Entre el ahogo y los piratas

Los 4.000 choferes “pirata” que hay en el sur de la provincia resolvieron su crisis de coronavirus. Cuando las autoridades (la Policía, que es la única que reconocen) les exigieron que, por protocolo sanitario, no lleven a más de dos personas por viaje, sencillamente duplicaron la tarifa y los viajeros se tuvieron que arremangar. O se paga o no se viaja. Esa realidad dura y pragmática es la que padece el 40% o 50% de la población que vive en el interior, mientras que los vecinos del Gran Tucumán están atrapados en otra situación, igualmente dura, aunque mucho más compleja. El servicio de ómnibus está colapsado, funciona mal, en medio de paros y protestas, y con autoridades tan vencidas por la situación que no saben siquiera si hay salida. El caos aún no ganó totalmente porque la pandemia ha asordinado todas las crisis sectoriales.

Se puede estar peor

El riesgo de que se caiga en la precariedad de los autos pirata está latente desde hace mucho tiempo. ¿Se puede estar peor? Según la Ley de Murphy, sí. En las mismas prestaciones de servicios, cuando funcionan (ya hubo 28 días de paro y la semana que viene podría haber más) se ven diferencias de gravedad de los problemas, como es el caso de la empresa Aconquija, que hace dos semanas, cuando el transporte en general levantaba la huelga, los choferes de la línea que va a los Valles protestaban en la plaza y contaban que les debían cinco meses de sueldos. “Ya hay empresas con situación financiera muy deteriorada. Como pasó con Aconquija, seguro habrá otros paros por empresas van dejando de cumplir, hasta que la mayoría no pueda”, describe “Maxi” Villagra, de la Línea 19.

Tan problemático que no interesa

El secretario de Gobierno de la Municipalidad capitalina, Rodolfo Ocaranza, lo corrobora. Es un “combo explosivo”, dice, puesto que la ayuda de subsidios nacionales –establecida en $ 153 millones en 2018- no fue actualizada mientras iban aumentando costos y combustible, a los que se agregaban los subsidios a los viajes de estudiantes que también han sido pagados en parte por los prestadores del servicio. Los aumentos de pasaje no compensaron el desfasaje y sobre eso cayó la pandemia, que hizo entrar a las empresas en colapso. Consultado en LG Play por el sondeo de nuestro diario, en el que la mayoría de los lectores opinaba que había que quitarles la concesión a las empresas, el secretario Ocaranza tuvo una respuesta esclarecedora y lapidaria: “¿de qué me sirve que le quite la concesión a una empresa si no voy a tener interesados en operar el servicio?”

De hecho, de las 54 empresas que circulan en la provincia, 45 no tienen concesión, sino que funcionan con concesiones prorrogadas más allá de todos los plazos; lo mismo pasa con el 50% de las 14 líneas que circulan por San Miguel de Tucumán.

Y como según la Ley de Murphy siempre se puede estar peor, esta semana el Gobierno nacional propuso una ampliación de presupuesto en la que se aumentan $ 25.300 millones los subsidios para Buenos Aires y la Capital Federal (que ya reciben casi la totalidad de la torta) y dejó que las provincias dependan de decisiones de los gobiernos locales para constituir un fondo fiduciario y endeudarse para entregar sumas al sistema de transporte. Se lo dijo el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, a los diputados, ante una pregunta del tucumano José Cano. Ayer el diario La Voz tituló: “Transporte: en lugar de subsidios, Nación propone préstamos “, lo cual da a entender cuánto más podría agravarse la situación.

A pura comisión de estudio

Ahora, en el Concejo Deliberante capitalino se ha propuesto crear una comisión de estudio de la crisis del transporte –propuestas similares hay en la Legislatura- como si al asumir el año pasado no se hubiera sabido que el sistema agonizaba. Ya 2019 había sido un año con tremendos paros y constantes reclamos por los problemas de los subsidios y de los pésimos servicios que se brindaban. Hubo una gran promesa de la anterior composición de la Legislatura de que se iba a hacer una comisión para estudiar a fondo el asunto. Incumplida.

Ahora vamos por más comisiones, pero no se observa que las autoridades estén reclamando con fuerza ante el Gobierno nacional, desde que el Presidente aseveró hace un mes y medio en Tucumán que no se iba a dar más de lo que se había dado, y de que el secretario de Transportes nacional, Mario Meoni, manifestara que se iba a estudiar la cuestión a partir de enero de 2021. Con ello estaba diciendo que se vendría el diluvio y que habría que mojarse. Ni el gobernador, ni el intendente están reclamando siquiera por el atraso de los $ 153 millones que la Nación debía entregar el mes pasado, que fue la causa del último paro.

El secretario provincial de Transporte, Benjamín Nieva, dice que espera que los legisladores nacionales tucumanos intervengan con fuerza en esta ampliación de presupuesto. “Si no se discute, creo que la Nación va a seguir con el criterio de antes”, opina. Nieva considera que la Ley de Transporte provincial 6.210 es vetusta, que hay que discutir nuevas ideas aunque –añade- a él no lo citaron de la comisión de Transporte de la Legislatura para que haga su aporte.

El “boleto cero” gratuito de Estonia

El asunto central son los recursos. El ingeniero Pedro Katz, especialista en educación vial, transporte y accidentología, propone que la sociedad dé vuelta la cabeza y trate el transporte urbano como un servicio público al estilo de la electricidad, el agua y el gas. Que se pague una tasa y que con eso se sustente un “boleto cero”. Gratis. Que haya líneas circulares que abarquen los barrios, con estaciones de transferencia. ¿Idea descabellada? Dice que se aplica en Estonia y en otras partes, y que el gasto de sostener el servicio estatal se compensa en la merma de gastos en accidentes.

“Mucho se habló de repensar el servicio público. Hay que tomarlo con seriedad. Se habla de Luxemburgo, del modelo salteño, del de Bogotá o el de Mendoza. Hay que tener mucho cuidado. Todo depende de las jurisdicciones, de la idiosincracia de cada área. Pasa por repensar la actividad y los recursos con que se cuenta”, explica Nieva, que opina que el modelo de Mendoza, con ómnibus eléctricos, es atractivo por la sustentabilidad ambiental, y describe que el modelo de Luxemburgo es gratuito, con la idea de bajar el costo de accidentes.

Hoy en Tucumán se está empezando a examinar cómo funciona el modelo salteño. Hay muchos otros... y también la realidad del interior tucumano ha mostrado el modelo del sálvese quien pueda, que es el de los autos pirata. En opinión de Villagra, cualquier salida a la que se llegue va a requerir más dinero por parte del Estado, y esa es una de las razones más fuertes por las que se ha llegado a esta ruta de caos y protesta sin que se enfrente el problema de fondo.