parte de “un intento de criminalizar la actividad” de la redactora.
Fopea, a través de un comunicado titulado “Libertad de Expresión”, y Adepa, por medio de dos tuits, se refirieron al segundo pedido de juicio político presentado hace nueve días ante la Legislatura por el abogado Alfredo Falú contra el juez de Impugnación Penal Enrique Pedicone, a quien acusa de mala conducta y de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo, y a quien le enrostra haber favorecido a la empresa Factor SA y a la familia de la periodista en una causa penal. También sostiene que Irene Benito y el juez formarían parte de un grupo de poder y que ella “tergiversa sus notas periodísticas en beneficio de los integrantes de dicho grupo y en perjuicio de quienes ellos entienden que se interponen a sus intereses (entre los que se puede citar a la mayoría de integrantes del MPF, del MPD y de aquellos que tengan o hayan tenido alguna relación con el Gobierno de Tucumán, del que dicho grupo es opositor)”.
Anteriormente, en noviembre, Falú había entablado una querella criminal contra la periodista y contra el ex titular del Colegio de Abogados, Ramón Francisco García Posse, acusándolos de defraudación contra esa entidad por la escritura de un libro de estilo. García Posse, en su momento, dijo que Falú buscaba vengarse a partir de la invención de una “patraña”. Benito aseguró que era perseguida por defender la libertad de prensa y la independencia judicial, valores propios del periodismo profesional y de la democracia republicana. “Basta con leer la denuncia para advertir muy claramente que a lo que verdaderamente se refiere el abogado Falú es a mi labor en LA GACETA, en especial cuando menciona los casos ‘Rigourd’, ‘Teves’, ‘Pedicone’ y ‘Mayol”, explicó, y pidió a la fiscala Mariana Rivadeneira que la causa sea archivada.
Ahora, ante la nueva denuncia de Falú, Fopea describió que “la colega sufre desde hace un tiempo una campaña de desprestigio, de acoso y de hostigamiento a partir de sus publicaciones y columnas de opinión en el diario en LA GACETA, en las que desnuda el entramado político y judicial de la provincia. Los embates de sectores judiciales y de abogados ligados al oficialismo gobernante ahora se posaron sobre la familia de la periodista, mediante denuncias penales y planteos contra magistrados ante la Legislatura provincial, con el único propósito de amedrentarla y de deslegitimar el trabajo que realiza”, En este sentido, Fopea alerta que “se trata de un nuevo nuevo paso hacia la criminalización del periodismo, una actividad que goza de la más amplia protección constitucional”. La entidad analizó que “en el ejercicio diario los periodistas entrevistan, intercambian mensajes y hasta generan vínculos de confianza con numerosas fuentes informativas, pero jamás se les pueden delegar responsabilidad o adjudicar convivencia con los actos que estas concreten. Atacar esta rutina del oficio e involucrar las acciones privadas de allegados a un periodista con su actividad profesional sólo alimenta el hostigamiento y la persecución contra la prensa”.
Por su parte, Adepa describió en sus tuits que “en el marco de un pedido de juicio político a un magistrado en Tucumán, un abogado asesor del Poder Ejecutivo local afirmó que Irene Benito, periodista de @LaGacetaTucuman, se habría dedicado a promover la figura del funcionario a cambio de fallos favorables”. Agregó que “la acusación, que se suma a una denuncia penal oportunamente rechazada por Adepa, forma parte de un intento de criminalizar la actividad de una periodista que cubre graves hechos de corrupción político-judicial en su provincia”.