Desmantelan un barrio inconcluso en Concepción

Desmantelan un barrio inconcluso en Concepción

Los miembros de 36 familias que resultaron adjudicatarias de las viviendas claman para que el Estado termine la obra y la entregue Las casas fueron sorteadas en 2017 y ese año se paró la construcción.

EN CONFLICTO. En 2020, los adjudicatarios de Concepción II reclamaron la paralización de las obras. EN CONFLICTO. En 2020, los adjudicatarios de Concepción II reclamaron la paralización de las obras. ARCHIVO / IMAGEN ILUSTRATIVA

La indignación domina a 36 adjudicatarios del barrio Concepción II, ubicado en el sector sur de la ciudad homónima. Es que las casas, del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), permanecen abandonadas desde 2017 y no logran que los trabajos, que tienen un avance del 75%, sean reanudados. Son familias sin techo propio que esperan, al límite de la desesperación, que la obra se reanude y concluya lo antes posible; les urge acceder a sus casas.

La responsable de la edificación del barrio fue, en un principio, la constructora Marán, cuyos propietarios -como se recordará- en 2018 aparecieron involucrados en irregularidades en el IPV. Tras lo ocurrido, cayeron esa y otras adjudicaciones. Ahora, según los vecinos, estaría en manos de Tecno Construcción.

Sin embargo, aseguraron, la empresa nunca apareció por el lugar. “La provincia tiene que terminar este barrio, no sólo por la urgencia que nos acosa a todos para tener nuestra propia vivienda, sino también por los perjuicios que están ocasionando ladrones y vándalos. No hay vigilantes ni nadie que proteja este lugar”, advirtió Alfredo Karamatich, uno de los adjudicatarios. Algunas de las construcciones, sumergidas prácticamente en matorrales, han sido despojadas de tanques de agua, griferías, cerámicos y artefactos eléctricos. “Nos las adjudicaron en 2017 en un sorteo que se realizó en el estadio de Concepción Fútbol Club. Fue un día de mucha alegría porque pensamos que finalmente conseguíamos nuestro techo propio. Pero hasta ahora permanecemos en la incertidumbre”, describió. Ese mismo año los trabajos se paralizaron.

“En los últimos 12 meses enviamos unas cinco cartas a la interventora del IPV, Stella Maris Córdoba. Nunca tuvimos una respuesta. En ellas le planteamos la situación de éste barrio sin terminar y la necesidad de que se evite el desmantelamiento al que hoy está siendo sometido”, expuso Carlos Reyna, otro de los damnificados.

Protesta

Los adjudicatarios protagonizaron el viernes una manifestación en el barrio contiguo al Alvear. Ahí se concentraron para exteriorizar sus reclamos.

“Aquí hay familias con niños, algunos con problemas de salud o de discapacidad, a las que les urge contar con su propia vivienda. Lo que asomaba como un sueño que se cumplía, con el tiempo se fue transformando en una pesadilla” contrastó Mónica Ence. “Algunos pagan alquileres y otros viven apretados en casas de parientes. En mi caso, necesito de una vivienda digna porque tengo un niño con problemas motrices. Esto tienen que ver las autoridades y salvar estas casas que pueden terminar destruidas por el vandalismo y el abandono” insistió la mujer.

“¿Cómo es posible que el Estado no se preocupe en solucionar el problema de éste barrio que nos mantiene con la angustia de no poder ocuparlo?”, planteó Reyna. También consideró inadmisible que el Estado haya dejado abandonado una obra que ya demandó varios millones del erario. “No tendría que ser necesario salir a la calle a hacernos escuchar quemando cubiertas o cortando el tránsito, perjudicando a tercero que nada tiene que ver con el problema, si tuviéramos funcionarios preocupados por la gente. Pero aquí nadie nos escucha desde hace tres años”, remató el hombre.

La constructora

En 2018 la constructora Marán apareció involucrada en serias irregularidades detectadas en el IPV. A causa del escándalo fueron detenidos Lucas Barrionuevo y Miguel Jimenez Augier, ex funcionarios del organismo, y Sebatian y Martín Nieva, propietarios de la empresa.

La fiscala Adriana Giannoni les imputó entonces la presunta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento y asociación Ilícita. Barrionuevo habría favorecido a Marán con contrataciones directas de obras, por un monto estimado de $ 50 millones. Se comprobó que los empresarios eran sobrinos del funcionario. Según un ex empleado de Marán, los Nieva habrían sido simple testaferros y Barrionuevo el verdadero dueño de la constructora.

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