Uno
Falta de inversión del Gobierno para dotar de más móviles a la fuerza
A lo largo de la gestión del gobernador Juan Manzur, la Policía recibió muy pocos móviles. Pese al silencio oficial -no se brindó información sobre el tema- se estima que fueron más de 40, entre camionetas y motos.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal está a punto de entregar a la fuerza otros 10 vehículos recuperados del delito, lo que se sumaría alrededor de 91, ya que hasta ahora cedieron 23 camionetas, 29 automóviles y 29 motocicletas.
Los intendentes de Aguilares, Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí y Yerba Buena, entre otros municipios, invirtieron en la compra de móviles para colaborar con la tarea de prevención, ya sea entregándoselos a las comisarías o ampliando la flota de sus vigías ciudadanos.
“Esta fue una de las consecuencias de haber tenido durante cuatro años un gobierno que no ayudó a la provincia. De a poco se irán realizando las inversiones correspondientes para apuntar la logística de la fuerza”, dijo el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura. El legislador republicano Ricardo Bussi brindó otra lectura sobre esta situación: “al PE no le importa en lo más mínimo combatir la inseguridad y bregar por la seguridad y el bienestar de la gente. Tucumán es tierra de nadie; hicieron del sálvese quien pueda una política de supervivencia. El gobierno se muestra totalmente desapegado de la realidad”, agregó.
Por su parte, el radical Ricardo Ascárate señaló: “la realidad de que el MPF haya entregado más vehículos que el PE a la Policía demuestra una baja o nula capacidad de gestión y uso de las partidas que hemos asignado en el presupuesto de la Provincia al tema que los tucumanos consideramos más grave: la inseguridad. Y esto no es una sensación, sino que es reflejada por los sondeos y las encuestas que se vienen realizando en la provincia en los últimos días”.
Dos
Hace nueve meses que no se analiza la ley de emergencia en seguridad
En noviembre pasado, la Legislatura prorrogó la Ley de Emergencia en Seguridad por dos años más. El texto de la norma establecía que se debía conformar un cuerpo integrado por ocho legisladores, dos representantes del Poder Ejecutivo y dos del Poder Judicial, y se autorizaba al vicegobernador Osvaldo Jaldo a que invite a representantes de la Justicia Federal.
Esa comisión tenía como objetivo escuchar, cada cuatro meses, un informe de situación que debería realizar el ministro de Seguridad, Claudio Maley, o la persona que designe para hacerlo, pero nunca se conformó el grupo. Dentro de 10 días se termina el octavo mes del año y hasta el momento no se produjo ningún encuentro en el que, después de conocer los índices delictivos, deberían buscarse aunar criterios para crear nuevas políticas de prevención. El oficialista Javier Morof dijo que, aunque por la pandemia se está viviendo un momento especial, “se debe normalizar de manera urgente. No se puede esperar más”. Por su parte, el republicano Horacio Vermal custionó duramente que aún no se haya realizado ni una sola reunión. “Es increíble que no haya no haya voluntad política para poner en ejecución la comisión. Los legisladores brindamos las herramientas para combatir el delito, pero es necesario que el Ministerio de Seguridad aporte operatividad”, destacó. “La emergencia es una medida que otorga atribuciones extraordinarias para el abordaje del tema y la toma de decisiones ejecutivas para combatir el delito y que permitan recuperar la seguridad y la tranquilidad pública. Por eso la participación de los legisladores es clave”, aseguró el radical Raúl Albarracín que en junio presentó una nota pidiendo la formación del cuerpo. El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, sorprendió a todos ayer cuando declaró en el programa LA GACETA Central que en el Ministerio “estaban elevando todos los informes correspondientes para que la comisión los cite a explicarlos personalmente”.
Tres
Más de 4.000 efectivos esperan nombramientos, su pase a la planta permanente y que sean ascendidos
Hace años que los efectivos de la Policía esperan novedades de Casa de Gobierno. A saber: 1.100 aspirantes que forman parte de las promociones 2018 y 2019 de los centros de formación que aún no fueron nombrados; más de 1.500 que prestan servicios como personal transitorio esperan pasar a planta permanente; y son al menos 1.400 los efectivos que están aguardando desde hace casi dos años que los asciendan. En total, son más de 4.000 hombres, lo que representa el 50% de la fuerza, que es de unos 8.000 hombres. Aunque no están en actividad, también tramitan desde hace varios meses cobrar sus jubilaciones y, en el caso de las viudas, las pensiones.
“El PE debería incorporar de forma inmediata a los aspirantes que aprobaron y cumplen las condiciones para hacerlo. La población creció y el número de efectivos no acompañó ese crecimiento. Con respecto a los ascensos, los policías que cumplieron con su deber y desarrollaron un desempeño ejemplar, deben ser ascendidos como premio a su buen trabajo”, opinó el legislador republicano Paulo Ternavasio.
El oficialista Vargas Aignasse indicó que sabía que “se estaba trabajando en este tema” y que “tenía entendido que en las próximas semanas se producirían novedades”.
El radical José Canelada dijo que a pesar de las promesas del gobernador Juan Manzur, en un decreto de junio se nombró a 200 aspirantes, pero aún queda resolver la situación de unos 1.100 agentes y suboficiales. “Esta situación no hace más que evidenciar la falta de estrategia, planificación e inversión en políticas de Seguridad. Este es un tema que sin dudas no formaba ni forma parte de las prioridades en políticas públicas del gobernador Manzur, así como la casi nula influencia en el desarrollo de las mismas por parte del ministro Maley”, opinó el parlamentario a LA GACETA.
Cuatro
En Benjamín Paz estaría la posible solución de la crisis carcelaria
La construcción de la cárcel de Benjamín Paz es uno de los estandartes de la administración de Manzur para tratar de solucionar la crisis carcelaria que asfixia a la provincia desde hace cinco años. El nuevo penal, según el proyecto oficial, tendría capacidad para 3.900 reclusos. Actualmente, unos 3.000 reos están alojados en los penales de Villa Urquiza, Concepción, el presidio de mujeres Santa Ester y en las comisarías de toda la provincia.
Para construirla, se necesita una inversión de unos U$S 200 millones. El titular del PE, acompañado por el vocal de la Corte Antonio Estofán, se reunió con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis (foto) para conseguir los fondos y comenzar con las obras. “La reunión fue mucho más auspiciosa de lo que pensábamos y en las próximas semanas creemos que podremos tener buenas noticias”, indicó Vargas Aignasse. “Mientras tanto seguimos avanzando con el proyecto de construcción de un centro de detención para 300 personas en Banda del Río Salí”.
“El sistema carcelario tucumano está desvastado. En este sentido, una nueva cárcel en Tucumán es un proyecto imprescindible. Los que delinquen deben estar en la cárcel. La gente espera esto, que la falta de un lugar institucional que los albergue no sea una excusa para que anden sueltos por la calle. Recursos hay, falta decisión política”, indicó la legisladora Sandra Orquera (FR).
Federico Masso, de Libres del Sur, opinó que se está viviendo una crisis estructural en todas las cárceles del país. “No sólo se trata de sus instalaciones, sino de la política de resocialización de los privados de su libertad. Se debe pensar un proyecto educativo que aspire a que durante su prisión el detenido/a haga un proceso que impacte cuando obtenga su libertad. Algo que hoy está lejos en los resultados, atento a los altos niveles de reincidencia. La cárcel de Benjamín Paz es necesaria y urge construirla. Debe ser una prioridad de los gobiernos nacional y provincial”, dijo en una entrevista con LA GACETA.
Cinco
La creación del código de convivencia vuelve al centro del debate
En octubre de 2018, los funcionarios del Ministerio de Seguridad anunciaron que tenían la intención de presentar un proyecto de ley para que se sancionara un Código de Convivencia para poner punto final a la polémica e inconstituciona Ley de Contravenciones.
La norma, entre otros puntos, prohibía los “trapitos”, los “limpiavidrios de los semáforos, los desórdenes en la vía pública”, entre otros detalles. En esos días, el subsecretario de Seguridad, José Ardiles, había afirmado que el proyecto era una herramienta útil porque contemplaba figuras que no eran delitos, pero que generaban conflictos entre los ciudadanos. Destacó que uno de los mayores avances que se dio con esa iniciativa era que se le quitaba el rol de juez al jefe de Policía.
Pero la iniciativa perdió estado parlamentario al renovarse la Legislatura y al no haberse tratado nunca. “En la Comisión de Seguridad no existe ningún proyecto del tema. Pero insistiremos en su tratamiento lo más rápido posible, puesto que es una herramienta muy importante tanto para la fuerza como los ciudadanos. Se la va a estudiar antes de darle forma. Están dadas todas las condiciones para hacerlo cuanto antes”, comentó Vargas Aignasse.
“Es necesario discutir y Legislar un código de convivencia que reemplace al actual sistema retrógrado contravencional que tiene un alto poder entre los mandos policiales”, opinó el legislador Masso.
El referente de Libres del Sur aseguró: “la aprobación de la creación de juzgados contravencionales en la última sesión legislativa es un paso importante para debatir pronto un código de convivencia moldeado a los tiempos que corren”.
La republicana Namida Pecci dijo que su bloque ya está trabajando en un borrador de proyecto que permita a la fuerza policial actuar efectivamente, con el debido resguardo de las garantías constitucionales.
“La discusión, el debate sincero y racional es fundamental para generar herramientas efectivas. Lo importante es que no se pierda de vista el objetivo, que en este caso es luchar contra la inseguridad. El código de convivencia o ley contravencional es una norma educadora, que debe ayudarnos a recuperar el respeto y la conciencia ciudadana y obviamente debe ser una herramienta para que los policías puedan intervenir eficazmente en la prevención de conductas que, si no se detienen tempranamente, luego pueden desencadenar en delitos”, concluyó Pecci.
