Por Marcelo Aguaysol
08 Enero 2021
La decisión era inevitable y había que adoptarla cuanto antes para evitar un incremento mayor en el servicio. El hermetismo se mantuvo hasta último momento, cuando el Boletín Oficial de la Provincia difundió las 155 páginas de la resolución 645 del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) que autorizó para que la Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán (EDET) pueda incrementar un 37% promedio la tarifa del servicio que presta a más de 500.000 clientes en la provincia. Será en dos tramos: el primero, del 23,4%, impactará en la próxima boleta; el segundo, de un 13,6%, regirá a partir del 1 de abril. En la Casa de Gobierno señalaron a LA GACETA que la distribuidora había pedido un aumento mayor, del 59%. Desde la empresa, a su vez, puntualizaron que la Revisión Tarifaria Integral venía demorada desde junio de 2019 y que la inflación ha desplazado todos los costos inherentes al servicio, desde los salarios, pasando por los insumos, hasta los materiales que la compañía necesita para sostener el servicio de electricidad, varios de ellos dolarizados.
En tiempos electorales, hablar de incremento de tarifas es impopular porque un reajuste impacta negativamente en el humor social. De todas maneras, la gestión del gobernador Juan Manzur aceleró la decisión política para evitar “ruidos electorales” cuando el año esté más avanzado, independientemente de que el contrato que la Provincia firmó con la distribuidora indique que esa decisión debe tomarse no más allá de los 120 días del debate tarifario. Nunca se llegó a ese escenario desde que el servicio de electricidad ha sido privatizado en la provincia. Manzur invoca al vicegobernador Osvaldo Jaldo, que está de licencia, al momento de anunciar otra medida que amortiguará los efectos socioeconómicos del aumento de la luz: la definición del retorno de la tarifa social. En efecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, detalló que ese subsidio que se otorgará a 164.882 medidores residenciales para impactar en 780.000 personas en situación de vulnerabilidad. La base de ese empadronamiento ha sido el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) nacional 311 que, en su artículo 3, detalla que son los beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; los que cobran Pensiones no Contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; los usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social; los jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, como así también los trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas con aquel ingreso y los usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo. Esos subsidiados residenciales representan el 35% del total de usuarios residenciales en Tucumán.
La resolución del Ersept establece que la concesionaria del servicio eléctrico aportará $ 800 millones para subsidiar a los usuarios en condiciones de vulnerabilidad hasta fines de este año. Por el lado del Valor Agregado de Distribución (VAD), los aumentos por efecto inflacionario, no se darán hasta noviembre, cuando otra vez se analice el impacto de la situación macroeconómica en el país sobre los costos de la distribuidora. En el medio de este proceso puede haber otro reajuste, el que defina la Nación sobre los costos mayoristas de la electricidad. Este escenario lleva a la conclusión que el problema de fondo no es sólo la tarifa, sino la inflación que, en los últimos meses ha mostrado signos de aceleración y que, por esa razón, se han incrementado otros precios como el de los combustibles.
Ahora bien, ¿cuánto pagará un usuario residencial tucumano con los aumentos que se vienen? Un cálculo del ente regulador explica que una tarifa promedio residencial mensual (sin impuestos) abonará $ 1.302 sin contar los impuestos en enero, mientras que no el reajuste de abril, la boleta se irá a $ 1.446. Sumando la carga tributaria, para el primer caso, la factura se irá a unos $ 1.800.
El Ersept también hizo la simulación para el caso de las tarifas máximas residenciales mensual, que incluye a casi el 95% de los usuarios, sin impuestos. En enero pagarán, en promedio, $ 3.289, mientras que en la boleta de abril el importe será de $ 3.709. Este último importe se irá a $ 4.400 si se agregan los impuestos que se facturan en la tarifa eléctrica.
En el caso de la tarifa promedio residencial con Tarifa Social, la boleta de este mes puede llegar con un importe de $ 906 y la de abril con $ 980, sin impuestos.
En cuanto a la tarifa máxima con tarifa social, hasta el 95% de los usuarios, sin impuestos, la boleta puede ser de $ 2.565 y la de abril de $ 2.770.
El resto de las tarifas comerciales e industriales sufrirán un incremento cercano al promedio.
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