Las muertes anunciadas

11 Jul 2020 Por Roberto Delgado
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Cuánta desidia y abandono se esconden detrás del crimen de la pequeña Érica. Funcionarios que deslindan responsabilidades mientras explican lo inexplicable, funcionarios judiciales que se escudan en el silencio y otros que anuncian investigaciones que deberían haber comenzado el mismo viernes 3, día de la tragedia. ¿Por qué? Porque los mismos funcionarios reconocen que estaban siguiendo de cerca el caso, que habían sugerido que la niña no podía seguir con esos abuelos maltratadores y que habían pedido reacciones del juez (Víctor Raúl Carlos), sin explicar por qué no sacaron ellos mismos a la criatura de las manos infernales, en principio, de su abuelastra.

Érica era de esas personas invisibles para la sociedad. Nacida en medio de la más espantosa pobreza, vivía en una de las casillas precarias surgidas por calle Catamarca al 1.200; dormía en un piso de tierra y estaba al cuidado de su abuelo porque su madre, adicta, no podía hacerse cargo de ella. Pero el abuelo –y la abuelastra- tenían antecedentes de violencia y la mandaban, junto con sus hermanitas, a mendigar. Invisible para la sociedad, como señaló hace un año, a propósito de las criaturas abandonadas, Roxana Contreras, la abogada tucumana que era candidata a defensora nacional del Niño. Decía que a menudo se encontró con funcionarios que se reunían a debatir sobre los derechos de los niños, pero luego salían a la calle y ni miraban a los chicos abandonados que se les cruzaban por el camino. “La apatía es generalizada”, explicaba.


Normas sin castigo

En este contexto se dio la tragedia de Érica. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) tenía bastante seguimiento de la pequeña víctima desde que la habían sacado de la Sala Cuna hace un año y la habían entregado al abuelo. “Siempre se trabaja con un equipo de profesionales altamente calificados que velan por el cuidado de los NNA (niños, niñas y adolescentes), pero lamentablemente estamos ante una tragedia que ocurrió de un momento a otro. El hecho de violencia era nuevo para lo que veníamos tratando en el caso de esta familia”, dijo Mariana Cirelli, titular del área. ¿No habían podido medir lo que sucedía a causa de la pandemia? Tal vez se pueda saber si surge de esta tragedia una investigación fuerte, más allá de la pesquisa de la fiscala Adriana Giannoni, que busca las responsabilidades en el asesinato y tal vez acuse a los funcionarios.

Hay normas que deberían haber servido para pre venir. La Ley 6.518, de información de malos tratos a niños, de 1993, que se aplica cuando los médicos o los vecinos denuncian agresiones a criaturas. Se protege al denunciante. Lo que no se aplica de esa norma es el artículo 5°, que dice que si el funcionario incumple su obligación, el Ministerio Público Fiscal debe determinar si corresponde aplicar el artículo 248 del Código Penal, que pena con un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo al funcionario. Otra ley provincial, la 7.029, indica quiénes son responsables de sostener un régimen de protección y asistencia a la víctima de violencia familiar, aunque no establece sanciones para los funcionarios que incumplen. O la Ley 8.293, de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que en su artículo 50 apenas esboza que en caso de incumplimiento, “la autoridad local de aplicación promoverá ante los organismos competentes, la implementación de las medidas que correspondan”. Lo mismo pasa con las leyes de asistencia a víctimas de delitos y de protección de testigos, dice Alberto Lebbos, que desde hace 14 años pelea contra la indiferencia y la impunidad del Estado ante el crimen de su hija. A él le concedieron durante el juicio en 2019 que se aplicara la Ley Nacional 27.372, de asistencia a las víctimas de delitos. “En mi caso me dieron derecho a hablar en el juicio al final de los alegatos, derecho a la querella a acceder a los expedientes. También hay derechos a recibir asistencia psicológica, jurídica y hasta económica. Pero todo depende de la voluntad de los operadores judiciales. Pocos están capacitados sobre la ley”, explica Lebbos.


El caso Maira Sarmiento

Volviendo a la tragedia de Érica, ese abandono de los funcionarios se repite por cientos en los casos de violencia doméstica. “Desde hace 10 o 15 años se está concientizando o trabajando para que no pase eso, ese círculo de rebote que tiene la mujer que sufre violencia, que la rechazan en la comisaría y en la justicia y eso genera más violencia, porque vuelve al hogar del golpeador”, dice el juez Pedro Roldán Vázquez. Y aunque en los últimos tiempos se han anunciado cambios para que se puedan hacer las denuncias y se actúe con rapidez, no se conoce de sanciones o de cambios en los casos notorios de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Uno muy reciente ha sido el Maira Alejandra Sarmiento, que fue asesinada el viernes 3 de abril por su ex pareja, pese a que el domingo 29 de marzo había tratado de hacer la denuncia en las comisarías de El Colmenar y de Villa Mariano Moreno, y el lunes 30 en la comisaría de la Mujer, y la habían rebotado. La denuncia por fin llegó a tribunales el miércoles 1 y el operador judicial de la oficina de Detección Temprana -no se sabe quién es- la hizo llegar dos días después al fiscal de Violencia de Género, Ignacio López Bustos. Cuando este ordenó una medida de protección ese viernes, hacía dos horas que Maira había sido asesinada. No se sabe que la fiscala Mariana Rivadeneira, que debía investigar a los responsables de la omisión de la denuncia, haya pedido sanciones. Tampoco que el jefe de Policía, Manuel Bernachi, haya hecho avanzar el sumario administrativo a los policías de Villa Mariano Moreno, El Colmenar y la comisaría de la Mujer. Si no se hace nada en este tiempo en que está más visibilizada la situación de la mujer, cabe imaginarse lo que fue la tragedia de Claudia Lizárraga, la señora asesinada en 2016 en Barrio Jardín, después de 19 años de denuncias contra su ex marido, Víctor Hugo Argañaraz.


Omisiones judiciales

Roldán Vázquez dice que siempre ha sido raro que el Estado persiga al funcionario que actúa mal o que omite cumplir con su deber. Recuerda que el año pasado él descubrió en la cárcel de Villa Urquiza que estaban castigando a un preso que había denunciado que guardias vendían droga. Él había ordenado que lo trasladasen a la seccional 1ª para proteger su vida y el comisario responsable no lo hizo. “‘Lo que pasa es que tengo muchas funciones y no he advertido’, me dijo”, cuenta Roldán Vázquez. El juez lo multó con $ 35.000, que el comisario pagó, y pidió que un fiscal investigase al policía para saber por qué no le había obedecido y para determinar si había recibido una orden de alguien, puesto que se trataba de un caso de venta de drogas en el penal. “No supe que se haya hecho esa pesquisa”, dice el magistrado.

También cuenta que, en el caso del adolescente Tomás Caride, baleado por el vecino de Villa Luján Rubén Marcelo Camisay en 2012 (lo dejó parapléjico), en la condena se mencionó que el comisario Sergio Alejandro Nieto, de la seccional 7ª, había omitido hacerle el dermotest a Camisay. “En el fallo se ordenó que se investigue al comisario y nada se hizo”, relata.

En la visión de Roldán Vázquez, todas estas fallas no investigadas (presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público) “son resabios del sistema inquisitivo que hemos heredado. Hay una cultura formada en la práctica de un sistema que concibe a la Justicia no como un servicio de solución de conflictos, sino como un mecanismo para el interés del gobierno para mantener la paz social”. Por ello no se sanciona a los policías que incumplen.

Otro capítulo sería el de los funcionarios que, además, encubren y alteran las escenas de los hechos para proteger a los que cometen irregularidades o delitos. Roldán Vázquez cuenta muchos ejemplos. Lebbos sólo necesitaría relatar la extensa pesquisa por el crimen de su hija Paulina.


“Compendio del desastre”

De regreso otra vez a Érica -que es la víctima 73 de homicidio en esta violenta provincia- hay una realidad dramática del abandono de las personas expulsadas del sistema. Los funcionarios de niñez y familia estimaban hace tres años (LA GACETA, 31/01/17)había 325 niños en las calles capitalinas. ¿Cuántos son en el actual contexto de explosión de la pobreza?

Estamos llenos de leyes de protección. De estudios como el que hizo Unicef junto con la Provincia en 2016, cuando se planteó el monitoreo y la evaluación de las herramientas para la planificación de políticas públicas, con objetivos hasta 2020, que, por cierto, no se han cumplido. Hasta el estatuto del empleado público (Ley 5.473) podría aplicarse, opina Lebbos, quien advierte que en el caso Érica hay una responsabilidad grave del Ministerio Público Fiscal, que encabeza Edmundo Jiménez, “que debería haber actuado de oficio”.

Es que imperan la apatía y la indiferencia, como destacó la abogada Contreras. Por cierto, en Tucumán no hay un abogado del Niño, y el proyecto para crearlo que está lleno de problemas, descansa en la Legislatura. “El caso Érica es un compendio del desastre donde vivimos”, dice Lebbos. “Todos los días son vulnerados los derechos de la gente, sistemáticamente”. Y además –agrega- “era una niña pobre. ¿Quién va hacer justicia por esa pobre criatura?”

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