Delitos oficiales que no se investigan

22 Ago 2020 Por Federico Türpe
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Desde el gobernador Juan Manzur para abajo, incluidos varios de sus ministros y secretarios, podrían estar acusados o presos. O como mínimo dando explicaciones frente a un tribunal.

Suponiendo que la Justicia tucumana algún día llamara a declarar a un funcionario político de alto rango.

Ciencia ficción en esta “Nepotik Republik” del norte argentino. Pero nepotismo ilustrado, no vulgar y corriente, a no confundirse, ya que ocurre en edificios que se autodenominan “palacios” y están plagados de apellidos ilustres y combinados.

El artículo 211 del Código Penal expresa que quien infunda temor público, divulgue información errónea, impulse desórdenes o incite a la violencia colectiva contra personas o instituciones, puede ser penado con dos a diez años de prisión por intimidación pública.

Es el artículo que esgrimió el propio Ministerio de Seguridad de la Provincia el 30 de julio pasado, como advertencia de que serían perseguidos y arrestados quienes difundan noticias falsas (fake news) o contribuyan a propagar la desinformación.

La del coronavirus es la primera pandemia en la era del WhatsApp.

Una peste global que llega cuando miles de millones de personas se han convertido en generadores de contenido, ya sean datos, audios, videos, imágenes o textos.

Las publicaciones falsas, anónimas, tergiversadas o sacadas de contexto se han multiplicado exponencialmente durante la plaga de la covid-19.

Una sociedad angustiada y paralizada por la incertidumbre es el caldo de cultivo perfecto para infundir temores, teorías conspirativas, tendencias de opinión que no son tales y denuncias a quemarropa sobre hechos y delitos que no existieron.

No sólo el vecino de a pie es víctima de estos ciberataques, sino los propios gobiernos, ya que les restan credibilidad, la gente pone en duda cualquier medida o anuncio, con lo que también pierden gobernabilidad y control de la situación.

Todo esto, agravado en un marco de emergencia permanente, donde se debe actuar rápido y no hay tiempo para convencer a los incrédulos, en general víctimas de la desinformación.

Así es que la Legislatura tucumana sancionó el 6 de agosto una ley que viene a reforzar el artículo 211 del Código Penal, para castigar con hasta 10 días de arresto y multas económicas de hasta un salario mínimo, vital y móvil (casi $17.000 en la actualidad) a quienes generen y difundan cualquier contenido falso. De todas maneras se estableció que, llegado el momento, será un juez de contravenciones quien dispondrá las penas.

La norma, firmada en primer término por el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, el oficialista Javier Morof, modifica la Ley N° 5.140 (contravenciones policiales) y agrega un capítulo para castigar la publicación o difusión de noticias falsas.

Morof explicó que se busca castigar a quienes se dedican “a generar zozobra y a hacer de la pandemia política sucia”.

El radical José Ricardo Ascárate votó en contra de esta ley, argumentando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley de Contravenciones de Tucumán (fallo “Núñez”).


Minuto a minuto

Esta misma semana tuvo que volver a salir el gobierno a aclarar que era falso un supuesto comunicado del Siprosa que se hizo viral.

Pero ocurre todos los días, a toda hora y, sin exagerar, a cada minuto.

Y una de las principales usinas de desinformación está fomentada, financiada y organizada por el equipo de gobierno que encabeza Manzur.

LA GACETA ha confirmado -hechos ya publicados en varias oportunidades- que en la provincia operan varias “granjas” dedicadas a generar tendencias falsas para manipular a la opinión pública, montar operaciones contra opositores, o exaltar exitosas medidas o acciones de gobierno que en realidad no son tales.

Estas “granjas”, como se les llama en la jerga de la cíber política, son equipos de personas, reales, que cobran un sueldo -que demás está decir pagamos todos los ciudadanos- para estar todo el día publicando contenidos en las redes sociales, en los foros de los medios de comunicación, y en el tan contagioso WhatsApp.

Son equipos que responden a intendentes, ministros, otros funcionarios y al propio gobernador.

Sólo en los foros de LA GACETA se han detectado más de 100 perfiles de personas reales que están abocadas a postear todo el día contra opositores, o para defender políticas oficiales o marcar tendencias de opinión irreales.

También se ha detectado una cantidad fenomenal, hablamos de cientos de cuentas, de usuarios falsos, que a medida que se descubren se van bloqueando.

El reglamento de los foros del diario, desde 2017, no permite publicaciones de cuentas anónimas o generadas desde perfiles falsos.

Es por eso que sólo quedan habilitadas las personas físicas reales, más allá de para quién trabajen o a qué intereses respondan.

El único requisito es que ese individuo exista y sea él o ella quien efectivamente opine.

Algunos miembros de la oposición también cuentan con equipos que trabajan en las redes, aunque en una escala inmensamente menor y con el atenuante de que son posteos que no emergen desde el espacio que gobierna y decide los destinos de los casi dos millones de tucumanos.


Cuando manda la censura

Además de las granjas que financia el gobierno, Tucumán es una de las pocas provincias argentinas que se niega sistemáticamente a adherir a la ley nacional de Acceso a la Información Pública (27.275), aprobada en 2016, o bien a redactar una norma propia.

Esta ley obliga a los tres poderes del Estado a transparentar todas sus acciones, presupuestos, nómina de empleados, contrataciones, estadísticas veraces, entre muchos otros datos.

Lo contradictorio, aunque no invalidante, es que el macrismo aprobó esta ley mientras comandaba uno de los mayores “call centers” de desinformación de Sudamérica.

Esta información pública, en Tucumán, está negada a los medios de comunicación y a la población en general. Dicho de otro modo, la provincia desinforma y esta censura, esta mega fake news, se promueve desde el propio Estado.

Es imposible estimar el daño que puede causar una información falsa reenviada en cadenas hasta el infinito, como por ejemplo una receta casera que cura el coronavirus, o la denuncia de un complot sobre ocultación de datos de un gobierno.

El mundo se encuentra bajo ataque de una ola de desinformación generada muchas veces por personas bien intencionadas, pero que por temor envían mensajes con información engañosa o manipulada.

Al igual que con las epidemias, con las noticias ocurre lo mismo, cuidarnos empieza por nosotros mismos.

Ahora, cuando es el propio gobierno el que organiza equipos de desinformación, ¿con qué autoridad saldrá luego a advertir que castigará estas acciones?

¿Algún fiscal, funcionario de seguridad o policía investigará las granjas oficiales que producen cataratas de fake news?

Como ya sabemos, cuando las preguntas suelen ser ingenuas las respuestas siempre serán estúpidas. Es así que optamos por no contestarlas.

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