Tono conciliador de la Legislatura hacia la Corte

La tercera semana de la crisis institucional detonada por la denuncia del juez Enrique Pedicone contra el vocal Daniel Leiva, por presunto tráfico de influencias, coacción y violación a los deberes de funcionario público, comenzó con una actitud conciliadora por parte del Poder Legislativo hacia el Poder Judicial. Ayer se conoció que el vicegobernador Osvaldo Jaldo remitió ayer una carta de reconocimiento a la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Sbdar, por la respuesta que ella brindó a un requerimiento de información que le había cursado el parlamento local.

El pasado viernes 4, la Legislatura envió a la titular de la Corte un pedido de informes, firmado por el presidente subrogante del cuerpo, Regino Amado, y por tres presidentes de comisión, en el que solicitaban el detalle de 107 fallos de Pedicone mediante los que -según Leiva- el ex camarista había dispuesto, en menos de un año, la liberación de más de un centenar de procesados por delitos graves. Ese mismo día, el propio Leiva respondió esa nota. El pedido de informes, además, recordaba que en junio, la Legislatura había aprobado por unanimidad la resolución 45/20 en la cual le pedía a la Corte un detalle pormenorizado La Resolución 45/2020 requiere un “informe pormenorizado” acerca de las identidades de los ciudadanos que estaban privados de la libertad al 1 de marzo y que la hubieren recobrado desde el 17 de ese mes hasta la c ontestación del pedido de datos. La solicitud comprende la carátula de la causa; el delito imputado y los antecedentes que los acusados tuvieran con anterioridad a la excarcelación, y el nombre del magistrado que ordenó el cese de la prisión.

En su contestación, Sbdar puntualizó que, “según los datos recabados por la Secretaría de Superintendencia de la Corte, en el período indicado se produjeron en total 235 liberaciones de detenidos: 176 de ellas corresponden al centro judicial de la capital, y 59 a los de Concepción y Monteros”.

La titular del Poder Judicial añadió que las causas de las liberaciones, según surgía de los magistrados requeridos, respondían, entre otras, al cumplimiento de condenas; el vencimiento de la prisión preventiva; el cese de la prisión por falta del pedido de prórroga por parte del Ministerio Público Fiscal; el cese de la prisión preventiva por pedido de las fiscalías; el cese de condena mediante juicio abreviado; la libertad asistida; la libertad condicional, etcétera. “Queda a vuestra disposición en esta Corte toda la documentación de respaldo para cualquier información que la Legislatura considerare necesaria”, concluyó Sbdar.

Jaldo, como Presidente de la Legislatura, expresó “el agradecimiento de este cuerpo legislativo por la colaboración y la predisposición brindada”.

El pedido de informes de la Legislatura generó una reacción de alarma en el Colegio de Abogados de la Capital, que consideró que “la intervención que ha tomado la Legislatura, pretendiendo ejercer una suerte de control sobre actos cumplidos en la órbita del Poder Judicial, en modo alguno se cuenta entre sus potestades”. El vicegobernador respondió reivindicando la potestad de la Legislatura para pedir informes y asegurando que “la división de podetes está asegurada en la provincia”.

En la misiva dirigida a Sbdar, extensiva a los otros vocales de la Corte, el vicegobernador manifestó que la actitud de la presidenta de la Corte “pone de manifiesto la transparencia y colaboración que existe entre los poderes del Estado provincial”.