Quieren adaptar el modelo salteño al transporte provincial

Con los colectivos en las calles, concejales y legisladores trabajan para reformular el transporte público.

30 Jul 2020
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EN CRISIS. El servicio está en estudio para salvar los conflictos. la gaceta / foto de inés quinteros orio

A pesar de la promesa del Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, de que en enero se modificará el sistema de subsidios nacionales al transporte público para superar las inequidades actuales entre las firmas de las provincias y las porteñas, la discusión por la ampliación del Presupuesto 2020 generó despertó dudas: la ampliación de $ 1,8 billones que remitió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso contempla también aumentar los subsidios al transporte público, pero sólo para los servicios de la ciudad de Buenos Aires.

Este año, el esquema establece que el 82% de los aportes nacionales se destinan a las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, ciudad de Buenos Aires y más de 30 municipios del conurbano bonaerense). El resto se divide entre las firmas de todas las provincias. Además, mientras que durante el macrismo se eliminaron los subsidios nacionales al combustible (las firmas pasaron de pagar el gasoil de $ 10 el litro a $ 62), en AMBA la Nación mantiene un cupo de combustible subsidiado.

Ante este escenario, comenzaron a elaborarse propuestas alternativas para que en la provincia el transporte público deje de ser un dolor de cabeza para las más de 300.000 personas que lo utilizan para trasladarse cada día. Este año, hasta ahora, el conflicto por la mora en el pago de sueldos derivó en 28 días y medio de paro.


Propuesta del Concejo

En el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán los ediles estudian el sistema salteño para adaptarlo a la provincia.

“Mantuve distintas reuniones y conversaciones con Claudio Mohr -titular de Sociedad Anónima del Estado del Transporte Automotor, Saeta-; con Antonio Marocco, vicegobernador de Salta porque buscamos desde el Concejo dar forma a una propuesta de adaptar el modelo de Saeta a la provincia, con algunos aditamentos a la realidad tucumana”, explicó Fernando Juri, presidente del cuerpo vecinal. En los próximos días se reunirá con los empresarios tucumanos y con la cúpula del sindicato de choferes para ultimar detalles y proponer formalmente un proyecto de estatización del servicio.

“Como en Salta, buscamos crear una sociedad anónima del Estado, sin participación privada. El directorio salteño está formado por tres miembros del Ejecutivo, uno por la capital y otro por UTA. No hay participación privada. La idea es que las empresas tengan la figura de subconcesionarios y que el Estado les pague por kilómetro recorrido. El Estado se hace cargo del pago de sueldos, aunque los empleados siguen perteneciendo a la empresa y están agremiados a UTA”, brindó más detalles Juri. Y agregó: “no creo que sea la única alternativa para solucionar de fondo el sistema de transporte público, pero es la que acercaremos como Concejo. No es tiempo de buscar culpables sino soluciones. El sistema de transporte público ahora no sirve, los usuarios se ven constantemente perjudicados, queremos una solución de fondo para que se termine con la conflictividad. Luego legisladores, intendentes, gobernadores, concejales, empresarios y gremialistas definirán qué solución adoptar entre las distintas propuestas”.


En la Legislatura

Más de una veintena de proyectos de ley y de resolución se han presentado este año en la Legislatura que ponen el foco en mejorar el transporte público. Entre ellos, Fuerza Republicana presentó un expediente que propone crear una comisión especial para estudiar la situación de crisis del transporte público.

Entre los objetivos del proyecto, esa comisión estudiará los montos totales en subsidios provinciales y nacionales, analizar el destino de fondos, las condiciones de cada servicio y el cumplimiento de los recorridos. Deberá también realizar un estudio de costos del servicio urbano e interurbano de pasajeros para actualizar el valor real del transporte.

“La crisis del transporte ha llevado a que el servicio sea ineficiente e insostenible”, explicó Sandra Orquera, vicepresidenta segunda de la Cámara y una de las firmantes del proyecto.

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