SENADORA NACIONAL. Silvia Elías de Pérez en una imagen de archivo.
Comenzaron las gestiones para exponer la crisis institucional tucumana en organismos internacionales de aplicación de tratados vigentes en la Argentina.
La senadora Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio-UCR); las fundaciones Iniciativa de Pensamiento Colectivo (IPEC), y Federalismo y Libertad, y las denunciantes Roxana Teves, Imelda Rosa Tripke y Romina Dip requirieron una audiencia a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y solicitaron que allí esté representado el Gobierno argentino. Según los peticionarios, el Poder Judicial provincial carece de independencia y garantiza la impunidad de la corrupción, y los tucumanos no gozan del derecho efectivo al acceso a la justicia. La presentación da como ejemplos del desconocimiento de los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos el homicidio de Paulina Lebbos y la denuncia contra Daniel Leiva, vocal de la Corte.
El documento precisa que los fines de la audiencia son presentar un panorama de la decadencia institucional e interesar a la CIDH para que haga un seguimiento que lleve a revertir la crisis.
Elías de Pérez, las fundaciones y las denunciantes describieron a Tucumán como uno de los distritos argentinos con peores indicadores sociales. Citando estadísticas públicas y de universidades, dijeron que es una de las jurisdicciones con mayor cantidad de pobres; que es la provincia donde el menor porcentaje de la población dice confiar en los Tribunales, las fiscalías y las fuerzas policiales, y que exhibe la tasa de homicidios dolosos más alta del país (8,4 por cada 100.000 habitantes), cifra que casi duplica la media nacional. “Estamos sumergidos en una continua escalada de violencia institucional. Desde hace varios años que se registran homicidios en manos de fuerzas de seguridad provinciales como los casos de Ismael Lucena (2011), María José Gordillo (2012), Adrián Astorga (2014) y Miguel Reyes Pérez (2016). Especial gravedad tuvo el asesinato por parte de dos policías provinciales de Facundo Ferreira, un niño de 12 años (2018). Y en la cuarentena dispuesta por la covid-19, se registraron las muertes de Luis Espinoza y Walter Ceferino Nadal. El Estado no ha dado respuestas políticas ni judiciales a este fenómeno”, refirieron.
“Dramático”
En cuanto al caso “Lebbos”, los peticionarios dijeron a la CIDH que este homicidio sucedido en 2006 refleja la violencia y la degradación institucionales: “muestra la falta de un Poder Judicial independiente e imparcial. Es una causa con notoria trascendencia política por involucrar a personas cercanas al Gobierno provincial a quienes se sindicaba como responsables. Transcurridos más de 14 años, el crimen continúa sin resolverse: el único acusado fue absuelto en 2019, habiendo sido solo condenados por encubrimiento (un delito con una pena menor) ex funcionarios públicos y el ex jefe de la Policía”.
La nota dirigida a Pulido recuerda que Carlos Albaca, el ex fiscal de la causa, fue acusado de incumplir su deber, de promover la represión y de encubrir a los homicidas de Lebbos, pero su enjuiciamiento está dilatado. “Estos delitos se habrían perfeccionado a partir de la omisión de profundizar pistas; de solicitar adecuadamente informes telefónicos; de practicar en tiempo y forma el análisis de ADN de los cabellos hallados entre los restos de la víctima, y de atender las propuestas investigativas de la Policía, y por haber mantenido la causa bajo secreto de sumario durante años ocultando la situación al mismo padre de la joven”, resume.
Los firmantes se detuvieron en la cúpula judicial y especificaron que todos menos la presidenta Claudia Sbdar habían sido funcionarios de los dos últimos gobernadores. Además, plantearon que el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, era tío de la vocal Eleonora Rodríguez Campos: “en forma previa a ser designado jefe de los fiscales en 2014, Jiménez fue ministro de Gobierno y Justicia de José Alperovich por más de 10 años. Los cargos más altos dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público de Tucumán están ocupados por ex funcionarios de confianza de quienes hace 17 años encabezan el Poder Ejecutivo”. Añadieron que Facundo Maggio, sobrino político de Jiménez y cuñado de Rodríguez Campos, es juez de Instrucción al Tribunal de Impugnación. “Siendo juez, Maggio sobreseyó a Alperovich, al gobernador Juan Manzur y a más de 40 funcionarios denunciados en un proceso que debía esclarecer el uso indebido de fondos del Poder Legislativo provincial (gastos sociales)”, agregaron.
La presentación indica que el escándalo que involucra a Leiva ilustra el nivel de influencias internas y externas que afectan al Poder Judicial. Y explica que Enrique Pedicone, juez de Impugnación, denunció a Leiva “por injerencia y presiones” respecto de un legislador acusado de presunto abuso sexual y corrupción.
“La situación sucedió en una reunión entre ambos jueces, que Pedicone grabó y puso a disposición del Ministerio Público Fiscal. Según la prueba, el vocal de la Corte llevó adelante la gestión por pedido de Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo. El accionar de Leiva es completamente contrario a lo que corresponde a un integrante de la Corte. Contrasta con los estándares mínimos exigidos sobre independencia judicial”, opinaron.
La nota especifica que en Tucumán la corrupción no recibe castigo y que esto es otro “claro ejemplo de un Poder Judicial sometido a las presiones políticas”. Además, precisa que la provincia carece de leyes de Acceso a la Información y de Ética públicas. Y que este estado institucional “dramático” perjudica a los sectores más postergados: “en la Justicia tucumana, las víctimas se encuentran en una situación de vulnerabilidad e indefensión frente al poder político que maneja las causas. No solo por la falta de acceso a los expedientes, como ocurrió en el proceso ‘Lebbos’, sino por el complejo entramado de relaciones entre abogados defensores, fiscales y jueces descrito en esta solicitud”.
