No la trató el Senado, pero ya cuentan diputados para la reforma judicial

La reforma judicial propuesta por el presidente, Alberto Fernández, aún no sorteó el Senado -donde se descuenta su aprobación-; y sin embargo, la atención política ya está concentrada en la Cámara Baja, donde se comenzó a escudriñar cómo puede ser el voto de cada diputado porque el oficialismo no tiene asegurado el acompañamiento necesario, ni siquiera para obtener el quórum que habilite el tratamiento de la iniciativa. Se desliza que el Frente de Todos necesita el apoyo de 11 congresistas para garantizar su tratamiento. En ese marco, aparece el nombre de la tucumana Beatriz Ávila (PJS), cuyo voto puede ser clave a la hora de “contar los porotos”, como se suele decir en jerga política.

La esposa del intendente capitalino, Germán Alfaro, en la última sesión de Diputados se quejó de que el Gobierno nacional no envió “un solo peso” al municipio de San Miguel de Tucumán, ni siquiera parte de los U$S 500.000 prometidos para acometer una campaña contra la pandemia en la ciudad. La página Parlamentario.com se hizo eco de declaraciones de Ávila: “es inoportuno intentar un proyecto de ese tipo si no estamos resolviendo antes lo que piden los ciudadanos, que todavía se preguntan cuántos se van a quedar sin trabajo por efecto de la pandemia o cuántas empresas pequeñas o medianas van a cerrar”. La postura de la tucumana, que ayer optó por el silencio, puede resultar vital en cualquier votación, incluso hasta para dar inicio a la deliberación.

En el caso de los otros ocho diputados nacionales por Tucumán, los votos están más que claros, cinco a favor y tres en contra. A partir del diálogo con LA GACETA, se observa que las posturas de los nueve parlamentarios difieren centralmente en cuanto a la oportunidad del tratamiento de la reforma para la Justicia -ya que coinciden en que es necesario reformar la Justicia- con algunos matices políticos. (Ver notas aparte)

Básicamente, los opositores entienden que existen otras prioridades a la hora de acometer un debate nacional por la Justicia, mientras que los oficialistas apuntan que sólo se está dando curso a un compromiso de campaña del jefe de Estado.

Fernández, cuando presentó su propuesta el 29 de julio, sostenía que “sin Justicia independiente del poder político no hay república ni democracia; solo existe una corporación de jueces dispuestos a satisfacer el deseo del poderoso y castigar sin razón a quienes lo enfrentan. De una vez por todas digamos nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, y a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”.

El miércoles, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y de Asuntos Penales dieron dictamen, con algunas modificaciones al proyecto del Gobierno, que se trataría la semana próxima. En la ocasión, la senadora Silvia Elías de Pérez dijo que la reforma judicial “es un proyecto de intervención de la Justicia, así como intentaron hacer en Vicentin, por eso es que nos oponemos al proyecto. Esto está a contramano de lo que necesita la Justicia”.