Claves en el largo naufragio de la seguridad

18 Jul 2020 Por Roberto Delgado
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A tres semanas del asesinato del productor rural José “Pepe” Porcel, a dos de la muerte de la pequeña Érica y a una de la noticia de que Tucumán tiene la tasa más alta de femicidios del país, el crimen del sacerdote Oscar Juárez, de la parroquia de San Martín de Porres, hizo temblar nuevamente la estructura del Ministerio de Seguridad. Eso, más el lado oscuro de esa estructura, que es el comportamiento policial. Nadie puede explicar qué ocurre, pero las muertes del trabajador rural Luis Espinoza, del presunto ladrón Walter Nadal, a manos de policías, y la denuncia del abogado Enrique Courtade, que dice que recibió una paliza del comisario de Concepción, Arnaldo Villafañe, y de otros agentes, contribuyen al descrédito de la fuerza. Esto no es nuevo, sino que la desconfianza en la forma de trabajo policial es una constante casi estructural, que ningún funcionario ni jefe policial ha podido revertir. Hace siete años, ante un informe del Gobierno que decía que el 911 había hecho descender un 18% las cifras de delitos, el 95% de los consultados en un sondeo de LA GACETA respondieron que no creían en esas cifras (LA GACETA, 09/11/13). ¿A qué se debe el largo naufragio del barco de la seguridad? Las explicaciones son varias.


Frustrada lucha contra el delito callejero

El motoarrebato, convertido en la plaga de las ciudades de este tiempo, ha crecido hasta niveles inquietantes, a tal punto que cualquiera puede dar fe de una historia dura personal, familiar o vivida por gente que conoce. Los intentos por enfrentar el flagelo han sido una crónica del fracaso, compartida, por cierto, con otras provincias. La ley para detener in fraganti a motochorros, “rompevidrios” y escruchantes, de hace tres años, es un ejemplo. Hoy los tucumanos no saben si se aplica, si tiene sentido y si tendrá alguna efectividad la nueva Ley Antimotochorros, que ha sido denunciada por los motociclistas porque limita la circulación de dos personas en moto. Primera indecisión: no se ha estudiado a fondo ni se ha debatido con la sociedad civil qué se debe hacer.


Inquietantes cifras de homicidios

Ya el año pasado Tucumán había ocupado un nivel preocupante entre las provincias por estar en segundo lugar, detrás de Santa Fe, en la proporción de asesinatos cada 100.000 habitantes. Los 142 homicidios de 2019 marcaron una cifra terrible y en lo que va de 2020 ya hay 80 crímenes mortales, lo cual hace presumir que este año será espantoso. Esta cantidad se da en la especial circunstancia de la cuarentena, que dio lugar a una baja de la actividad delictiva, excepto los peores crímenes de sangre. Segunda indecisión: no está claro qué se debe hacer. Gran parte de la Policía y también de la Justicia consideran que su trabajo debe concentrarse en los llamados homicidios en ocasión de robo (una cuarta parte de los 80 de este año) y que los otros hechos de sangre, debidos a riñas o problemas entre familias o conocidos, muchos de los cuales ocurren en el interior de los hogares, no se pueden prevenir. ¿Dónde entraría, en este esquema, el asesinato del padre Juárez? Un fiscal dijo hace cuatro años que no se podía poner un policía en cada casa. Segunda indecisión: no se ha estudiado las causas de la violencia ni su ocurrencia, a pesar de que se asegura tener los mapas de delito.


Crece la violencia de género

Ya no se trata solamente de un problema generalizado en el país, sino que Tucumán, junto con Salta, Catamarca y Misiones, encabeza la tasa de femicidios. Los 11 en lo que va del año igualan a los de todo 2019. Las respuestas han sido, hasta ahora, agilizar las posibilidades de denuncia y poner más atención en el funcionamiento de las áreas creadas, como secretarías, comisarías, fiscalías y observatorios. Y se habla de incipiente capacitación de los agentes estatales, como la que se ha comenzado a dar con la ley Micaela. El informe sobre femicidios ha llevado a la conclusión de que no se sabe qué pasa, como reconoció esta semana la secretaria de la Mujer, María del Carmen Carrillo. Tercera indecisión: no se han profundizado los estudios para saber qué hacer, a pesar de la presión que han ejercido las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer.


Indecisión sobre las reformas

Desde hace tiempo se anuncian cambios en la ley Orgánica de la Policía (que ya tiene 50 años); en el servicio adicional de la Policía (fuente de corrupción) y en la inconstitucional ley de Contravenciones (hay una propuesta norma de convivencia nunca debatida). En el medio se hacen anuncios sobre Asuntos Internos pero nunca se termina de implementar esa oficina de control de corrupción y abusos policiales. También se hacen anuncios para enfrentar la crisis carcelaria, hecha, por un lado, de sobresaturación de cárceles y comisarías con constantes detenciones, y por el otro de denuncias de corrupción, malos tratos y venta de drogas. A cinco años del hábeas corpus para investigar las condiciones carcelarias, el informe de la Comisión Nacional contra la Tortura, conocido esta semana, ha sido lapidario. Imposibilitado de hablar del viejo proyecto de crear una cárcel para 3.000 personas en Benjamín Paz, el Gobierno ahora promete una penitenciaría para 400 reclusos en Banda del Río Salí. Cuarta indecisión: no se sabe qué hacer con los presos y detenidos, mientras en la sociedad atormentada por la inseguridad impera el discurso de que a los detenidos los liberan para que sigan delinquiendo.


Frustrada lucha contra el narcotráfico

Del crecimiento del narcotráfico se debate desde hace dos décadas. En los últimos cinco años, el discurso de combate frontal del gobierno macrista caló hondo pero, a pesar de las altas cifras de decomisos, el flujo de droga siguió creciendo hasta el punto de que se considera que los “quioscos” para el narcomenudeo están reinando ya en los barrios vulnerables y en otros como Villa 9 de Julio y Manantial Sur. En Tucumán hay una ley para provincializar la lucha contra el narcomenudeo que ha sido mal debatida y aprobada de apuro (surgida de la idea de que la droga es la raíz de todos los males), que quedó postergada hasta septiembre. Quinta indecisión: no se ha debatido a fondo este asunto y las decisiones que se tomen seguirán siendo de apuro.


Dudas sobre la prevención

Una clásica explicación policial para la inseguridad es que, por falta de policías, no se puede cubrir todo y los delincuentes atacan allá donde no hay custodia. Pero la lógica de este argumento –que sólo sirve para justificar el pedido de más personal, más armas y más equipos- no está justificada por datos estadísticos. Muestra que se hacen planes a partir de intuiciones o sapiencia de comisarios pero no de datos concretos, a pesar de que dicen contar con mapas del delito. De hecho, el programa de cuadrantes para la capital, sustentado en estos supuestos mapas, no se ha aplicado, con la excusa de la pandemia. Los escándalos por la mala recepción de denuncias –como el no resuelto femicidio de Maira Alejandra Sarmiento (en lo que hace a la denuncia no recibida)- son prueba de que no es que los delincuentes estudien el movimiento policial, sino que no se sabe qué pasa. ¿Es posible saberlo? Habría que ver qué dicen las cifras de los mismos sondeos que dicen hacer las autoridades. Cada hecho conmocionante, como el de Porcel o el del padre Juárez, moviliza recursos para tapar las carencias de seguridad en el momento, y se deja a oscuras otras áreas. Sexta indecisión: no se sabe qué orientación debería tener la policía para dar seguridad y pacificar.


Indecisión sobre la política a seguir

En este marco, el multigolpeado ministro de Seguridad Ciudadana, Claudio Maley, no considera los pedidos de renuncia de la oposición (dice que es decisión del Gobernador) y pide a los críticos que aporten ideas. Reclama que la inseguridad no es sólo de su Ministerio, critica hasta las manifestaciones públicas y reclama trabajo en equipo. Problema: en los últimos cuatro años, en el marco de la Comisión legislativa de Emergencia en Seguridad, se comenzó a debatir los problemas del área más conflictiva de los gobiernos tucumanos y se habló de todo; incluso se propusieron normas, pero en cuatro años no se pudo llegar siquiera a diagnósticos concretos. La última indecisión sería definir qué es trabajo en equipo en un barco que arrastra un largo naufragio en seguridad, sin terminar de hundirse.

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